La Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa suspendió provisionalmente la inhabilitación por 10 años que le impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP)
por “falta de veracidad en la declaración patrimonial”.
Con la decisión se evita que la inhabilitación de la exfuncionaria federal sea registrado por 10 años en el Sistema de Servidores Públicos Sancionados o para que la elimine, en caso de que ya la haya efectuado.
Rosana Edith de la Peña Adame, magistrada instructora, sostuvo que con la inscripción de la sanción “se perjudicaría el derecho de imagen del solicitante, en el ámbito personal y profesional, creando con ello un perjuicio de difícil reparación”.
De la Peña Adame otorgó un plazo de 48 horas, contadas a partir del día siguiente de que surta efectos la notificación, para que la Secretaría de la Función Pública rinda el informe sobre los hechos que se le imputan. La dependencia fue apercibida que de no hacerlo, los mismos se tendrán por ciertos.
