La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia ha tomado una decisión sin precedentes al declarar al río Cauca como víctima del conflicto armado interno que asoló al país durante décadas.
Esta histórica resolución pone de relieve los graves daños que el conflicto ha causado al medio ambiente y marca un importante paso hacia la justicia y la protección del entorno natural.
Según un comunicado emitido por la JEP, entre los años 2000 y 2004, el río Cauca fue utilizado como una fosa común por grupos paramilitares, en la que se ocultaron los cuerpos de más de mil.
Además, estas organizaciones armadas contaminaban de forma sistemática el afluente con químicos provenientes de la producción de sustancias ilícitas, así como con mercurio utilizado en la minería ilegal, según reportes de medios locales.
Estas prácticas no solo afectaron la vida de la población local, sino que también causaron un grave impacto en el medio ambiente y en otras especies.
La Sala de Reconocimiento de la JEP reveló que estas acciones eran llevadas a cabo de manera sistemática y contaban con el permiso de la fuerza pública, lo que demuestra la complejidad y gravedad de los crímenes cometidos.
Grupos paramilitares
La autoridad señaló que los grupos paramilitares utilizaban puentes que cruzaban el río para deshacerse de los cuerpos de sus víctimas; lo que generó un ambiente de miedo y peligro para la comunidad, que se alejó completamente de las orillas del río.
Según comunidades afrocolombianas de las áreas afectadas, el extinto Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia habría arrojado al río más de mil 800 cadáveres.
El magistrado Raúl Sánchez citó informes que detallan las atrocidades cometidas por estos grupos armados, incluyendo el abandono de cuerpos a la intemperie para que fueran devorados por aves carroñeras.
Otra práctica desgarradora era abrir el vientre de las víctimas antes de lanzarlos al río para asegurarse de que nunca fueran encontrados.
Durante el proceso judicial, la JEP escuchó los testimonios de varios líderes del Bloque Calima, quienes revelaron las alianzas de estos grupos con miembros de la fuerza pública para ocultar sus crímenes.
La complicidad de algunos agentes de la Policía en la desaparición de personas fue corroborada por las confesiones de excomandantes citados por medios locales.
La determinación de la JEP sobre el río Cauca surge a raíz de una demanda presentada por varios Consejos Comunitarios del municipio de Buenos Aires, en el departamento de Cauca, que denunciaron los maltratos y victimización que sufrieron tanto el río como los miembros de sus comunidades a manos de los paramilitares. DJ
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