Redacción ejecentral
En 119 centros de detención en Tamaulipas persisten factores de riesgo en materia de tortura o maltrato, reporta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
La CNDH a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura emitió dos informes de seguimiento como resultado de sus visitas de octubre pasado al estado de Tamaulipas, por el incumplimiento de acciones para modificar y prevenir actos de tortura en lugares de detención.
En dichos lugares se constató que de 232 situaciones observadas de manera inicial 91 ya no presentan riesgo, 22 presentan avances encaminados a su atención y 119 aún presentan factores de riesgo en materia de tortura o maltrato.
Además de las visitas de seguimiento, el personal del mecanismo amplió la supervisión de los lugares de detención a dos agencias del Ministerio Público del estado y detectaron 14 situaciones de riesgo.
El organismo detalló que entre las deficiencias observadas están la falta de una partida presupuestal para alimentación de las personas detenidas, carencia de reglamento interno y manual de procedimientos y de personal médico para cubrir el turno nocturno y fines de semana.
Carecen de servicios de psiquiatría, ginecología y pediatría para los hijos de las internas y en la sección femenil hace falta un área de ingreso, observación y clasificación, médica, protección, locutorios, biblioteca, talleres, visita íntima y cocina.
Tampoco cuentan con modificaciones y adaptaciones para facilitar la accesibilidad de las personas con discapacidad física, un área exclusiva para mujeres y separación entre procesados y sentenciados.
Y al personal médico le hace falta recibir capacitación sobre la elaboración de los certificados de integridad física, de acuerdo con el Protocolo de Estambul, agregó.
La CNDH precisó que su personal realizó visitas de inspección en 30 lugares de detención de la Procuraduría de Justicia, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y las secretarías de Seguridad Pública y de Salud estatales y verificaron además ocho centros en los municipios Altamira, Matamoros, Reynosa, Tampico y Victoria.
De ellos cinco están destinados a la aplicación de sanciones administrativas de arresto, un albergue temporal y dos casas hogares: una para menores de edad y otra para adultos mayores.
Durante las visitas valoraron las condiciones de estancia para analizar y evaluar su correspondencia con los derechos fundamentales, el trato humano y digno, la legalidad, la seguridad jurídica, la protección de la salud y la integridad personal. EC
