Revocación avanza sin cambios hasta 31 de enero
El INE decidió agotar el plazo que tiene la Secretaría de Hacienda para notificarle si les ampliará el presupuesto o no, por lo que será en febrero cuando los consejeros determinen la estrategia legal si se confirma la negativa del gobierno o en qué condiciones organizarán la consulta pública
Durante los próximos 11 días, el Instituto Nacional Electoral (INE) continuará con la organización del proceso de revocación de mandato con los recursos disponibles que suman aproximadamente mil 500 millones de pesos, hasta que la Secretaría de Hacienda (SHCP) les responda en torno a la solicitud de ampliación presupuestal.
Luego de que el organismo aprobara el primer requisito para poder llevar a cabo la consulta pública, al alcanzarse el 3% de las firmas correspondientes al listado nominal, la Junta General Directiva instruyó continuar con las labores de organización del proceso conforme al calendario previamente autorizado.
Sin embargo, estas tareas se realizarán hasta el próximo 31 de enero, fecha límite que estableció el Instituto para recibir la respuesta por parte de la Secretaría de Hacienda, sobre la solicitud de ampliación presupuestal de mil 738 millones de pesos, que requieren para cubrir los gastos para la consulta pública.
Este complemento presupuestal permitiría, ha dicho el INE, la instalación de 161 mil casillas electorales durante el proceso de revocación de mandato el próximo 10 de abril, en tan sólo 80 días.
El informe aprobado también determina que las distintas áreas del órgano electoral podrán proponer ajustes en la organización del ejercicio ciudadano, previa solicitud de la dirección Ejecutiva de Administración.
“Se instruye a las direcciones ejecutivas y unidades técnicas del instituto que, en el ámbito de sus atribuciones, continúen con todas las actividades inherentes al proceso de revocación de mandato… hasta en tanto se cuente con la determinación de la SHCP”, detalla el informe.
Y añade: “Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, en caso de que las direcciones ejecutivas o unidades técnicas del instituto requieran de la creación o modificación de proyectos específicos para la mejor concreción de la revocación de mandato, sea por conducto de la Dirección Ejecutiva de Administración con la aprobación de la Junta General Ejecutiva”.
El informe que fue aprobado establece además que “conforme a la disponibilidad presupuestaria, que se realicen las gestiones administrativas y movimientos presupuestales correspondientes”.
El INE está obligado a continuar con la organización de la consulta pública, en tanto le notifica de manera oficial Hacienda si le concederá los recursos extraordinarios o no. Una vez que la autoridad le responda, el organismo electoral tiene a su alcance otros recursos legales si, como se prevé, Hacienda le niega los recursos. Por ahora, el Instituto no ha definido la estrategia que seguirá para cumplir legalmente con la revocación.
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