El pasado 16 de septiembre, el Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), hizo pública la orden procesal No. 7 en donde resolvió que son procedentes las solicitudes de Vulcan Materials Company, propietaria de la cantera Sac-Tun (antes Calica), para detener los ataques del gobierno en las conferencias presidenciales e incluir reclamos adicionales derivados del cierre de operaciones del predio conocido como La Rosita, ubicado en Playa del Carmen, Quintana Roo.
De acuerdo con esta resolución el gobierno de México y el presidente Andrés Manuel López Obrador deberán abstenerse de continuar realizando ataques públicos en contra de la compañía estadounidense, pues en opinión del Tribunal Internacional esto agrava o extiende el diferendo entre las partes.
Conforme al derecho internacional, las medidas provisionales o cautelares pueden ser recomendadas por un tribunal, a fin de preservar los derechos de ambas partes en medio del litigio.
A diferencia del reclamo que hizo María Luisa Albores, titular de la Semarnat, ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, las resoluciones del CIADI son obligatorias para las partes, toda vez que se trata de una instancia internacional dedicada a resolver conflictos relativos a inversiones extranjeras incluidas en los tratados comerciales, como en este caso el TLCAN.
Foto: Cuartoscuro
En esta misma resolución el tribunal también consideró aceptable la petición de Vulcan para incluir un reclamo adicional al expediente original de 2018. Este reclamo tiene que ver con el cierre ilegal de operaciones del predio La Rosita por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en mayo de este año, por supuestas afectaciones al medio ambiente.
La inclusión de este reclamo en el proceso de arbitraje se suma a los reclamos presentados en el expediente que inició en el 2018, en virtud de las acciones tomadas por el gobierno de México en torno a los predios La Adelita y el Corchalito.
Cabe señalar, que el presidente López Obrador ha realizado desde enero a la fecha 26 señalamientos públicos en contra de la compañía para impedir que continúe con su actividad extractiva en la zona, a pesar de que el 25 por ciento del material que se obtenía de la cantera servía para la construcción local en Quintana Roo y el 75% restante se comercializaba en el sur de Estados Unidos.
El 20 de abril, en una de las mañaneras, el presidente López Obrador planteó tres posibilidades para resolver el conflicto con Vulcan y Calica. La primer opción es pelear el arbitraje internacional con el apoyo de la ONU, a pesar de que no tiene competencia en un diferendo de inversión extranjera. La segunda opción un acuerdo con la empresa para convertir la cantera y sus terrenos en un parque ecoturístico incluyendo el puerto de Punta Venado para la llegada de cruceros y ferries, y tercera la posibilidad de que México, a través de la Secretaría de Hacienda, compre los tres terrenos más el puerto marítimo.
La localización de los cuatro predios propiedad de Vulcan Materials es estratégica para la construcción del tramo 5 del Tren Maya que va de Playa del Camen a Tulum.
Finalmente, en opinión de expertos jurídicos en materia de arbitraje internacional, la resolución emitida el 11 de julio y publicada el 16 de septiembre, apunta a que el veredicto del arbitraje beneficiará a Vulcan y Calica, con lo cual el gobierno de México tendrá que hacer frente al pago reclamado por más de mil 500 millones de dólares.
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