Dar a conocer la acusación en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas no es posible porque “la ley lo impide y es un delito”, así respondió el presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados Pablo Gómez Álvarez al presidente
Andrés Manuel López Obrador.
Este miércoles, en entrevista con medios de comunicación desde el recinto legislativo, el diputado de Morena dejó en claro que la petición que hizo el presidente de México al Congreso el lunes 1 de marzo para dar a conocer el expediente del gobernador de Tamaulipas, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparable, era imposible al tratarse de un hecho ilegal y contrario al procedimiento de desafuero que se le sigue al mandatario.
“La sección instructora no puede dar a conocer lo que está en el expediente, no solamente porque la ley lo impide y es un delito, sino porque no es el procedimiento, ya que en el expediente obran nombres y datos personales del inculpado y de muchísimas otras personas. Esas personas tienen derechos y no pueden ser atropellados, nosotros somos custodios de eso”, subrayó el legislador morenista el miércoles 3, al recibir la notificación que acredita a Alonso Aguilar Zinser como el abogado que encabeza la defensa del gobernador panista.
Con conocimiento de causa. El aún gobernador de Tamaulipas se presentó en la Cámara de Diputados para conocer las acusaciones por las que se pretende su desafuero.
Reiteró que “las personas que tienen acceso a este expediente (el de García Cabeza de Vaca) lo hacen en condición de sigilo. La ley dice que no se debe revelar, y también está dentro de la ley de Transparencia, está la excepción expresa”, señaló Gómez Álvarez, al aclarar que si el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero decidiera dar a conocer elementos del expediente, sería bajo su responsabilidad.
›El llamado que el lunes 1 de marzo hizo el presidente López Obrador en su conferencia matutina, en el sentido de que la Cámara de Diputados transparentara el expediente de la acusación, así como la réplica que hizo al señalar que “yo no fabrico expedientes y no doy órdenes de que se fabriquen en contra de nadie”, fue en respuesta a los señalamientos que el gobernador panista hizo el pasado 24 de febrero, ya que al acudir al Congreso se dijo víctima de una “persecución política” orquestada directamente desde Palacio Nacional, lo cual respaldaron los mandatarios de la Alianza Federalista.
El martes de esta semana, el Congreso de Tamaulipas, con mayoría de votación de la fracción parlamentaria de Acción Nacional, aprobó el proyecto de acuerdo de la homologación de las reglas para declarar la procedencia o no del proceso de desafuero de gobernadores, diputados locales y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del estado, con lo cual quedó establecido el procedimiento que llevarán a cabo los legisladores locales en cuanto reciban la solicitud con la que la Fiscalía busca desaforar al mandatario.
Pablo Gómez Álvarez, presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados informó que el expediente no se puede dar a conocer porque en él figuran nombres y datos personales del inculpado y de otras personas.
