jonathanjnd@ejecentral.com.mx
Transitar de la teoría a la práctica del nuevo modelo podría significar una crisis, estiman especialistas, porque la continuidad en la operación no se previó, no hubo visión de largo plazo y escasean los recursos tecnológicos
ES DE INTERÉS |
#VIDEO | Fromow habla del nuevo Sistema Penal #VIDEO | Sistema de justicia carece de seguimiento: Rommel Moreno Sistema de Justicia carece de seguimiento: Rommel Moreno Ninguna institución, a un año de la puesta en marcha del sistema de justicia penal, está dedicada a identificar cuáles son los ajustes que, ya en el terreno práctico, se requieren para consolidar el nuevo régimen de justicia, lo cual podría requerir de un periodo de 15 a 20 años para llegar a un punto de equilibrio.
Lo que no se mide no se puede mejorar. Las leyes se generaron con base en experiencias internacionales, doctrinales, pero están siendo operadas ahora bajo una realidad nacional mexicana que requiere evaluarse, que requiere un seguimiento para saber qué ajustes deberán tenerse de manera específica y dónde deben hacerse esos ajustes para que el sistema empiece a perfeccionarse y a operar adecuadamente”, dijo María de los Ángeles Fromow Rangel, quien fuera la responsable de coordinar todos los recursos y esfuerzos en el país para poner en marcha este nuevo modelo, desde la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec).
No es la única que lo piensa, Rommel Moreno Manjarrez, otro de los articuladores del sistema, desde la Unidad para la Implementación de la PGR, coincidió en que el nuevo sistema de justicia penal carece de una estructura de seguimiento y evaluación, por lo que es imposible tener un balance de sus resultados. Y fue más lejos, la política, sostuvo, se ha encargado de tergiversar el que se ponderen los derechos humanos en este nuevo modelo. “Hay que poner en su justa dimensión la presunción de inocencia, de que en este país todo somos inocentes hasta que no tengamos una condena que así haya emitido un tribunal. Por otro lado, el hecho de ponderar la idea constante de que es la víctima que está en el centro del sistema por sí. Eso lo plantean los sistemas acusatorios, lo demás ha sido una visión más desde el punto de vista político, ha sido una manera en la que se ha tergiversado el concepto”, aseveró. El nuevo modelo de justicia ha provocado opiniones divididas entre especialistas y autoridades. Algunos atribuyen al sistema el crecimiento de la delincuencia y la liberación de acusados; mientras que sus contrapartes aseguran que las carencias de quienes intervienen en toda la cadena de la operación provoca que no lleven a cabo investigaciones y juicios eficaces. Fromow Rangel advirtió que el transitar de la teoría a la práctica podría significar una crisis para la sociedad mexicana, porque la continuidad en la operación del sistema fue algo que no se previó, porque no hubo visión a largo plazo y, en consecuencia, no hay recursos, falta capacitación, así como equipo y tecnología.
Faltaron… y faltan recursos
Para la implementación del nuevo sistema se obtivieron, con distintas fórmulas nacionales y de apoyos internacionales, 21 mil millones de pesos. Cálculos y estudios previos a la creación del órgano implementador señalaban que el costo de la reforma ascendía a una inversión de entre 60 mil millones y 200 mil millones de pesos. “Fue prácticamente un 10% lo que se pudo invertir para poder lograr esta puesta en marcha del sistema, por ello hubo que hacer muchos mecanismos de reingeniería, hubo que buscar cómo se reaprovechaban muchos de los equipamientos de los recursos humanos que ya se tenían, porque no había recursos suficientes para que fuera totalmente nueva la inversión, que existiera un punto cero y empezáramos a contarlo de nuevo”. Y se proyectó un futuro poco alentador, reconoció Fromow Rangel. La Secretaría Técnica dejó un plan a 30 años, de infraestructura y equipamiento para el desarrollo del sistema de justicia penal, con proyecciones de acuerdo con las incidencias selectivas. Se hizo un simulador de recursos humanos, se dejó dicho en tanto tiempo tendrá que continuar la inversión. Pero hoy no hay esos recursos.
Sólo 40 horas
Bajo la consigna de que lo planteado para la puesta en marcha del sistema penal sólo contempló la capacitación teórica pero no práctica, actualmente, explicó, en el terreno de la operatividad es necesario invertir en tecnología, en el equipamiento que requieren los policías, los peritos, los ministerios públicos para hacer su trabajo. “Se hizo un esfuerzo nacional porque teníamos registrados inicialmente cerca de 330 mil policías, que cuando hicimos la selección sólo eran capacitables 220 mil policías en los tres niveles de gobierno, con excepción de la Policía Federal, que ellos ya tenían su capacitación en otro carril se podría decir. Se hizo formador de formadores para continuar, pero con un curso de 40 horas, y tan se llamó taller básico de primer respondiente porque era un primer paso, eran los primeros elementos necesarios para enseñar lo mínimo indispensable que se debería tener en cuenta por un policía al momento de saber o tener conocimiento de un hecho que podría ser constitutivo de delito”, reconoció. El problema esencial en la capacitación es que no fue posible constatar qué tanto en realidad estaban aprendiendo los miles de funcionarios que se capacitaron. En este momento, detalló Moreno Manjarrez, existe una gran necesidad de mayor entrenamiento y se requiere empoderar a la Agencia de Investigación Criminal, para ser efectivos en investigaciones y no sólo en los casos de flagrancia. Es por eso, añadió, que la PGR está “en una ruta muy intensa de capacitación” y de asesoría técnica de quienes son la médula de la operación del sistema: peritos, ministerios públicos y policías.
La puerta giratoria
Fromow Rangel reconoció que las deficiencias para una adecuada capacitación representan un lastre que sigue generando consecuencias negativas, como la llamada “puerta giratoria”, por la cual aquellas personas que delinquen se ven beneficiados y pueden evitar llevar su proceso en prisión. “El sistema prevé todo un capítulo de medidas cautelares. El juez valora en base en información que le proporcionan las partes involucradas si efectivamente, a pesar de que la ley no diga que por la comisión de ese delito esa persona no tiene que seguir en prisión preventiva, si esa persona tiene riesgo de fuga, es peligrosa o pone en riesgo la vida de la víctima”. ¿Por qué no se está haciendo? Porque no tenemos estas unidades especiales de medidas cautelares donde hay unos sistemas importantes de flujo de información de todos los estados para poder determinar claramente si de forma efectiva esa información que proporcionan los defensores y ministerios públicos es verídica y qué tanto esa persona puede ser sujeta o no a una prisión preventiva. Y eso es lo que hoy está faltando, y por eso nos está fallando la famosa puerta giratoria”. ¿De no consolidarse podríamos llegar a un estado crítico? Claro. Si no nos avocamos a resolver estos temas y le ponemos el empeño necesario seguramente el sistema podría provocar una gran insatisfacción en la ciudadanía respecto a sus resultados. Porque no lo podemos dejar a la deriva, es indispensable volver a tomar el ritmo de inversión, de coordinación, de capacidad, de articulación de acciones para que el sistema llegue a un punto de equilibrio lo antes posible.
