Los señalamientos por presuntas violaciones a los derechos humanos no han detenido la agresiva política del presidente Nayib Bukele, que en menos de seis meses supera los 50 mil detenidos en todo el territorio de El Salvador.
Bajo este régimen de excepción, el gobierno informa diariamente sobre la disminución drástica de homicidios y extorsiones debido a las detenciones masivas de lo que el Gobierno asegura que son pandilleros, e incluso se planea la implementación de nuevas leyes para prologar el tiempo en prisión.
Cabe recordar que el aumento de la violencia en las calles originó una respuesta igual de severa que contempla detenciones sin orden judicial, lo que a su vez ha aumentado la población carcelaria. Este sistema ha sido prorrogado mes a mes por el Parlamento, controlado por los aliados de Bukele, y continuará al menos hasta fines de septiembre.
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Una encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en junio reveló que un 89.3% de la ciudadanía considera que el régimen de excepción promovido por Bukele ayudó “mucho o algo” a controlar la delincuencia en el país.
Y aunque organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch e incluso la diplomacia estadounidense han llamado al gobierno salvadoreño a respetar los derechos humanos, ante denuncias de detenciones de inocentes, la política de seguridad ha comenzado a reflejarse en algunas zonas, que han comenzado a realizar sus actividades sin la presencia de las pandillas violentas.
Según cifras oficiales, el 85% de los detenidos son hombres; el 68.9% es acusado de pertenecer a la Mara Salvatrucha (MS-13), la de mayor presencia en el país, seguido por las facciones Sureños (17.7%) y Revolucionarios (12.7%) de la pandilla Barrio 18.
El restante lo concentran las pandillas Mao Mao, MS503, Máquina y Mirada Locos Sureños.
Amenaza. El gobierno estima que las bandas cuentan con 76 mil elementos, muchos de los cuales siguen libres.
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