A 22 meses de su creación, el Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) de los crímenes de la llamada “Guerra sucia” denunció el bloqueo que mantienen autoridades y agencias del gobierno para dar acceso a los archivos históricos.
De igual forma, y como denunció el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su último informe del caso Ayotzinapa, el mecanismo que busca esclarecer las violaciones graves a los derechos humanos ocurridas en el país entre 1965 a 1990 no ha tenido acceso total a los documentos, lo cual no sólo implica un incumplimiento al decreto presidencial del 28 de febrero de 2019, sino de otras leyes.
La falta de acceso a los archivos y expedientes, muchos de los cuales ni siquiera han sido transferidos ni digitalizados al Archivo General de la Nación (AGN) “constituye el incumplimiento de cuatro marcos legales: un acuerdo y un decreto presidenciales, la Ley General de Archivos (LGA) y la Ley General de Transparencia”, señaló el Mecanismo.
En ese sentido y bajo la consigna de “sin archivos no hay verdad”, el MEH urgió al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), antes Cisen, así como a la Sedena, la Marina y la Fiscalía General de la República (FGR), antes PGR, de entregar a la brevedad la totalidad del “material crucial” para continuar con las investigaciones.
De manera particular, el Mecanismo destaca los archivos faltantes de la extinta Dirección Federal de Seguridad (1947-1985), los de la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (DGISEN, 1985-1989) y los del CISEN (1989-1993) que el actual CNI debe tener bajo resguardo.
Y es que el informe técnico que el MEH publicó este martes, queda en evidencia que, de los archivos y expedientes faltantes, ya sea porque nunca fue entregado por la agencia de inteligencia o porque pudo haber desaparecido, a la fecha no se encuentra disponible en el AGN “a pesar de que existe rastro de su existencia por diversos instrumentos de consulta”.
Al respecto Carlos A. Pérez Ricart, quien, junto a Eugenia Allier Montaño, Abel Barrera Hernández y David Fernández Dávalos integran el MEH, reiteró la exigencia de “transparencia y acceso a los archivos del CNI”, a los que se había comprometido el presidente López Obrador al decretar la creación del mecanismo.
“Llevamos 22 meses lidiando con dificultades para el acceso a la consulta de documentación histórica sobre graves violaciones a los Derechos Humanos por parte de autoridades civiles y militares cometidas durante el periodo de “Guerra Sucia” (1965-1990)”, subrayó Pérez Ricart en su cuenta de X, antes conocida como Twitter.
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