La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Senado, Martha Lucía Mícher presentó este martes un pronunciamiento en el cual respalda el pronunciamiento por parte de la Secretaría de Gobernación contra el llamado “pin parental”, con el cual se busca permitir la injerencia de padres de familia en los contenidos educativos que los menores reciben en escuelas y colegios.
En su pronunciamiento, la senadora refiere que el artículo 3 de la Constitución establece el derecho de toda persona a la educación, la cual debe ser garantizada por el Estado desde el nivel básico y hasta el superior.
Además, refiere que la educación debe ser laica, democrática, nacional, equitativa, inclusiva, intercultural, integral y de excelencia.
Ese mismo artículo, señala la senadora, establece que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños y adolescentes en el acceso, permanencia y participación de los servicios educativos, estableciendo que los planes y programas de estudio tendrán un enfoque de perspectiva de género.
Asimismo, deberá incluir el conocimiento de ciencias y humanidades, en donde se contempla la educación sexual y reproductiva.
Dentro de este pronunciamiento, se cita el comunicado emitido por Segob el pasado 6 de julio, en el que se subraya que “El llamado ‘pin parental’ es una medida violatoria de los derechos que se opone a la construcción de una sociedad equitativa, inclusiva, bien informada y responsable. De las mimas manera, niega el derecho a una educación con perspectiva de género como un paso fundamental para garantizar el derecho de todas las niñas y las mujeres a una vida libre de violencia”.
Y posteriormente resuelve que “el artículo 1 Constitucional, establece la obligación de todas las autoridades nacionales de respetar, proteger, promover y garantizar el ejercicio de los derechos humanos; por ello, la SEGOB y el resto de las instancias federales emitieron dicho comunicado, porque es su función, también, actuar para que se respeten los derechos humanos de la niñez y la adolescencia en México”.
Según el pronunciamiento firmado por al menos 30 legisladores, indica que la emisión del comunicado por parte de la Segob puede ser calificado como una intromisión o una invasión de competencias, pues se trata de una alerta legal que tiene como objetivo que se evite la consumación de actos legislativos violatorios de los derechos humanos.
“Algunas personas y representantes populares se han pronunciado a favor de promover el ‘pin parental’, siendo es posibilidad parte de su derecho a la libertad de expresión; sin embargo, algunas asociaciones civiles – vinculadas con posiciones ultra conservadoras y que abiertamente se han pronunciado a favor de esas iniciativas – han lanzado una campaña de ‘linchamiento’ mediático y en redes sociales contra la secretaria Olga Sánchez Cordero.
Por ello, ante los llamados en contra de la alerta emitida por la Segob, indica, es falso que busque arrogarse la facultad de la educación exclusiva de las niñas, niños y adolescentes; es falso que pretenda negarles el derecho a las familias a educar a sus hijas e hijos como mejor consideren de acuerdo a sus principios y valores.
Es falso - añadieron - que con políticas educativas actuales se haya aumentado la homofobia y la violencia ligada a la discriminación, y es totalmente falso que el ‘pin parental’ sea un derecho que puede hacerse valer en términos legislativos”. CJG
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