El gobierno de México denunció la resistencia de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF) a devolver recursos públicos para la reconstrucción de Acapulco. La decisión se tomó de manera rápida y en aparente violación de procedimientos legales.
Resoluciones Relámpago de Jueces
El juez decimosegundo de Distrito en Chihuahua, Juan Fernando Luévano Ovalle, concedió una suspensión definitiva que impide indefinidamente que la Tesorería de la Federación disponga de los recursos de fideicomisos extintos para la reconstrucción de Acapulco. Este decreto, emanado el 27 de octubre de 2023, fue cuestionado por la Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024 el pasado 9 de noviembre.
La jueza novena de Distrito en la Ciudad de México, Elizabeth Trejo Galán, también otorgó una suspensión con efectos generales, extendiéndose a todos los jueces y magistrados del PJF, incluso aquellos que no han promovido juicios de amparo. Este actuar ha levantado críticas sobre la imparcialidad del sistema judicial.
Defensa de Beneficios Privilegiados
El comunicado critica la defensa de beneficios extraordinarios por parte de jueces y magistrados, quienes buscan mantener el control de recursos públicos de fideicomisos. Esta situación genera interrogantes sobre la equidad y la justicia en el sistema judicial.
El gobierno destaca que, contrario a la afirmación de jueces y magistrados, percibir beneficios extraordinarios no garantiza la independencia judicial. Se subraya la necesidad de una ética judicial más sólida y la abstención de los juzgadores en casos donde puedan tener intereses personales.
Exhorto a la SCJN
Ante la evidente parcialidad de jueces y magistrados, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer y resolver de manera prioritaria los juicios de amparo relacionados con la extinción de fideicomisos del PJF. Se argumenta que, al tener intereses en el control de recursos públicos, los jueces están impedidos para resolver con imparcialidad dichos juicios.
Este caso, de interés público y trascendencia nacional, ha generado controversias y cuestionamientos sobre la autonomía judicial y la necesidad de reformas constitucionales que permitan una elección más democrática de jueces y magistrados. El presidente López Obrador ha expresado su preocupación por la resistencia judicial, enfatizando la importancia de poner los recursos al servicio de las necesidades reales de la población.
Durante la mañanera de este viernes, una vez más, el mandatario lamentó la resistencia de la presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández. Recordó que se había comprometido a destinar los recursos del fideicomiso para beneficiar a los damnificados de Acapulco, pero posteriormente cambió de posición.
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