Renuncia funcionario de Defensoría Pública; acusa espionaje
Salvador Leyva, exsecretario técnico de combate a la tortura señaló que no existen las condiciones necesarias de “independencia e imparcialidad” en la institución
A un día de que la magistrada Taissia Cruz Parcero asumió la dirección del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), Salvador Leyva Morelos Zaragoza, uno de los secretarios técnicos de la institución renunció al cargo tras acusar que él y otros funcionarios fueron víctimas de espionaje con el sistema Pegasus.
Creo que no existen las condiciones para continuar trabajando por los derechos humanos bajo la nueva Dirección y Presidencia de la SCJN”, subrayó Morelos Zaragoza en su cuenta de Twitter, quien se desempeñaba como secretario técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos en la Dirección General del instituto.
En su carta de renuncia a la magistrada Taissia Cruz, el abogado advierte sobre “la influencia de poderes ajenos a la institución” y señala particularmente el caso de Brenda Quevedo y Juana Hilda, entre otras personas implicadas en lo que Salvador Leyva acusó del “fabricado” secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, hijo de la activista Isabel Miranda de Wallace.
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No creo que existan las condiciones para que este caso culmine satisfactoriamente con la defensa pública. Sin embargo, apelo a que su formación como impartidora de justicia le permita contagiarse de la indignación que causa uno de los casos más representativos de la corrupción y el tráfico de influencias que persisten en las instituciones mexicanas que permiten fabricar culpable”, subraya Salvador en su escrito del 2 de febrero.
Según lo denunciado por el hoy exfuncionario del IFDP a tal grado han escalado las presiones en torno al caso de los implicados en el caso del hijo de la presidenta de la asociación civil de Alto al Secuestro, que hace unos días presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación las pruebas que acreditan que tanto él como otros funcionarios en la Defensoría Pública fueron “espiados con el malware Pegasus, presumiblemente por defender los derechos de Brenda Quevedo y Juana Hilda González.
En agosto pasado, Isabel Miranda de Wallace anunció que había denunciado al entonces ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, señalándolo de los delitos de corrupción, tráfico de influencias, amenazas y ejercicio indebido de funciones, luego de que la ministra Margarita Ríos Farjat, entonces presidenta de la Primera Sala del alto tribunal admitió el amparo promovido por Juana Hilda González.
Por otra parte, apenas el 10 de enero de este año, el IFDP anunció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que analizará el caso de Brenda Quevedo Cruz, cuya defensa reitera que fue víctima de detención arbitraria en 2007 por su presunta participación en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace. MAAZ
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