En medio de críticas por el actuar de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de Nuevo León (NL), el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, presentó su renuncia al cargo, a falta de dos años para que se cumpliera el plazo por el que fue designado.
El feminicidio de Debanhi Escobar no solo atrajo la atención de todos los medios nacionales que pusieron el lente en el estado de Nuevo León, también provocó severas críticas hacia las autoridades por el mal manejo que hicieron, tanto del caso como de la información que emanó de las investigaciones.
El caso de la joven reportada como desaparecida el nueve de abril y localizada sin vida 13 días después, llegó a provocar diferencias entre el fiscal y el gobernador del estado, Samuel García, pues el primero acusó al político de Movimiento Ciudadano de utilizar a las víctimas de feminicidio – más de 70 en 2022 – con fines políticos.
En una carta enviada al Congreso del Estado, Guerrero Gutiérrez argumentó que su renuncia se debe a parte de su “proceso de jubilación” tras haber cumplido más de 40 como servidor público.
“A lo largo de estos años de servicio público, he transitado con orgullo por distintos encargos y tareas, en los que concentré mis más altos esfuerzos, siempre en pro de la justicia y el Estado de Derecho, teniendo como principal motivación el amor a mi Estado y a mi País”, se lee en el documento.
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Guerrero Gutiérrez asumió el cargo el 9 de marzo de 2018, pese a que la Constitución local establece en su artículo 87 que una renuncia de los fiscales General, Especializado en Combate a la Corrupción y Especializado en Delitos Electorales, solo son aceptadas por “causa grave” que debe ser sometida a consideración del Poder Legislativo de Nuevo León.
“Ahora toca el turno de dar un paso a un lado para abrir la puerta a nuevos retos profesionales”, añadió el fiscal.
En su carta de renuncia el fiscal aceptó el incremento de la violencia generada por la delincuencia, la falta de recursos económicos y los estragos de la pandemia de Covid-19; a pesar de ello, indicó, “mantuvimos la ruta y permanecimos de pie”.
En su lugar fue designado el licenciado Pedro José Arce Jardón como encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia del Estado, informó la dependencia.
El caso que sacudió a la Fiscalía de Nuevo León
El padre de Debanhi Escobar documentó una serie de irregularidades de parte de la FGJ en la investigación por el feminicidio de su hija, por lo que en septiembre de 2022 pidió la renuncia de Guerrero Gutiérrez, además de abrir en su contra una carpeta de investigación por omisiones y negligencias en el caso.
Las quejas de Mario Escobar también se centraron en Griselda Núñez Espinosa, fiscal Especializada en Feminicidios y del coordinador del Servicio Médico Forense (Semefo), Eduardo Villagómez Jasso.
Las inconsistencias de la fiscalía en el caso comenzaron cuando después de varias inspecciones al motel Nueva Castilla, las autoridades no encontraron el cuerpo de Debanhi que estaba en una de las cisternas.
Además, en la primera autopsia que le practicaron al cuerpo, el Semefo insinuó que la joven pudo haber caído a la cisterna, provocando su muerte; una teoría que se desmintió con la segunda autopsia, 68 días después de haber sido sepultada.
Mario Escobar señaló que la FGE no solicitó desde el primer momento las cámaras de seguridad del motel, tampoco investigó sobre los minutos que Debanhi estuvo cerca de la empresa Alcosa; además, afirmó que nunca les notificaron respecto a lo encontrado en los videos de la compañía Oruga, pese a ser fundamentales en la investigación.
Toda esta lista de inconsistencias provocó que el feminicidio de la joven fuera atraído por la Fiscalía General de la República, lo que significó la derrota de la institución a cargo de Guerrero Gutiérrez en esclarecer uno de los crímenes que más marcó a México en los últimos años.
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