Los Fondos de Estabilización Presupuestaria fueron creados en 2001 como una herramienta para equilibrar las finanzas del Estado ante cualquier emergencia o una situación catastrófica que pudiera incidir en la dinámica económica del país.
Estos fondos prácticamente los vaciaron en el primero y segundo año de la administración morenista, principalmente a causa de la pandemia. De no haber existido esos fondos, el gobierno habría tenido que pedir prestado y endeudado al país a un mayor ritmo que el existente.
Compras de medicamentos, vacunas, gastos en programas sociales y en los proyectos insignia de la llamada Cuarta Transformación demandaron los dineros que se tenía en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), así como del Fondo de Estabilización de los Ingresos en las Entidades Federativas (FEIEF).
Sin embargo, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha reintegrado ese capital para tener un respaldo con el que se puedan enfrentar acontecimientos que impliquen un mayor gasto o que desequilibren a las finanzas públicas.
Actualmente, el FIEP y el FEIEF se encuentran en su conjunto en cerca del 4.95 % de lo que se tenía al cierre de 2018, es decir, con el inició de la gestión lopezobradorista, se pasó de tener 279 mil 770.7 millones de pesos como “colchón” para enfrentar eventualidades, a un monto de sólo 22 mil 467 millones de pesos, según revela un documento del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda, México tiene cerca de 1.1 billones de pesos para encarar un problema como el que surgió en 2020, es decir, de casi cinco veces con lo que se contó al principio de esta administración en dichos fondos; sin embargo, revisando las cifras de la propia dependencia no se encontró ese recurso disponible, no lo hay líquido.
Sólo en marzo, el gobierno mexicano no transfirió un solo peso al FEIP, ni al FEIEF, así como para el Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos; o al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Mexicano del Petróleo; ni al Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética que dependen de los ingresos petroleros.
Además, una revisión deja en claro que la Ley de Ingresos de la Federación 2023 no considera un solo peso para los Fondos entregados en fideicomiso a favor de entidades federativas y empresas públicas; así como a favor de empresas privadas o particulares.
Van por más deuda
El gobierno pidió un techo de deuda para este año de 1.71 billones de pesos, un dinero que, de usarse, sería sumamente caro y posiblemente catastrófico para la salud financiera del país, ya que elevaría la deuda en el equivalente a casi el 4.0 % del Producto Interno Bruto (PIB), que a la vez resultaría en un aumento total al 53.0 % como porcentaje del PIB, una situación insana para las finanzas de la nación.
Parte del dinero que llega a los fondos de estabilización proviene de los excedentes de las ventas de petróleo, ya sea por un precio más alto o por mayores volúmenes de ventas, que en el entorno actual es el primer caso. El año pasado se obtuvieron ingresos récord por las ventas de crudo mexicano debido a los altos precios internacionales que se dispararon por la guerra entre Ucrania y Rusia, lo que trajo los mayores dividendos en pesos para México, ya que al tipo de cambio de más de 20 unidades por dólar representó cifras históricas para las arcas del país.
A pesar de ese hecho, el gobierno no abonó significativamente a los fondos de estabilización, aludiendo a impactos negativos externos.
En 2022, los excedentes petroleros fueron del orden de 394 mil 508.6 millones, lo que significó que el gobierno federal esperaba que se obtuvieran ingresos por un billón 87 mil 72.2 millones de pesos, pero lo que se captó fue más, fueron un billón 481 mil 580.8 millones.
Pero la propia Secretaría de Hacienda señaló que parte de esos ingresos compensaban apenas la caída en la recaudación del Impuesto Especial Sobre la Producción y Servicios (IEPS), que presentó un boquete de 387 mil 705 millones de pesos, aunque la ecuación de manera interna se mantuvo con estas compensaciones los recursos no llegaron a donde debían.
El Fondo Mexicano del Petróleo recibió en 2022 ingresos por 636 mil 332.3 millones de pesos, cuando lo esperado por las autoridades fiscales apuntaba a una cifra muy inferior de 370 mil 928 millones, lo que significó que existió un ingreso extraordinario del 71.6 %, o unos 265 mil 404 millones de pesos más a lo estimado.
Sin embargo, de acuerdo con la explicación de la Oficina de Hacienda, “el ejercicio fiscal 2022 se vio afectado significativamente por el impacto negativo de los acontecimientos a nivel global de tipo geopolítico, económico y de emergencia de salud pública”.
Frente a ello, agrega, “las acciones tuvieron el objetivo de liberar recursos para incentivar en los asignatarios el incremento de la inversión en actividades de exploración y producción de hidrocarburos y, con ello, elevar el nivel de producción”, lo que mermó las posibilidades de alimentar los Fondos de Estabilización.
Según un estudio del CIEP, al ritmo que está recuperando los recursos el gobierno federal en los Fondos de Estabilización, tomará cerca de 17 años volver al nivel de 2018, es decir cerca de los 280 mil millones de pesos, esto considerando que mantenga la regularidad.
Estos instrumentos que tiene a la mano el gobierno los alimentan con los remanentes de ejercicios fiscales anteriores, por lo que su saldo es acumulativo.
Asimismo, los fondos para la estabilización se nutren de los ingresos extraordinarios de la Ley de Ingresos, de los remanentes de operación del Banco de México —que en este caso no habría por la fuerte apreciación de la moneda mexicana—, así como de las ganancias en coberturas contratadas.
Al cierre del primer trimestre, la deuda pública ascendió a 14.65 billones de pesos, y de utilizar el techo de deuda aprobado por el Congreso de México de 1.71 billones, los pasivos del país aumentarían a 16.36 billones de pesos, lo que significaría que como porcentaje del PIB aumentaría a 53.5 %, considerando también el crecimiento para este año de 3.0 por ciento.
2023 no pinta bien
En el primer trimestre de este año se han contraído los ingresos del gobierno en las ventas petroleras por una baja en los precios internacionales, lo que puede agudizarse ante los pronósticos de una recesión en Estados Unidos que arrastraría a una cadena de países ligados a él, incluido México.
Por ejemplo, en el primer trimestre de 2023, lo que Hacienda previó que entraría a las arcas del Estado por venta de petróleo fueron 379 mil 017.2 millones de pesos, pero lo que realmente ingresó correspondió 255 mil 200.4 millones de pesos, un declive de 32.7 %, o de 123 mil 816.8 millones de pesos menos, por lo que aún si el gobierno del presidente López Obrador decidiera aumentar la inyección en los fondos de estabilización no tendría de donde jalar los recursos.
Según el informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública, al gobierno no le están saliendo los cálculos, ya que los ingresos no han cumplido la meta que se programó, y esto pone en riesgo los gastos y recursos que necesita para operar.
Conforme al documento de Hacienda, correspondiente al primer trimestre, a la administración le hicieron falta 117 mil 486.1 millones de pesos, una suma considerable si se toma en cuenta que ese dinero es el equivalente a casi el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional para este año.
La caída en los ingresos presupuestarios y los nulos recursos de los Fondos de Estabilización ponen en verdaderos aprietos a la administración pública que en lugar de subsanar ese boquete generado, ya sea por la crisis sanitaria o las repercusiones de geopolítica, ha elevado el límite de deuda a un monto sin precedentes.
Esta maniobra busca impedir que el gobierno caiga en un escenario de impagos, pero con un alto costo financiero que se trasladaría a los mexicanos, con menores prestaciones del Estado como podrían ser en salud, educación o reducción en programas sociales en un futuro por los costes que implica el pedir prestado.
Las probabilidades de que Estados Unidos entre en una recesión en este año son superiores a un 90 %, lo que implicaría un daño para la salud económica de México.
Y aunque las autoridades mexicanas niegan un evento mayor en nuestro país, la realidad es que la integración comercial que se instituyó entre estas dos naciones es tal que no podría aislarse, los efectos llegarían a los sectores productivos y, por consecuencia, al mercado laboral.
Esto sin duda pondría en aprietos a la siguiente administración que reemplace a la del presidente López Obrador, ya que tendría que hacer malabares sin una red de seguridad, y tendría que buscar de diferentes formas los recursos que no le lleguen por los problemas que enfrente Estados Unidos en un escenario recesivo.
La administración del presidente Joe Biden se ha visto seriamente dañada por la incapacidad de convencer a sus antagonistas que tienen la mayoría en el Congreso y que han obstaculizado las soluciones para hacer frente a los compromisos de deuda que tienen próximos a vencer y que han sido un elemento significativo en las probabilidades de una depresión económica en ese país.
El comercio con Estados Unidos para México representa la formación del 45 % del Producto Interno Bruto, y si su economía entra en problemas, invariablemente la de nuestro país la seguirá.
Por el momento, la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador ha corrido con cierta suerte, desde el repunte de los petroprecios y por consecuencia los ingresos extraordinarios, el haber tenido los Fondos de Estabilización en máximos históricos, así como que durante la pandemia las tasas de interés se fueron al suelo y reestructuró deuda con menor rédito.
No obstante, se encuentra en un momento crucial ante los eventos que se avecinan y esperan los organismos internacionales y pueda no tener las herramientas para enfrentarlo.
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