A finales de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una reforma a la Ley de Hidrocarburos, con la cual, dijo, se pretende hacer frente al robo de combustible. Sin embargo, la comisión Federal de Competencia Económica advirtió que esta iniciativa afectará la competencia en el sector.
Cofece emitió un llamado al Congreso de la Unión para que esta iniciativa no sea aprobada, pues de hacerlo en los términos en que fue enviada al Legislativo, se “afectaría negativamente el proceso de competencia y libre concurrencia de la cadena de valor de los hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos”.
Apuntó que ello podría derivar en una disminución en la oferta de bienes y servicios en la industria, y con ello aumentar precio que consumidores, ya sean familias o empresas, pagan por productos finales.
La Comisión puntualizó que el marco constitucional vigente establece un régimen de competencia en la cadena de valor de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos para la producción, importación, transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público.
Para que empresas puedan participar en estos procesos, se deben cumplir ciertos requisitos vinculados a la seguridad, capacidad operativa o infraestructura, entre otros. Por ello, se indica que el acceso a empresas interesadas y que cumplan con dichas características no debe ser restringido.
De acuerdo con la Cofece, la reforma a la Ley de Hidrocarburos planteada por el presidente desincentivaría la entrada y reduciría la oferta, pues se modifica el régimen de permisos al facultar a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía para suspenderlos cuando consideren que la “seguridad nacional” está en riesgo.
Aunado a la seguridad nacional, los permisos podrán suspenderse también cuando la seguridad energética o la economía nacional se vean en peligro, sin embargo, no se definen criterios para su aplicación.
Esta reforma generaría incertidumbre, pues se cambian de “afirmativa” a “negativa ficta” la resolución de solicitudes de cesión de permisos. Ello, indica Cofece, reducirá los incentivos de la autoridad para resolver los procedimientos de manera expedita.
Además de que se impedirá a los agentes económicos conocer las razones por las cuales los permisos fueron negados.
También, establece que esta iniciativa reduciría el número de competidores y la oferta, pues la reforma establece que debe comprobarse cierta capacidad de almacenamiento.
“Si bien contar con capacidad de almacenamiento suficiente es necesario para que exista competencia en la cadena de producción de combustibles, requerir su comprobación previa al otorgamiento del permiso genera un círculo vicioso entre la falta de dicha capacidad por la inexistencia de permisos, y la falta de estos ante la escasez de infraestructura, desalentando inversiones en este rubro”.
Cofece manifiesta su reconocimiento al Gobierno Federal para combatir el robo de combustible, por lo que no se emite un pronunciamiento en torno al ámbito legal que busca hacerle frente mediante la revocación de permisos. CJG
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