Reducir la Corte, desaparecer el CJF ¿De qué va la reforma de AMLO al Poder Judicial?

Bajo advertencia no hay engaño. Y con el argumento de que las autoridades judiciales carecen de “credibilidad” y han perdido “legitimidad” en sus decisiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer su iniciativa para una profunda reforma al sistema judicial mexicano.

“El Poder Judicial no puede seguir siendo un conjunto de instituciones al servicio de intereses políticos y económicos. Por el contrario, debe asumir su papel de garante de la justicia y hacer valer un auténtico Estado de derecho, en el cual nada ni nadie se sitúe al margen de la ley o por encima de ella”, advirtió hoy el mandatario al anunciar sus reformas constitucionales.

“Voto popular”

En su iniciativa enviada este lunes al Congreso, el mandatario aterrizó su propuesta para ‘democratizar’ al Poder Judicial, a fin de que jueces, magistrados y ministros sean elegidos de manera “directa y secreta” mediante el “voto popular” de la ciudadanía, el primer domingo de junio en las elecciones ordinarias del año que correspondiente.

Aunque dicha iniciativa pretende garantizar que el Poder Judicial esté representado por diferentes visiones para el acceso a “una justicia pronta, expedita e imparcial, sea una realidad y no un principio escrito”, los integrantes del PJF advierten todo lo contrario.

Para la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federal (Jufed), la intención de “desnaturalizar” el proceso de designación de las personas juzgadoras representa una “absoluta injerencia” a la independencia judicial y un atentado a la división de poderes.

A través de un comunicado, la Judef adviertió que la iniciativa del presidente López Obrador viola los tratados internacionales firmados por México para fortalecer la independencia judicial, sino que además transgrede los derechos humanos y el acceso a la justicia de todas las personas.

Menos ministros

Con la reforma al artículo 94 constitucional, el presidente López Obrador propone reducir de 11 a nueve los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), desaparecer las dos Salas para que sólo el Pleno del alto tribunal resuelva todos los asuntos.

Asimismo se plantea que los integrantes del alto tribunal se mantengan por 12 “años improrrogables” en el cargo y no 15 años como ocurre actualmente, al señalar que la “excesiva” temporalidad impide una renovación efectiva de los perfiles que integran el órgano máximo del Poder Judicial.

Adiós al CJF

Al sostener que en sus casi tres décadas de existencia el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) “ha sido incapaz de cumplir con su obligación de combatir la corrupción, la impunidad y los abusos al interior del Poder Judicial”, el presidente López Obrador propone su desaparición.

En sustitución del CJF, la propuesta señala la creación de los órganos de “Administración Judicial, y el Tribunal de Disciplina Judicial”, especializados en administración, disciplina y sanción, investidos de legitimidad democrática, pero “sobre todo, dotados de la autonomía e independencia”.

En ese sentido, la intención de “desligar la función jurisdiccional de las tareas estrictamente administrativas” también incluye también el separar a la presidencia de la SCJN y de los consejeros de la judicatura el manejo del presupuesto de toda la estructura del Poder Judicial; así como de sus funciones sancionadoras y de disciplina del personal.

A lo cual también se suma la propuesta para que los ministros de la SCJN, magistrados de circuito, jueces de distrito, magistrados electorales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y cualquier funcionario del Poder Judicial de la Federación en el país no puedan percibir un salario superior a la del presidente de la República.

Previo a que se conociera el paquete de iniciativas de reformas a la Constitución, el ministro de la SCJN, Alberto Pérez Dayán, a quien la bancada de Morena en el Congreso busca llevar a juicio político, advirtió que es la Carta Magna la que faculta a la Corte para invalidar cualquier acto que no respete la Constitución, pues subrayó que “no hay poder alguno, nada ni nadie” que esté por encima de la Constitución. JND

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