Reditúa al PRI retener sueldos para campañas

26 de Noviembre de 2024

Reditúa al PRI retener sueldos para campañas

4_Promo_632_Sanción del INE en BC

El INE sancionó con 1.2 millones de pesos una maniobra del tricolor de BC para obtener 10 millones a través de retenciones ilegales a trabajadores

Para el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Baja California fue redituable omitir en los reportes de fiscalización que obtuvo casi 10 millones de pesos a través de retenciones irregulares provenientes de los sueldos de los servidores públicos, por lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó imponer dos sanciones por un millón de pesos.

En 2015 los ayuntamientos de Ensenada, Tecate y Tijuana, y 11 instituciones municipales más, retuvieron irregularmente parte de los sueldos de más de mil 500 servidores públicos, que sumó una bolsa de 9 millones 719 mil 579 pesos y los ingresaron como aportaciones al comité directivo del PRI en Baja California.

En aquel año, Jorge Astiazarán era alcalde de Tijuana; César Moreno, de Tecate; y Gilberto Hirata, de Ensenada; en tanto, la dirigente local del PRI en la entidad era Nancy Sánchez.

Además, el partido político omitió reportar los ingresos recibidos al órgano electoral.

Estas operaciones contradicen los artículos 25, 54, 56 y 78 de la Ley General de Partidos Políticos, así como el artículo 96 del reglamento de la misma normativa.

Las retenciones también alcanzaron a siete diputados, que afirmaron que dichas acciones fueron autorizadas. El INE solicitó al partido político local aclarar las acusaciones imputadas; sin embargo, no respondió.

Por lo tanto, el Consejo General del INE en la sesión extraordinaria de hoy determinó que el partido político fue omiso en reportar los ingresos, sancionó el uso del aparato de gobierno y la retención de la dieta de los servidores públicos.

La consejera electoral Carla Humphrey calificó como método inválido la retención de la dieta de los servidores públicos como aportaciones a los partidos políticos.

En tal sentido, se promovió un procedimiento sancionador para reducir el 25 por ciento de la ministración mensual hasta alcanzar 388 mil 784 pesos y otro más 895 mil 456 pesos, lo que suma un millón 284 mil 240 pesos.

Lo que apenas representa el 13 por ciento del monto total recibido a través de aportaciones irregulares.

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