Recicla el presidente López Obrador la reforma electoral de 2022
Ciudadanos marcharon en defensa del INE, ya que señalan que la Reforma Electoral promovida por el Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, atenta contra la democracia y autonomía del Instituto Nacional Electoral.
/Moisés Pablo Nava
El proyecto plantea elección de consejeros y magistrados, desaparicion de pluris, extinción de los tribunales estatales y oples, y regulación de las consultas populares
El presidente Andrés Manuel López Obrador recicló este lunes la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que ya fue detenida en diciembre de 2022 por los partidos de oposición en la Cámara de Diputados y cuyo “Plan B” —versión menos ambiciosa— fue invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en marzo pasado por fallas en el proceso legislativo.
La iniciativa sugiere medidas como elegir consejeros y magistrados mediante voto popular, eliminar a los legisladores plurinominales, extinguir los tribunales estatales y los órganos públicos locales electorales, y regular las consultas populares. Sin embargo, si se aprueba, estas medidas no se aplicarán al proceso electoral actual.
Para eliminar las presuntas cuotas partidarias que existen en el nombramiento de consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la enmienda del mandatario propone que sean electos mediante el voto secreto, directo y universal, de entre una lista de 30 personas sugeridas por la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión.
Tal como sucedía en el proyecto de 2022, la actual iniciativa propone eliminar 200 diputados federales plurinominales y 64 senadores, para dejar en 300 el número de integrantes de la Cámara de Diputados electos por mayoría en igual número de distritos y con 64 integrantes del Senado, dos electos por cada entidad federativa según el principio de mayoría relativa.
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Respecto a la revocación de mandato y consulta popular, la enmienda propone reducir a 30% la participación requerida para que sus resultados sean vinculatorios. Asimismo, se homologa la fecha para realizar la revocación de mandato para el mismo día de las elecciones ordinarias para elegir diputadas y diputados al Congreso de la Unión, así como la consulta popular.
La iniciativa, que forma parte de un paquete de una veintena de reformas que busca el presidente López Obrador en el último año de su gestión, propone reducir a la mitad el financiamiento público a los partidos políticos respecto de sus actividades ordinarias y para el gasto de campañas durante la contienda electoral. “Lo anterior obedece a la necesidad de que nuestro régimen de partidos no genere costos injustificados ni incongruentes”, dice el texto.
En materia de recursos privados, tanto para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, como para sufragar gastos de campaña durante los procesos electorales, se ordena a los partidos políticos que identifiquen y reporten la fuente de todo recurso obtenido, sin exceder los topes señalados en la legislación.
Otra repetición del proyecto original es la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), que sería la única autoridad administrativa electoral del país. “Sus funciones absorberían las de los órganos públicos locales (OPL), es decir, organizaría la totalidad de los procesos electorales de la república, a nivel nacional, estatal y municipal. Además, se propone que lleve a cabo los ejercicios de democracia directa que prevén la Constitución y leyes”.
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La idea de eliminar a los “oples” —que absorben un gasto anual de 13 mil millones de pesos— ha causado reservas entre analistas y expertos en derecho electoral, ya que podría colocar el tema de las elecciones locales sobre la influencia de los gobernadores.
La iniciativa propone establecer un criterio poblacional para la definición del número de representantes en cada uno de los congresos locales, así como de los ayuntamientos y las alcaldías de la Ciudad de México.
“Con respecto a las legislaturas de las entidades federativas, se propone establecer los siguientes topes en la definición de sus integrantes: el número de representantes en las legislaturas de los estados no podrá exceder de 15 diputaciones en aquellas entidades federativas cuya población sea menor a 1 millón de personas, y por cada 500 mil habitantes adicionales, podrá incrementarse en un diputado o diputada hasta un máximo de 45 diputadas y diputados” se detalla.
De concretarse los estados que perderían más diputados serían Ciudad de México (de 66 a 31), Estado de México (de 75 a 45), Guerrero (de 46 a 20), Sinaloa (de 40 a 19) y Oaxaca (de 42 a 21). En total, se pretende erradicar 459 lugares en los 32 congresos del país.
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