A pesar de que el índice de víctimas de asesinatos en entidades como Michoacán, Guerrero y Colima rebasan la media nacional, la asignación de recursos públicos en busca de mejorar la seguridad pública no se compara a la situación como el de la Ciudad de México, que con una tasa más baja de homicidios acumula los mayores fondos.
La asignación de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP) del 2023, que en lo que va del mes ya suma un total de nueve entidades que ya recibieron el financiamiento total que incluye las aportaciones federal y estatal, es muestra de la disparidad de criterios para la entrega de los fondos.
Muestra de ello resultan los casos de Colima y Quintana Roo, donde al cierre de 2022 las tasas de víctimas de homicidios dolosos por cada 100 mil personas rebasaron en 350 y 47 % respectivamente la tasa nacional que se ubicó en 23.80. Sin embargo, no se ubican entre las entidades más beneficiadas con la entrega de los fondos del FASP.
En Michoacán y Guerrero, donde también se superó la media nacional en el índice de muertes violentas, a pesar de que se mantienen operativos y despliegues en zonas conflictivas como lo es la región de Tierra Caliente y la ciudad de Acapulco que se mantiene entre las más violentas a nivel mundial, recibieron montos totales de entre los 314.6 y 320.4 millones de pesos.
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Y a diferencia de casos como el de la ciudad de México con una tasa de asesinatos de 8.84, la más baja de los nueve estados que ya firmaron sus convenios para la entrega de los fondos; e incluso Sinaloa, que a pesar de los hechos violentos ligados al Cártel del Pacífico registró una tasa de homicidios de 14.91, ambas entidades recibieron bolsas más cuantiosas que oscilaron entre los 342.6 millones y los 677.7 millones de pesos que se entregaron a la CDMX.
Aunque el índice delictivo es uno de los criterios para la asignación de los recursos del FASP, cuyo incremento general de 19% más de lo asignado en 2022 el cual fue celebrado en diciembre por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Icela Rodríguez al señalar que con la entrega de estos recursos “se fortalecen las capacidades, el equipamiento, la tecnología e instalaciones de las instituciones de seguridad pública”, en la definición de los montos totales las entidades no se vieron beneficiadas por esa variable.
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