Rechaza SFP revelar información patrimonial de Genaro García

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que la información respecto a la evolución patrimonial del exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, acusado en Estados Unidos por cargos de conspiración, narcotráfico y declaraciones falsas, está reservada por un periodo de cinco años.

En respuesta a la solicitud de transparencia con número de folio 0002700043861, que ejecentral hizo a la dependencia encabezada por Irma Eréndira Sandoval respecto al detalle de la evolución patrimonial del exfuncionario, la dependencia rechazó proporcionar la información requerida argumentando que forma parte como “elemento probatorio” en las carpetas de investigación que la Fiscalía General de la República tiene abiertas sobre García Luna.

Aunque la SFP aplazó el tiempo de respuesta al haber solicitado una prórroga, informó que la información requerida estaba incluida en el expediente VP/066/2017, pero como “único periodo localizado” se encontraron los datos patrimoniales del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2010. Aunque la información de Genaro García en el sitio de Declaranet señala que su trayectoria en el servicio público federal se remonta de 1989 a enero de 2013, fecha de su declaración de conclusión.

La información, aclaró la dependencia, se encuentra reservada por un periodo de 5 años toda vez que, forma parte como elemento probatorio en las carpetas de investigación con terminaciones 0001414/2019, 0000029/2020 y 0002142/2019 de la Fiscalía General de la República. Lo cual significa, según la respuesta obtenida, que la información patrimonial de sólo los primeros cuatro de los seis años en los que García Luna se desempeñó como Secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa fue reservada al formar parte de la integración de expedientes abiertos de 2019 a la fecha.

“Asimismo, se encuentra clasificado como reservado, de conformidad con el artículo 110, fracción IX, toda vez que el mismo forma parte del expediente QD/0036/2020, que se encuentra en trámite en el Órgano Interno de Control en esta Secretaría”, señaló la SFP.

No obstante, que en el oficio se sostiene que dicha clasificación fue confirmada por el Comité de Transparencia en su Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el 04 de febrero de 2020, y que el acta respectiva puede ser localizada en el vínculo electrónico que proporcionan; al ingresar al link la última fecha de publicación es del 15 de enero de 2018 y las Actas del Comité de Transparencia sólo están actualizadas hasta 2019.

De acuerdo con los criterios de la propia Función Pública las revisiones de evolución patrimonial se hacen al azar, ante una denuncia o cuando hay indicios de alguna anomalía. Al respecto, en diciembre del año pasado, este periódico semanal público en su tema de portada que Genaro García, quien también fue el director fundador de la extinta Agencia Federal de Investigación de México (AFI) en el sexenio de Vicente Fox Quesada, habría dejado la administración pública con una irregularidad en su patrimonio por 30 millones 212 mil 810 pesos, de los cuales no justificó un “origen lícito”.

La revisión a cargo de la Secretaría de la Función Pública habría detectado ese monto acumulado por 30 mdp, lo cual implicaría una probable denuncia penal por enriquecimiento ilícito en caso de que García Luna no haya justificado. Sin embargo, a la fecha ni la SFP o la desaparecida PGR han dado cuenta del proceso sancionatorio o integración de la respectiva denuncia que se pudo haber generado en contra del exsecretario de Estado.

“Nosotros vamos a ayudar en todo lo que podamos en la investigación, todo lo que nos solicite la fiscalía en el entendido de que se trata de un organismo autónomo. Todo lo que se solicite, sobre todo en movimiento de dinero, en bienes, lo que tiene que ver con inteligencia financiera”, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador en su acostumbrada conferencia mañanera del 11 de diciembre de 2019, cuando fue cuestionado sobre el caso del exsecretario del cual dijo se trataba de la “prueba evidente” de que los líderes del narcotráfico tenían representación y protección de altos funcionarios del gobierno.

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