Se quedó huérfana de madre cuando niña y su padre nunca se hizo cargo de ella. A decir verdad, fue una amiga y vecina de su mamá, quien la educó, alimentó y la sacó adelante. Con el ejemplo de esa mujer y su familia, aprendió que, para progresar, necesitaba honradez, esfuerzo y trabajo arduo.
Después de circular por colegios de monjas y de la asistencia pública y de ayudarse con becas, se tituló como contadora y consiguió trabajo en una empresa automotriz. Ahí, ha logrado ascender en el entramado jerárquico y ahora estudia, en su tiempo libre, una maestría en administración.
Cuando vendió el terreno que heredó a una desarrolladora que construye tiendas de conveniencia y bancos, consiguió una suma que –junto con sus ahorros de dos décadas– le dieron una cierta solvencia para invertir en adquirir una casa o departamento, pues ha comprendido que tener un techo compra seguridad para la vejez (en caso de necesidad extrema se puede robar comida pero no lugar dónde vivir).
Sin embargo, pronto descubrió que los precios de inmuebles en la CDMX son prohibitivos. Ha visto apartamentos de menos de cincuenta metros cuadrados que superan los cinco millones de pesos; no le alcanza y le parece demasiado dinero por poseer una recámara con un baño y sin estacionamiento. Pero como su teléfono (y el nuestro) le escucha, al poco tiempo, navegando por internet, le aparecieron anuncios para invertir en remates inmobiliarios, a precio de ganga, para obtener la propiedad de sus sueños.
Investigó y los remates inmobiliarios son propiedades que alguien compró con un crédito hipotecario y cuyas mensualidades no han podido cubrir. Entonces, después de un tiempo, el banco reclama el bien y lo remata porque los bancos prefieren ceder los derechos, malvenderlos, en vez de tener varios miles de pleitos abiertos por años y que luego les generarán gastos de mantenimiento, desalojos y etc.
Entonces dio click en uno de los links que su teléfono le sugirió y entró en contacto con un bufete de abogados que se dedican a eso. Por teléfono primero y luego en persona en unas instalaciones de primera, le explicaron que tenían varias propiedades en cartera, algunas comenzando las demandas, otras ya más avanzadas, y que de eso dependía el precio.
La convencieron de invertir en algo ya más avanzado, “casi resuelto”: trescientos mil pesos de inicio de trámite que incluye un contrato mercantil ante notario, luego cuatro parcialidades de treinta mil pesos al año hasta que la autoridad ordene el desalojo (máximo dos años, le dijeron), donde ya tendría ella que pagar la escrituración. Sacó cuentas y sin duda le pareció que aquella era la única forma de hacerse de una buena propiedad, considerando que no le urgía.
Resulta, sin embargo, que lleva pagando las famosas parcialidades por ya siete años y nada más le dan largas sobre el avance del juicio. Entonces decidió buscar ayuda de un abogado amigo quien se dio cuenta que la embaucaron: no solo se quedaron con su “enganche” sino que está obligada a seguir pagando 120 mil pesos anuales mientras dure el juicio sobre una propiedad que en realidad, no está en remate. ¿Pero el contrato firmado ante notario? Pues estipulaba que el bufete no controlaba nada del estatus del inmueble en cuestión y ahora, tiene de dos sopas: seguir pagando o incumplir e irse buró de crédito y a juicio contra los que la estafaron. Con razón tan bonitas oficinas y tanto guarura, dice. Ha perdido no sólo lo que le heredó su madre sino aguinaldos, horas extras y ahorros de varios años. Y al parecer, no tiene salida. ¿Y ustedes sabían de esto? ¿En su lugar qué harían?
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