La investigación por lavado de dinero contra el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas, —que ya se había cerrado— dio un gran vuelco. Un juez revocó el no ejercicio de la acción penal. Además, ordenó reabrir la indagatoria contra el magistrado.
Este viernes el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) debe reabrir la investigación contra Vargas Valdez.
La resolución es por considerar que falta agotamiento en la determinación por la que cerró dicha indagatoria.
Posteriormente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dijo en un comunicado, “el juez revocó el No Ejercicio de la Acción Penal para que se continúe la investigación en contra de José Luis ‘N’”, por el probable delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, es decir, lavado de dinero.
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Anteriormente la UIF presentó una denuncia penal contra el magistrado presidente del TEPJF. Esto luego de que encontró que él, así como personas físicas y morales “operan instrumentos financieros y corporativos, donde se identificaron varios depósitos en las cuentas bancarias de un familiar, mismos que no guardan relación directa con lo declarado” ante Hacienda.
La Unidad que comanda Santiago Nieto agregó que pudieron establecer “transferencias con destino al extranjero y constitución de personas morales cuya finalidad no se justifica, al haber funcionado únicamente como captadoras de recursos provenientes de empresas con características de posibles fachada, para posteriormente dejarse sin funcionalidad”.
Posteriormente, se determinó el no ejercicio de la acción penal y la UIF impugnó la resolución. Sin embargo, hoy un juez determinó que la Fiscalía debe reabrir la investigación.
Al respecto el magistrado Vargas se dijo dispuesto a colaborar con las autoridades.
“Mantengo la postura que siempre he sostenido: respeto total a las decisiones del Poder Judicial, aunque en el caso no comparta dicha determinación al considerar que se encuentra plenamente acreditada la licitud mi patrimonio y la plena correspondencia de mis ingresos y egresos antes y durante mi ejercicio como servidor público”, agregó.
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