El huracán Otis ha puesto en evidencia el nivel de exposición a riesgos catastróficos y los altos grados de vulnerabilidad a la que estarán sujetas distintas regiones de nuestro país como resultado de la crisis climática global. También ha demostrado la importancia de desarrollar capacidades institucionales más efectivas para prevenir, preparar a la población y atender la emergencia.
En los últimos días se ha discutido demasiado en torno al impacto inédito resultado del cambio drástico en la intensidad del huracán y la magnitud impredecible de sus consecuencias. Justificar el impacto destructivo y el actuar de la autoridad a partir de la condición inédita de Otis es absurdo porque lo ocurrido obliga a realizar una evaluación crítica y establecer responsabilidades al respecto de a las decisiones que tomaron las autoridades una vez que tenían la información en sus manos y la forma en que reaccionaron —o dejaron de hacerlo—, para proteger a la población y contener las pérdidas y daños.
Pero más allá de eso, como nos han demostrado solo este año, las olas de calor durante el verano, los incendios forestales o las inundaciones en distintas regiones del mundo, los desastres catastróficos “inéditos” son la nueva normalidad en el contexto de la emergencia climática. Infinidad de reportes especializados nos han advertido una y otra vez sobre la forma en que el incremento en la temperatura se traducirá en mayores riesgos, vulnerabilidades y daños. También queda claro que los países en desarrollo son mucho más vulnerables a los efectos destructivos de los desastres naturales, independientemente de cuánto contribuyan a la emisión de los gases de efecto invernadero hacia la atmósfera. Lo verdaderamente anormal es la resistencia de los gobiernos a entender el mensaje y actuar con efectividad para contener daños y proteger a la población.
El punto no es que Otis sea inédito, lo relevante es que no estamos preparados para enfrentar cascadas de riesgo catastrófico y sus consecuencias sociales en el Antropoceno. Hay muchas preguntas fundamentales que debemos responder. ¿Qué tan preparadas están las comunidades urbanas y rurales en nuestro país para enfrentar este tipo de desastres? ¿Qué han hecho los gobiernos de los tres niveles para incrementar las capacidades institucionales, mejorar los protocolos de prevención y respuesta ante desastres, impulsar una adaptación resiliente y garantizar una coordinación efectiva entre niveles de autoridad y entre autoridades y sociedad civil? ¿Se han asignado los recursos presupuestales suficientes para prevenir, responder a emergencias, proteger a la población, reconstruir las pérdidas y daños y reactivar las fuentes de ingresos en el contexto posdesastre? ¿Cómo van a rendir cuentas las autoridades por las decisiones implementadas y los recursos ejercidos? ¿De qué forma la tragedia provocada por Otis puede convertirse en un punto de inflexión para generar cambio institucional y transformación hacia formas de desarrollo sostenible y adaptación justa ante el cambio climático?
Otis podrá será inédito, pero la improvisación, la negligencia, la corrupción y la irresponsabilidad política ante desastres naturales son viejos conocidos nuestros. Cambiar y mejorar nuestras políticas y protocolos de preparación, prevención, respuesta, reconstrucción y adaptación ante el cambio climático es un imperativo. Estamos hablando de impactos directos a la vida de millones de personas, de destrucción de infraestructura y fuentes de empleo y de pérdidas irreparables en la calidad de vida de la población afectada. Con eso no tienen derecho a jugar las autoridades y los partidos.
