Llegó la hora de las campañas electorales. El proceso de selección del candidato presidencial en Morena convirtió la disputa tras bambalinas en una competencia abierta, a pesar de las restricciones establecidas por la legislación electoral. Esta dinámica, como era de esperar, ha obligado a la oposición ha definir su propio proceso interno y jugar el juego de las candidaturas adelantadas, violentando también las reglas del juego electoral.
En los próximos meses, el debate político se reducirá a las propuestas, ocurrencias, golpeteos, bailecitos en TikTok y difusión sin fin de la imagen de los candidatos. Ojalá que al final quedé algo de sustancia en materia de política pública y algunas propuestas plausibles para hacer frente al horror de inseguridad y violencia en que se ha hundido nuestro país.
Lo que habría que esperar de los precandidatos de Morena, más allá del mostrarse como más papistas que el Papa en la defensa discursiva de la 4T, es definiciones políticas claras en torno a los graves problemas que enfrenta el país y que heredarán inevitablemente del actual gobierno.
De la oposición hay que ver si tienen la capacidad para articular una agenda alternativa de gobierno y, con ello forzar, a Morena a entrar a una deliberación objetiva sobre los retos críticos que enfrentará nuestro país en lo que queda de esta década.
Soy escéptico sobre lo que veremos próximamente. Todos quieren ser candidatos, sin importar bajo qué siglas partidistas, pero pocos asumen la responsabilidad de gobernar y rendir cuentas. Mi mayor preocupación: el rol que pueda jugar el crimen organizado en el proceso y que podamos llegar a ver niveles más altos de violencia que los vividos durante las campañas de 2018.
Dejo algunas preguntas que me parece tendrían que estar respondiendo los precandidatos. ¿Cómo piensan contener la extensión que ha alcanzado el crimen organizado en nuestro país? ¿Están de acuerdo en mantener la dinámica inercial de la estrategia de seguridad? ¿Tienen alguna idea razonable para mejorar la protección de la vida y patrimonio de los mexicanos?
¿Qué piensan hacer para reducir en forma significativa la desaparición de personas? ¿Cómo van a coordinar las acciones de las autoridades para que sean más efectivas en la búsqueda de personas? ¿Van a seguir la política evasiva de trasladar la responsabilidad de la búsqueda a las familias de las víctimas?
¿Cómo van a fortalecer las capacidades del sistema penal para garantizar acceso la justicia más expedita? ¿De qué forma se puede mejorar y elevar la interacción entre el ministerio público, las fiscalías y los responsables de la impartición de justicia?
¿Tienen definida una agenda de acciones medibles, verificables y reportables para hacer frente a las consecuencias del cambio climático y la degradación ambiental, que amenazarán la seguridad hídrica y alimentaria e involucrarán mayores niveles de riesgo, daños y vulnerabilidad para comunidades rurales, pueblos indígenas y centros urbanos? ¿Cómo van a fortalecer una política ambiental devastada presupuestalmente a lo largo de los últimos diez años? ¿Vamos a discutir en serio la necesidad de impulsar una transición sostenible y la generación de electricidad con fuentes renovables o nos van a condenar a la misma agenda de adicción a los hidrocarburos?
¿Qué capacidades consideran necesarias para reducir los niveles de impunidad y corrupción que lastran al país y limitan la efectividad de la acción pública? Más allá de usar la corrupción como arma arrojadiza electoral, ¿qué piensan hacer ante los pactos políticos de impunidad y la creciente simbiosis entre organizaciones criminales y autoridades políticas? ¿Cómo reconstruir la capacidad perdida de las instituciones democráticas del Estado y los mecanismos que garantizan contrapesos y rendición de cuentas?
Sólo algunas ideas en el torrente de problemas nacionales urgentes.
