La semana pasada se presentó en Senado el Índice Global de Impunidad Ambiental América Latina (IGI-AMB LATAM 2023), proyecto coordinado por el Instituto de Investigación sobre Administración Pública e Innovación Institucional (APII) de la UDLAP.
El IGI-AMB LATAM 2023 mide niveles de impunidad ambiental en 33 países de América Latina, a través de 52 indicadores desde cuatro dimensiones analíticas: las capacidades institucionales y estrategias intergeneracionales existentes y sus niveles de funcionamiento expresados en degradación y crimen ambiental. Este estudio se enfoca a operacionalizar estadísticamente los problemas involucrados en la justicia ambiental y contribuir a la implementación de instrumentos globales y regionales como el derecho humano al medio ambiente limpio, sano y sostenible, los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS), el Acuerdo de Escazú o los principios de justicia climática integrados en los reportes de evaluación del IPCC.
En una escala del cero al cien, en la que cien es mejor, Chile obtiene el resultado máximo de 64.76 y Surinam el mínimo de 46.09, mientras el promedio se ubica en 54.86. Los países con mejor desempeño son Chile, Ecuador, Costa Rica, Colombia y Argentina y los peor evaluados son Granada, Haití, San Vicente, Trinidad y Tobago y Surinam. México (56.6) y Brasil (54.97), países con mayores niveles de desarrollo y también líderes en emisiones de gases de efecto invernadero, se ubican en una posición intermedia en los lugares 14 y 21, respectivamente. Solo 15 de los 33 países estudiados obtienen un resultado superior a ese promedio, por lo que el desempeño ambiental de los países latinoamericanos es intermedio y refleja desafíos estructurales y funcionales muy complejos para la región.
Destaco tres de las conclusiones principales. En primer lugar, los países pequeños y con menores niveles de ingreso tienden a ocupar peores resultados en el Índice, lo cual está relacionado con la existencia de menores capacidades institucionales y programas de estrategia intergeneracional, como son leyes, instituciones, recursos financieros o políticas públicas en la materia. Esto pone en evidencia los mayores niveles de riesgo y vulnerabilidad que enfrentan este tipo de países a pesar de su mínima contribución histórica a la emisión de gases de invernadero hacia la atmósfera.
En segundo lugar, si bien los países más grandes como México, Brasil o Colombia destacan por contar con mayores capacidades institucionales, obtienen las peores posiciones en las dimensiones de Degradación Ambiental y Crimen Ambiental, lo cual advierte que mayores capacidades no se traducen automáticamente en un funcionamiento efectivo de la política ambiental o capacidad real para proteger a la población. En otras palabras, los países con más desarrollo y recursos son igualmente muy vulnerables por su incapacidad de traducir capacidad institucional en protección del medio ambiente, disfrute del derecho a un medio ambiente sano o contención de impactos catastróficos.
En tercer lugar, la información pública en materia ambiental tiende a ser desigual e inconsistente, lo cual dificulta medir con precisión el desempeño de cada nación. Los países tienden a reportar incluso en forma desigual e incompleta información que es parte de compromisos internacionales adquiridos a través de tratados internacionales y regionales como los ODS. Sin información de calidad no es posible tomar decisiones basadas en evidencia, comparar y compartir buenas prácticas y, mucho menos, proteger a la población más vulnerable ante los riesgos emergentes.
El estudio puede consultarse en libre acceso en https://www.udlap.mx/APII/.
