Me llama poderosamente la atención que nuestro país enfrente una profunda crisis política, económica, social y de seguridad, que se perciba como tal por la sociedad, con la angustia e incertidumbre que involucra, pero que al mismo tiempo no la asumamos y no actuemos en consecuencia. En otras palabras, nos sabemos enfermos política y socialmente, pero vivimos evadiendo y normalizando una realidad patológica destructiva.
El debate político no ayuda mucho a entender la magnitud y responder ante la crisis. En el discurso de la 4T lo que enfrentamos se limita a la turbulencia provocada por la resistencia al cambio. Para la oposición el problema es el proyecto de gobierno. Los síntomas de la crisis, incluyendo las irresponsabilidades políticas y los pactos de impunidad que la retroalimentan, son usados como arma política electoral de uno y otro lado, no como parte del reconocimiento de nuevas formas de hacer política, de la necesidad de deliberar entre grupos políticos para construir acuerdos.
Jared Diamond identifica una serie de factores clave para poder reaccionar y superar una crisis nacional. Los siguientes me parecen especialmente relevantes para nuestro país.
El punto de partida es el consenso y reconocimiento nacional de que estamos enfrentando una crisis. Si bien se han producido infinidad de diagnósticos y mesas de discusión sobre la situación nacional, estamos muy lejos de reconocer que enfrentamos una crisis política y social profunda y que los actores políticos tienen la responsabilidad de acordar y tomar de decisiones para enfrentarla. De igual forma, la ciudadanía tiene, por su parte, la obligación de exigir acción pública y rendición de cuentas. Lo que observamos es que los actores políticos agudizan los diversos efectos de las crisis con sus decisiones, complicidades y omisiones, mientras que la ciudadanía normaliza cotidianamente la irresponsabilidad, la impunidad y la violencia.
Actuar políticamente ante una crisis nacional de gran magnitud implica delimitar los problemas que tienen prioridad, los que pueden atenderse en el corto plazo y requieren atención urgente e identificar aquellos cuya solución provoca un efecto en cascada hacia otras problemáticas. Los recursos públicos y las capacidades institucionales son finitos y los actores políticos tienen la obligación de evaluar críticamente con qué se cuenta, cuáles son las capacidades e instrumentos disponibles y cómo se garantiza que tengan un impacto multiplicador.
Parte del problema consiste en que tenemos una agenda simultánea de problemas públicos y que éstos se agravan ante la irresponsabilidad y la mala calidad de la toma de decisiones, lo cual esto complica definir políticas y cursos de acción prioritarios. Por lo mismo, las malas decisiones, la negligencia y la corrupción tienen efectos exponenciales y multiplicadores de los niveles de nuestra crisis.
Otro factor indispensable es reconocer la experiencia histórica de crisis pasadas y, sobre todo, la forma en que las autoridades fueron capaces de aumentar el margen de maniobra o de enfrentar el fracaso de sus decisiones. Más que reflexionar críticamente sobre nuestro pasado reciente, sobre los aciertos y fracasos de gobiernos y sus decisiones públicas, nuestra historia es un campo de batalla del que cada quien extrae las enseñanzas más convenientes a su agenda política y narrativa. No aprendemos del pasado porque no nos interesa aprender, nos limitamos a abrevar de ideologías y celebrar modelos políticos de cartón-piedra.
El último factor que me interesa destacar es la pérdida de flexibilidad nacional para enfrentar situaciones de crisis como la que enfrentamos. No sólo atestiguamos una destrucción sistemática de capacidad institucional, sino que el arribismo de actores que saltan de un partido a otro, la colusión de autoridades con organizaciones criminales, los pactos de impunidad y los altos niveles de polarización política representan pérdida de margen de maniobra para deliberar y construir acuerdos, la reducción del espacio para articular soluciones factibles.
La pregunta es si ante la inminencia de arranque del proceso electoral, los ciudadanos seremos capaces de obligar a los partidos y sus candidatos a que asuman su responsabilidad de actuar y ofrecer alternativas de gobierno sostenibles, efectivas y justas para enfrentar la magnitud de nuestra crisis. No podemos darnos el lujo de seguir normalizando la degeneración institucional, la descomposición del tejido social y el horror de la violencia. La irresponsabilidad política y la normalización ciudadana nos han costado demasiado. No podemos permitir que nos cuesten más.
