Luego de un cúmulo de errores comunicativos el pasado 17 de octubre, el equipo de comunicación del gobierno federal operó hábilmente para contener los daños del choque entre fuerzas del orden y crimen organizado en Culiacán. Las encuestas levantadas señalan que los voceros oficiales convencieron a una parte de la opinión pública de que más que un desastre operativo y político, en realidad lo ocurrido reflejaba una vocación humanista de paz y la negativa presidencial a permitir la pérdida de vidas humanas.
Hay muchas dudas todavía en el aire, y si bien la narrativa activada a través de medios de comunicación y redes sociales funcionó, el peligro de resolver problemas públicos a través de narrativas, consiste en que quienes las crean pueden terminar por convencerse ellos mismos de que son verdad. Por lo mismo, se pierde la capacidad institucional de aprender de una crisis. Y vaya que en este caso habría mucho que aprender y, aún más, que rectificar.
Independientemente de que la decisión presidencial de suspender el operativo y liberar al detenido (que formalmente no estaba detenido), haya contribuido efectivamente a evitar un derramamiento de sangre dadas las circunstancias (circunstancias creadas por errores estratégicos del operativo mismo), lo cierto es que inevitablemente hay una serie de consecuencias que el gobierno tendrá que enfrentar y que no se resuelven por obra y gracia de una narrativa.
No es lo mismo decidir evitar muertes innecesarias como mal menor, que evitar muertes innecesarias como parte de un enfoque pacifista. Más allá de los juegos pirotécnicos verbales, el gobierno se vio obligado a liberar a un detenido luego de verse rebasado por la capacidad de fuego del crimen organizado y de sufrir la amenaza de ataques sobre instalaciones estratégicas, incluyendo unidades habitacionales.
Más allá de que le pérdida de vidas humanas fue contenida, no podemos ignorar que el Estado permitió que una organización criminal lograra el control de una de las ciudades más grandes del norte del país y pusiera bajo amenaza instalaciones estratégicas como la fiscalía estatal y la zona militar. Quedó demostrado que las fuerzas armadas y las policías pueden ser extorsionadas con ataques enfocados a poner en riesgo la vida de civiles. Se ha sentado un precedente muy peligroso en la interacción Estado-crimen organizado y palabras como toma de rehenes o actos terroristas flotan preocupantemente en el ambiente.
A pesar de los errores cometidos en el operativo y las incoherencias en las explicaciones ofrecidas por el secretario de Seguridad, también quedó en claro que los responsables no enfrentarán los costos políticos de sus decisiones mientras la narrativa permita controlar los daños o para evitar que lo adversarios se lleven un triunfo político. La narrativa permite evadir momentáneamente las consecuencias de un grave error de juicio y de implementación de la política de seguridad; sin embargo, se ha sembrado la semilla de la pérdida de credibilidad nacional e internacional, al igual que se abrió la puerta a la desconfianza entre los miembros del gabinete, lo cual difícilmente mejorará la coordinación y el intercambio de información necesarios.
No es lo mismo intenciones que consecuencias y esto tendría que aprenderlo cuanto antes el gobierno. Se puede tener la intención correcta de avanzar hacia un modelo de seguridad desde un enfoque de paz y no de guerra, pero tanto las cifras de la violencia como los resultados del operativo no advierten que la estrategia no es del todo clara para lograr ese propósito. De igual manera, el operativo nos advierte que, como instrumento para la seguridad, la Guardia Nacional todavía no es efectiva y que, en todo caso, enfrentará una curva de aprendizaje larga que implicará mayores riesgos para la seguridad y tranquilidad de los mexicanos.
Aunque la narrativa haya fomentado el aplauso, las cosas no serán lo mismo después de Culiacán.
