El próximo 22 de noviembre presentaremos en el Senado de la República el Índice de Impunidad Ambiental América Latina 2023 (IGI-AMB LATAM 2023) instrumento de análisis estadístico que mide los niveles de impunidad ambiental en 33 países de la región. Medir comparativamente la impunidad ambiental es muy importante para comprender las brechas existentes entre países en lo que refiere a capacidades institucionales, estrategias de protección ambiental a largo plazo, incidencia de delitos ambientales capacidad institucional, criterios de acceso a la justicia, pero fundamentalmente para identificar la voluntad política para implementar políticas efectivas para proteger el medio ambiente y respetar derechos ambientales. La transmisión del evento se puede seguir en www.youtube.com/live/gdQ3w_XrycO?si=biYl_BDC2s24eCJ1.
Los avances del (IGI-AMB LATAM 2023) fueron presentados en el Foro de la Paz de París (Paris Peace Forum) en noviembre de 2021, destacando como uno de los ocho proyectos latinoamericanos y el único mexicano seleccionados para participar en el Foro y con la satisfacción de haber sido uno de los diez proyectos galardonados ese año.
El estudio de la impunidad ambiental representa un esfuerzo analítico por operacionalizar los retos involucrados en la concepción de la justicia ambiental. El estudio presenta una aproximación estadística para entender los retos de implementación sumamente complejos que se desprenden del cumplimiento de
instrumentos globales y regionales desarrollados para responder a las profundas injusticias ambientales, como son el reconocimiento de derecho humano al medio ambiente limpio, sano y sostenible, los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), el Acuerdo de Escazú o incluso los reportes de evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) a partir del momento que reconocen la importancia de integrar
principios de justicia climática.
Siguiendo los criterios que definimos en el Índice Global Ambiental México 2020 (IGI-AMB MX 2020) (ver https://www.udlap.mx/cesij/files/indices-globales/IGI-Ambiental-2020-UDLAP.pdf), entendemos la impunidad ambiental en un sentido amplio y sustantivo para incluir: 1) la imposibilidad de investigar, perseguir, enjuiciar, sancionar y reparar los delitos y daños en contra del medioambiente, sea esto consecuencia tanto de falta de capacidades institucionales como de voluntad política de las autoridades; 2) la ausencia de aplicación o cumplimiento de objetivos de política ambiental y climática, debido a la falta de capacidades institucionales o de voluntad política, en tanto afectan la posibilidad de proteger efectivamente el medioambiente y garantizar un disfrute pleno del derecho humano a un medioambiente sano, y 3) la inexistencia de estrategias y programas de políticas públicas de largo plazo o intergeneracionales que reduzcan el riesgo de sufrir daño o disfrutar del acceso a recursos naturales para las poblaciones más vulnerables, las futuras generaciones e incluso otras especies.
Una conclusión preliminar de nuestro estudio consiste en que la información oficial en materia ambiental y climática en la región representa un problema crítico. Los datos reportados tienden a ser desiguales e inconsistentes y muchos de ellos se reportan en forma desactualizada. Esto dificulta incorporar indicadores para todos los países y medir con precisión y en forma comparada el desempeño de cada nación, pero, sobre todo, imposibilita diseñar e implementar políticas ambientales efectivas basadas en evidencia. Como nos ha demostrado la tragedia de Acapulco, nuestra región estará sometida a riegos catastróficos y muy altos niveles de vulnerabilidad para los que los países no están adecuadamente preparados, por lo mismo la calidad y confiabilidad de la información resulta un factor crítico tanto para la prevención y la atención posdesastre, como para definir mejores programas de adaptación y transformación ecológica resiliente.
En mi próxima columna compartiré los principales resultados y conclusiones del estudio.
