El Índice Global de Impunidad Ambiental en América Latina (IGI-AMB LATAM 2023) mide los niveles de impunidad ambiental en 33 países de América Latina, fenómeno crucial para comprender las brechas existentes en la capacidad institucional y los retos terriblemente complejos relacionados con la protección del medio ambiente, promover el disfrute de los derechos ambientales y contener los niveles de violencia que en forma creciente se correlacionan con factores socioambientales en la región. México se encuentra prácticamente a la mitad de la tabla, en el lugar 14 y un puntaje de 56.53, ¿por qué obtiene nuestro país ese resultado?
En el análisis de las capacidades institucionales para la política ambiental México (56.6) se encuentra en la segunda posición detrás de Bolivia (58.8) y seguido por Brasil (54.97). En lo que refiere a la existencia de estrategias para hacer frente a problemas de carácter intergeneracional como el cambio climático, México es el tercer lugar (72.7) después de Colombia (77.48) y Chile (73.24). En comparación a otros países de la región, nuestro país destaca todavía por la existencia de capacidades e instrumentos para hacer política ambiental y proteger derechos ambientales. Sin embargo, en degradación ambiental México (45.35) se va al último lugar, superado ligeramente por Brasil (53.95) y Barbados (52.9), mientras que en crimen ambiental, que analiza la problemática de los delitos y daños derivados de la incapacidad de proteger al medio ambiente y a las comunidades, México (51.48) es antepenúltimo, superando solo a Colombia (62.42) y Brasil (48.54). Países con mayores niveles de desarrollo económico y capacidades institucionales como México, Brasil o Colombia, obtienen peores posiciones en las dimensiones de Degradación Ambiental y Crimen Ambiental, lo cual advierte que la existencia de mayores capacidades no se está traduciendo en un funcionamiento efectivo de la política ambiental o de la capacidad real para proteger derechos ambientales de la población.
Ahora bien, el Índice de Impunidad Ambiental México 2020 nos señaló que prácticamente todos los estados de la República Mexicana cuentan con muy pocas capacidades institucionales con un promedio de 25 puntos de 100 posibles, mientras que El IGI-AMB LATAM 2023 destaca a México como uno de los países con mayores capacidades de la región. Esto pone en evidencia que las capacidades institucionales en materia ambiental en México dependen en mayor medida de las capacidades con que cuenta el gobierno federal y algunos estados, pero que no necesariamente se traducen en el mismo nivel de capacidad a nivel subnacional. Hay un problema de desempeño en política ambiental generalizado entre los estados que tiende ha agudizarse ante los recortes sistemáticos de presupuesto que ha sufrido en el sector ambiental a nivel nacional y estatal al menos desde 2012. Sin recursos financieros no es posible crear capacidades institucionales o hacerlas funcionar en forma efectiva y justa.
En síntesis, los datos nos señalan que ni a nivel nacional ni estatal estamos tomando en serio las consecuencias de la crisis ambiental y climática global. No tenemos ni estamos desarrollando las herramientas públicas adecuadas para proteger a los ecosistemas, garantizar el derecho a un medio ambiental sano reconocido en la Constitución, adaptarnos efectivamente a las consecuencias inevitables del cambio climático o proteger a la población vulnerable ante daños y pérdidas derivadas de desastres naturales. Como nos demostró la tragedia de Acapulco, vivimos al borde para niveles de riesgo para los que no estamos adecuadamente preparados.
