Esta semana un grupo de investigadores de la UDLAP y SIMO Consulting presentamos el IGI-MEX 2022, instrumento estadístico diseñado para medir en forma comparada niveles de impunidad entre los estados. Esta es la tercera vez que presentamos este estudio y la conclusión principal es que sigue pasando el tiempo y los niveles de impunidad son sumamente altos en prácticamente en todos los estados. La impunidad sigue siendo un problema terriblemente crítico para nuestro país. Nuevamente, tal como ocurrió en el IGI-MEX 2018, el estado de México destaca por tener los niveles más altos de impunidad.
El IGI-MEX mide la impunidad poniendo énfasis en las condiciones de estructura y funcionamiento de los sistemas de seguridad y justicia, el desempeño de las comisiones estatales de los derechos humanos y la cifra negra. En este sentido, más que centrarse en escándalos como corrupción y captura criminal del Estado o limitarse a la proporción de condenas con relación a los delitos cometidos, tiene un enfoque que busca medir y analizar las capacidades institucionales existentes y su funcionamiento para garantizar seguridad, acceso a la justicia y proteger a los derechos humanos.
Desde que arrancamos nuestros estudios sobre impunidad con la publicación del Índice Global de Impunidad 2015, nos preocupan los muy altos niveles de impunidad que caracterizan a México en comparación a otros países y entre los estados, porque además de imposibilitar el disfrute de los derechos a la seguridad y la justicia, la impunidad multiplica el daño que provocan otras patologías político-sociales como el crimen, la violencia, la corrupción o la exclusión social. Reducir los muy altos niveles de impunidad existentes, tendría que ser un objetivo prioritario de la agenda política nacional considerando los procesos de retroalimentación de deterioro institucional que involucra y la multiplicación del daño que provoca.
Cuando un Estado no cuenta con capacidades institucionales suficientes o estas no funcionan con efectividad, el fenómeno de la impunidad se extiende al mismo tiempo que la sociedad no cuenta con los mecanismos públicos necesarios para reaccionar y contener la degeneración de la vida pública. Muchos de los más graves problemas nacionales se extienden e incrementan su daño, aumentando exponencialmente también el número de víctimas, como resultado de los muy altos niveles de impunidad existentes. En este sentido, una de las formas más perversas que adquieren los pactos políticos de impunidad, consiste en no crear intencionalmente más y mejores capacidades institucionales para combatir patologías como la impunidad y la corrupción, a pesar de que se reconoce discursivamente la gravedad del problema y que existan recursos presupuestales para ello.
Destaco cinco conclusiones del reporte. En primer lugar, seis años después de nuestro primer reporte sobre los niveles de impunidad entre los estados, seguimos observando muy pocas capacidades institucionales para enfrentar la magnitud de los problemas de seguridad, acceso a la justicia o respeto a los derechos humanos. En segundo lugar, si bien hay ligeras mejoras en indicadores como personal existente en las fiscalías estatales o número de jueces por cada 100 mil habitantes, esto refleja avances demasiado lentos en comparación a la magnitud de nuestros problemas de seguridad y justicia.
Tercero, la falta de capacidades suficientes refleja falta de voluntad política para crear condiciones para garantizar mejores políticas de seguridad y acceso a la justicia. En otras palabras, la impunidad es un problema y un acto de injusticia de carácter político. Cuarto, la seguridad y la justicia están correlacionadas, en tanto menos capacidades para garantizar seguridad, imposibilitan a su vez mejorar la procuración e impartición de justicia. Finalmente, los altos niveles de impunidad que caracterizan a nuestro país afectan muchos ámbitos de la vida pública e imposibilitan la consolidación de un Estado democrático de derecho.
El IGI-MEX 2022 puede consultarse directamente en la página https://www.udlap.mx/cesij/
