La COP 27 ha concluido con luces y muchas sombras. A pesar de los acuerdos alcanzados, hay todavía mucha incertidumbre sobre la intención de los países desarrollados por cumplir sus compromisos y, en especial, sobre las consecuencias de no actuar en forma más ambiciosa y acelerada en lo que queda de esta década. Dejo cinco reflexiones sobre los resultados alcanzados y algunos temas pendientes.
En primer lugar, se acordó crear un mecanismo para atender las emergencias denominadas de pérdida y daño que enfrentan fundamentalmente los países pobres y en desarrollo. Este paso es importante para garantizar que los países afectados por graves desastres naturales puedan contar con recursos internacionales para atender a las víctimas y comenzar los procesos de reconstrucción. Hay dos problemas que es necesario, sin embargo, tener en cuenta. En primer lugar, los países desarrollados reconocen la obligación de asistir a quienes sufren daños graves como resultados de fenómenos naturales derivados por el cambio climático, pero esto no implica el reconocimiento de responsabilidades como producto de la injusticia que supone que los países que mayores daños sufren menos emisiones históricas tienen. En segundo lugar, aceptar crear un mecanismo internacional no garantiza que van a fluir recursos suficientes y en forma efectiva hacia los países pobres que más lo necesitan. La comunidad internacional tiene un historial de incumplimiento francamente vergonzoso cuando se refiere a transferir recursos ante el cambio climático.
En segundo lugar, la discusión sobre las implicaciones de justicia climática adquiere relevancia en las negociaciones internacionales. El último reporte de evaluación del IPCC pone en el centro la necesidad de vincular principios de justicia con las definiciones de políticas de mitigación y adaptación de todos los países. Sin embargo, no termina de ser del todo claro cómo van a operacionalizarse estos principios y cómo se garantizará que dichas políticas sean tanto efectivas como justas.
En tercer lugar, la importancia del litigio climático, las denuncias de ciudadanos contra sus propios países por incumplimiento en sus obligaciones de mitigación, también ha adquirido cada vez más relevancia en los debates de la COP. Sin embargo, aun cuando el número de procesos abiertos crece, lo cierto es que esto ocurre fundamentalmente en los países desarrollados y en muy pocas ocasiones en países pobres o en desarrollo. La calidad del Estado de derecho hace toda la diferencia en la posibilidad de los ciudadanos para exigir el respeto al derecho a un medio ambiente sano.
En cuarto lugar, con mucha razón gran parte del debate de la COP 27 se centró en la importancia de transferir recursos de los países desarrollados hacia los más pobres. En este caso lo que es necesario entender es que el problema no se limita a la transferencia en sí, sino que es indispensable que esto se traduzca en la construcción de capacidades institucionales, en la formación de personal capacitado para diseñar políticas de adaptación y protección ante desastres y en mecanismos de rendición de cuentas en los países receptores. Lo peor que puede ocurrir es que el dinero que se transfiera termine alimentando la corrupción y no protegiendo a los más vulnerables.
En quinto lugar, poco se ha discutido de la creciente participación de las organizaciones criminales en los mercados relacionados con bienes naturales. Se requiere comenzar a tratar con más seriedad la problemática del crimen ambiental y el riesgo de que las organizaciones criminales incrementen los niveles de vulnerabilidad de poblaciones locales y pueblos indígenas. En este sentido, la comunidad internacional tiene mucho por hacer y un buen referente lo representa para el caso latinoamericano la firma del Acuerdo de Escazú.
Para cerrar, es importante señalar que todo hace pensar que el modelo de las COP está agotado y que es necesario diseñar procesos de deliberación y negociación más dinámicos e incluyentes. A través de las COP no se va a avanzar mucho en el futuro.
