El ataque cibernético sufrido por la Secretaría de la Defensa Nacional pone sobre la mesa una serie de problemas públicos que tendrían que ser objeto de discusión al interior de las instituciones políticas, derivar en acuerdos entre el gobierno y la oposición para proteger la seguridad nacional y, sobre todo, provocar la indignación de la ciudadanía.
Si bien el debate público ha destacado la profunda vulnerabilidad que demostró el Estado mexicano ante el grupo hacktivista denominado “Guacamaya” y algunos temas se han convertido en cuestionamientos hacia el gobierno, como el estado de salud del Presidente o la contratación de software espía, en realidad no hemos terminado por dimensionar la magnitud del daño que provocó el hackeo y la gravedad de la información que ha sido y seguramente será revelada.
Lo primero que es necesario destacar es que el grupo de hacktivistas fue capaz de acceder a bases de información de una secretaría de Estado que en principio tendría que ser impenetrable frente a este tipo de ataques. Algo se está haciendo muy mal en nuestro país en términos de ciberseguridad y, de hecho, de protección a la seguridad nacional, cuando un grupo de hacktivistas puede acceder a información clasificada que pone en riesgo la integridad del Estado Mexicano.
Si fue posible hackear al Ejército, ¿qué tan vulnerables son en realidad todas las demás instituciones públicas nacionales ante este tipo de ataques? Lo cual nos lleva a plantear otra serie de preguntas: ¿Qué están haciendo las autoridades para proteger la información clasificada o los datos personales de los ciudadanos luego de este ataque? ¿Quién va a asumir la responsabilidad del daño causado por este ataque cibernético y ante el riesgo de que información clasificada o datos personales de los ciudadanos en resguardo de instituciones públicas caigan en manos de redes criminales? Supongo que el Consejo de Seguridad Nacional se encuentra analizando las implicaciones del hackeo y que la Comisión Bicameral del Congreso hará también lo propio.
Lo cual pone sobre la mesa un aspecto no menos importante que las implicaciones de seguridad nacional, las autoridades están obligadas a rendir cuentas ante la gravedad de lo ocurrido y deben garantizar que efectivamente se tomen las medidas necesarias y urgentes para evitar más daño y contener amenazas potenciales. El recurso a Chico Che no es rendición de cuentas, ni tampoco es solución correr a presentar iniciativas de ley para regular la ciberseguridad.
Pero el problema va más allá de las amenazas a la seguridad nacional. Conforme se revela más información, esta refiere a la existencia de actos de autoridad que representan delitos, como el espionaje ilegal a periodistas y activistas, o hacen mención a los probables vínculos entre actores políticos y redes criminales. Estamos hablando que el hackeo revela la comisión de crímenes y delitos desde las instituciones que involucran a autoridades o figuras políticas de diferentes niveles. La pregunten este caso es ¿qué va a hacer el gobierno al respecto? La gravedad de los delitos potenciales involucrados demanda una investigación pública independiente y el consiguiente deslinde de responsabilidades. Minimizar lo ocurrido y no investigar los probables delitos referidos en la información filtrada, significa refirmar los pactos de impunidad, que en este son vínculos y actos de macrocriminalidad desde el Estado.
Finalmente, nuestro país ha caído en un proceso incremental de normalización de la violencia y banalización de la impunidad. Aceptamos resignados la degeneración de nuestras instituciones y la destrucción de la vida pública nacional. La repetición periódica de episodios de violencia extrema o de escándalos de corrupción y vínculos entre actores políticos y organizaciones criminales, no se traduce en indignación ciudadana y repudio a la impunidad. El hackeo a la SEDENA a y la gravedad de la información revelada exigen una respuesta ciudadana enérgica, un ya basta a la fiesta de la corrupción, impunidad e irresponsabilidad política. No hay forma en que las autoridades van a comenzar a asumir su obligación de garantizar condiciones de seguridad y justicia, si los ciudadanos seguimos anestesiados ante el horror de la violencia y la penetración implacable de las organizaciones criminales a todos los ámbitos de la vida nacional.
