¿Debe un gobierno fomentar que los ciudadanos persigan una forma de vida buena especifica? ¿Puede un gobernante democráticamente electo definir criterios o invocar la necesidad de perfeccionar el tipo de vida buena al que aspiran (deben aspirar) los ciudadanos? ¿Es compatible la promoción desde las instituciones del Estado de una forma de vida buena y de moral pública en una sociedad plural? Para gran parte del pensamiento liberal las instituciones del Estado deben ser neutrales en lo que respecta a las aspiraciones y la vida privada de las personas y las comunidades.
Desde esta perspectiva, este enfoque asume que al Estado le corresponde proteger derechos y libertades garantizando condiciones de seguridad y justicia para todos los ciudadanos. La definición de una forma de vida, resulte esta virtuosa o no, corresponde en todo caso al ámbito de la vida privada y la elección individual.
No todos los liberales defienden un enfoque tan drástico para dividir el ámbito de la vida pública y la privada, algunos pensadores destacan la importancia de que las instituciones públicas se diseñen y evalúen respetando valores como la libertad, la justicia, la igualdad de oportunidades, la inclusión, la tolerancia o el reconocimiento a la diferencia.
John Rawls afirmaba que cuando discutimos públicamente la importancia de vivir en una sociedad bien ordenada, lo justo tiene prioridad sobre lo bueno, lo cual implica que las instituciones sociales deben respetar principios de libertad o justicia, pero no determinar el tipo de vida buena al que deben aspirar los individuos o las comunidades.
Otras perspectivas, también liberales, argumentan que no basta con regular a las instituciones a través de principios generales de moral pública, sino que el gobierno debe promover bienestar garantizado el desarrollo de capacidades básicas en la educación, la salud o el trabajo. En otras palabras, es válido aspirar a perfeccionar en alguna medida la vida de los ciudadanos mientras esto suponga garantizar oportunidades iguales para estar bien educados, sanos o con habilidades para desarrollarse en una profesión.
Sin embargo, hay una distinción entre fomentar el acceso y desarrollo de capacidades con relación a determinados bienes públicos y aspirar a definir el tipo de vida buena al que deben aspirar las personas.
Podemos seguir así al infinito, la relación entre moral pública y privada en la construcción del orden político y la aspiración política a perfeccionar a los ciudadanos desde una concepción particular de lo bueno, ha generado tensiones y conflictos a lo largo de toda la historia de las ideas políticas.
Lo que sin embargo parece claro, es que la promoción de una forma de vida buena particular desde las instituciones del Estado es incompatible con una sociedad democrática plural. No corresponde a un gobierno democrático definir cómo y de acuerdo con qué valores deben vivir los ciudadanos su vida privada, ni tampoco es parte de sus funciones iluminar el camino a la vida buena y virtuosa.
Hay principios de moral pública que tendríamos que discutir en México como parte de una deliberación pública razonada. Sería importante discutir con seriedad la importancia de compartir y aplicar a nuestras instituciones principios comunes de libertad, justicia, igualdad de oportunidades, acceso a recursos, responsabilidad política o seguridad pública.
Corregir las aspiraciones correctas o incorrectas de las clases medias, señalar la existencia de individualismo en la sociedad o promover algún tipo de creencia religiosa, no son ni pueden ser objeto de las funciones de un Estado democrático. En todo caso, corresponde al gobierno formular e implementar políticas públicas para garantizar un desarrollo económico más justo e inclusivo y de esa forma permitir que todas las personas aspiren a la forma de vida que mejor les convenga o que deseen seguir. Más que cuestionar las supuestas aspiraciones e individualismo de las clases medias, corresponde al gobierno generar condiciones para que todos los ciudadanos puedan aspirar a una vida más próspera y segura.
La vida democrática no es ni puede ser un castillo de la pureza. El gobierno no es ni puede ser el promotor de una visión particular de la vida buena. La historia política del Siglo XX nos enseña que el camino político empedrado de las buenas intenciones del perfeccionamiento moral, suele terminar en los infiernos de la persecución, la intolerancia y el autoritarismo.
El camino al que tendríamos que aspirar y defender es el de la justicia, la libertad y la democracia plural, ruta que además nos urge comenzar a empedrar con principios de responsabilidad política.
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