Cuando hablamos de acciones de política pública para contener los efectos inmediatos ante el cambio climático, la referencia inmediata analizar cómo esto con que estamos haciendo para desarrollar programas de mitigación y estrategias de adaptación. El problema es que damos como evidente que las cosas van a ocurrir si los programas están correctamente diseñados, sin poner en igual consideración que requiere de financiamiento suficiente y oportuno, en especial para los países con menores niveles de desarrollo o más vulnerables.
El Acuerdo de París establece como uno de sus compromisos más importantes la transferencia de 100 billones de dólares anualmente desde los países industrializados para que los países en desarrollo puedan cumplir sus compromisos nacionales de mitigación y poner en marcha estrategias efectivas, plausibles y justas de adaptación. Sin embargo, estos compromisos no se han cumplido, y todo hace pensar que no se cumplirán por completo, en parte por el pretexto de las consecuencias económicas de la pandemia y de la guerra en Ucrania.
La organización Oxfam ha publicado recientemente un reporte para evaluar el grado de cumplimiento de los compromisos que, voluntariamente, adquirieron los países industrializados. La conclusión es que, aun considerando la generosidad con la que los países desarrollados suelen autoevaluar el cumplimiento de su propia responsabilidad de transferir recursos, hay por lo menos un atraso de tres años en la implementación de estos compromisos. Si sumamos la falta de cumplimiento de obligaciones financieras al lavado de cara climática para los países productores de petróleo en que se han convertido recientemente las COP, las negociaciones climáticas internacionales están perdiendo toda sus credibilidad justo cuando es urgente aumentar la ambición de las metas de mitigación y poner recursos sobre la mesa para reparación ante pérdidas y daños en los países con menores recursos o que enfrentan mayores riesgos.
De acuerdo con los datos de Oxfam, los países desarrollados afirman haber entregado hasta 83.3 billones de su compromiso anual de 100 billones, pero de estos solo puede comprobarse entre 21 a 24.5 billones y el valor financiero neto de las transferencias equivale a menos de la mitad de lo reportado. Hay claramente un problema de transparencia y doble contabilidad.
La complejidad y los dobles discursos sobre los compromisos climáticos internacionales se refleja en la forma específica que adquieren las transferencias de recursos. De los recursos transferidos sólo una cuarta parte representa donaciones o subvenciones, el resto son préstamos que, de acuerdo con Oxfam, en muchas ocasiones involucran costos e intereses por encima del mercado. De hecho hasta 50 % de los recursos que se han enviado a los países menos desarrollados representan, al igual que una tercera parte de lo que reciben países insulares, muchos de ellos en riesgo de desaparecer.
En términos de prioridades, los países desarrollados transfieren 59% de los recursos para objetivos de mitigación y solo 33 % para necesidades de adaptación. A lo que hay que añadir que todavía no hay fondos específicos para atender pérdidas y daños y es difícil pensar que serán efectivos y que tendrán un sentido de justicia climática retributiva.
La tragedia del cambio climático implica que los países menos desarrollados y que menos emisiones de gases de efecto invernadero producen, son quienes enfrentan mayores riesgos y vulnerabilidad. Pero lo más grave, es que no tienen acceso oportuno y suficiente a recursos financieros para adaptarse y reponerse del daño causado por desastres naturales. En el corazón del debate climático internacional hay mucha hipocresía y mucha injusticia.
