Esta semana se ha ratificado el Acuerdo de Escazú, instrumento regional que tiene como objeto garantizar acceso a la información, espacios de participación social y protección de derechos de las personas y los defensores ambientales, entre otras cosas. El acuerdo pone en el centro del debate la necesidad de que los Estados desarrollen capacidades institucionales y asignen recursos para la justicia ambiental y el respeto a un derecho al medio ambiente sano. De igual forma, dar seguimiento a lo que los Estados se han comprometido y evitar que todo quede en el papel, requiere de mecanismos de seguimiento y evaluación de la toma de decisiones en materia ambiental.
En este contexto, la propuesta de Índice de Impunidad Ambiental (IGI Ambiental) que presentamos Celeste Cedillo, Azucena Chaídez y un servidor, propone una metodología que, siguiendo las ideas desarrolladas en el IGI, busca medir comparativa y cuantitativamente por un lado las acciones de gobierno, capacidades institucionales, delitos y daños ambientales y por otro, la existencia, estrategias y programas ambientales entre las entidades a nivel nacional en México.
Desde un enfoque que se nutre de la justicia ambiental y el derecho al medio ambiente sano, retomamos una definición amplia de impunidad ambiental que integra: 1) la imposibilidad de investigar, perseguir, enjuiciar, sancionar y reparar los delitos contra el medio ambiente; 2) la ausencia de aplicación o cumplimiento de objetivos de política ambiental y climática, y; 3) la inexistencia de estrategias y programas de políticas públicas de largo plazo o intergeneracionales.
A partir de esta definición, que entiende que la problemática del delito y daño ambiental va más allá de los delitos tipificados en las leyes, se integran cuarenta y dos indicadores concentrados en cuatro dimensiones analíticas: capacidad institucional (estructural), degradación ambiental (funcional), crimen ambiental (funcional) y estrategia intergeneracional (estructural). Dimensiones que tienen un peso idéntico en los resultados independientemente del número de variables que contengan, por lo que el valor máximo posible que puede alcanzar una entidad es de 4 que correspondería con el 100%, mientras en lo particular cada dimensión obtiene un valor equivalente a 1.
Los resultados del IGI Ambiental se enfocan a entender el desempeño por entidad, sin embargo, debemos entender que la responsabilidad de proteger el medio ambiente es compartida e involucra la concurrencia y la definición de políticas ambientales en forma multinivel entre los tres órdenes de gobierno.
Los resultados nos señalan que el desempeño de todas las entidades se encuentra por debajo de la mitad del puntaje máximo que podrían alcanzar. El promedio nacional es sólo de 1.93, el caso mejor evaluado (Durango) alcanza 2.31 y la peor posición (Colima) se encuentra en 1.59 del máximo posible de 4 puntos. Esto implica que la política ambiental es débil en todas las entidades y que no cuentan con las suficientes capacidades para proteger ecosistemas, evitar la degradación de recursos y capital natural y garantizar el derecho a un medio ambiente sano.
Algunas conclusiones: Más que la posición de cada entidad en el ranking, los datos nos advierten que la política ambiental no se toma en serio o no es una prioridad. La crisis ambiental y climática global exigen que los órdenes de gobierno definan políticas ambientales más ambiciosas y mejor implementadas, con resultados que puedan ser medibles, verificables y reportables.
Sin recursos presupuestales no es posible tener capacidades ni implementar una política ambiental efectiva a nivel federal.
En este sentido, es indispensable que la federación y las entidades federativas incrementen significativamente los presupuestos designados para atender las necesidades del sector ambiental y garantizar el disfrute del derecho al medio ambiente sano.
Requerimos mejores fuentes de información ambiental, pues los datos existentes sobre el sector ambiental son desiguales, se reportan con inconsistencias o en forma incompleta. Recomendamos desarrollar un modelo de información como el Censo Nacional de Política Ambiental Federal y Estatales y de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos Ambientales Estatales, que nos permita contar con datos confiables, oportunos, periódicos y estandarizados. De igual forma, nos parece indispensable el desarrollo de un sistema de evaluación estatal de resultados de las estrategias y programas ante el cambio climático, para evitar que las estrategias y programas estatales sean solo de papel y carezcan de efectividad ante los efectos del cambio climático.
Nuestro estudio se puede consultar y descargar aquí.
