Esta semana tuvo lugar el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, lo cual es auspiciado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) con el objetivo de promover criterios de buena gobernanza global y estrategias nacionales para reducir la pérdida de vidas humanas, el número de comunidades afectadas y pérdidas económicas relacionadas con los desastres naturales, eventos destructivos que en forma creciente están relacionados con la crisis ambiental global o emergencias sanitarias como la que enfrentamos actualmente.
En este contexto, vale la pena revisar algunos datos presentados esta misma semana por la UNDRR y el Swiss Re Institute sobre la dimensión de los riesgos ambientales que enfrenta la humanidad en el comienzo de la tercera década del siglo XXI y sus consecuencias potenciales para las comunidades humanas.
En el reporte Costo Humano de los desastres, donde se analiza el impacto de diversos tipos de desastres ocurridos durante las últimas dos décadas, la UNDRR advierte que la emergencia por eventos naturales y climáticos de índole catastrófica ocurre con mayor frecuencia en el siglo XXI.
De los siete mil 248 desastres registrados entre 2000 y 2019, seis mil 681 corresponden a eventos relacionados con factores climáticos, principalmente tormentas e inundaciones, en comparación con los tres mil 656 ocurridos entre 1980 y 1999.
De acuerdo con los datos presentados en este reporte, el aumento en la ocurrencia de desastres naturales afectó a 4.2 billones de personas, mientras que alrededor de 1.23 millones de personas fallecieron y se documentaron pérdidas económicas equivalentes a 2.97 trillones de dólares.
Los tres principales desastres que han afectado a las comunidades humanas han sido inundaciones (41%), sequía (35%) y tormentas (18%). Mientras que la pérdida de vidas humanas está relacionada principalmente con las consecuencias de terremotos (58%), tormentas (18%) y temperaturas extremas (13%).
Los países asiáticos concentran a la población que está mayormente afectada por la incidencia de desastres, como China, India, Filipinas o Bangladesh, aunque también destacan los Estados Unidos y Brasil en el continente americano.
Paradójicamente, algunos de estos países han asumido estrategias diplomáticas que han contribuido a la poca ambición e inefectividad de los acuerdos climáticos globales.
Paralelamente, el Swiss Re Institute advierte que 55% del PIB global depende del funcionamiento de los sistemas de biodiversidad y servicios ecosistémicos, en especial seguridad en el acceso al agua, provisión de alimentos y calidad del aire, los cuales tienen adicionalmente un impacto muy significativo en los servicios de salud. Sin embargo, una quinta parte de los países enfrentan actualmente reducciones alarmantes en su biodiversidad y riesgos de colapso en sus ecosistemas.
Los datos advierten un profundo declive en los niveles de biodiversidad en África, Asia, América del Norte y Oceanía. En el top 20 de países con mayor declive en su biodiversidad y servicios ecosistémicos, destacan países como Australia, España, India, Israel, México, Paquistán, Sudáfrica y Turquía, mientras que si bien Brasil, Colombia, Perú e Indonesia se encuentran entre quienes mantienen el mayor porcentaje de su biodiversidad y ecosistemas intactos, aunque su alta dependencia a la extracción de recursos naturales supone fuertes presiones y una grave amenaza para la biodiversidad.
Los diferentes estudios y reportes publicados señalan que estamos cerca de un punto de no retorno y que la destrucción acelerada de la biodiversidad del planeta retroalimenta la vulnerabilidad de las comunidades humanas en diferentes regiones del planeta.
Sin embargo, la investigación científica ya ha hecho su parte para documentar el nivel de riesgo catastrófico que enfrentamos, el problema de fondo radica en la indecisión de la comunidad internacional para definir e implementar con efectividad y justicia acciones medibles, verificables y reportables. Es la indecisión, la competencia y la demagogia política es lo que agudiza el riesgo de catástrofe y sus consecuencias económicas y sociales.
