Los compromisos regionales ante el cambio climático se incorporaron como parte de la agenda de trabajo de la Cumbre de líderes de América del Norte. No creo que el tema tenga el más alto nivel de prioridad en comparación con la problemática migratoria y el tráfico de fentanilo para Biden o el debate sobre integración latinoamericana para López Obrador, pero su inclusión y posterior seguimiento sin duda son buenas noticias.
La región se ha caracterizado por las políticas contradictorias que han seguido los tres países en las últimas décadas y los bandazos provocados por los cambios de gobierno. Canadá se ha destacado por su participación en el Grupo Paraguas, también conocido como las cajas de jugo (JUSCANZ) por las siglas de los países desarrollados que lo conforman, el cual destaca por su tendencia a evitar compromisos más ambiciosos de mitigación y financiamiento a la adaptación en países pobres. Estados Unidos, por su parte, nunca ratificó el Protocolo de Kyoto y durante la presidencia de Trump decidieron abandonar el Acuerdo de París. En el caso de México, si bien históricamente se ha caracterizado por el impulso a las negociaciones climáticas, la apuesta por mantener anclada la matriz energética en los hidrocarburos imposibilita el cumplimiento de los compromisos de mitigación nacionalmente determinados.
La experiencia del pasado nos advierte que más allá de las buenas intenciones, los resultados electorales pueden mover la agenda climática en reversa. El desarrollo de una agenda de mitigación, adaptación y financiamiento común en la región, representaría un pasó muy significativo con impacto adicional tanto en el hemisferio como en el desarrollo de las futuras cumbres climáticas. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho.
Un primer problema lo representa todavía el peso de los combustibles fósiles en la generación y el comercio de energéticos en la región, acompañado de los intereses de agencias de gobierno y empresas productoras que obstaculizan cambios significativos en las políticas públicas. Las reservas probadas de hidrocarburos de Canadá dependen de arenas de alquitrán altamente contaminantes. Las decisiones del gobierno Federal en los Estados Unidos no impactan necesariamente en las definiciones políticas de estados bajo control republicano y tradicionalmente extractores de petróleo y gas, como es el caso de Texas. Mientras que México ha puesto freno de mano a una transición hacia renovables de por sí demasiado lenta, para regresar a la promoción de los hidrocarburos como motor del desarrollo nacional.
Mientras no haya compromisos de mitigación más ambiciosos, una agenda de descarbonización de la economía y la sustitución de hidrocarburos por fuentes renovables, la agenda climática regional será poco efectiva y poco más que acuerdos de papel.
El segundo problema es que se requiere la definición de objetivos de adaptación y transformación sostenible comunes entre los tres países y que, además tengan un impacto transformador en América Central. La adaptación es costosa, está sujeta a retos de implementación y evaluación constantes y, ante escenarios de daño catastrófico, los proyectos desarrollados pueden resultar irrelevantes ante la magnitud de los desastres naturales o los procesos de degradación graduales pero sostenidos. Considerando las características de las economías de los tres países, ¿estarán dispuestos Canadá y Estados Unidos a financiar la adaptación y transformación sostenible en la región?
El tercer problema inmediato consiste en que una agenda de acciones ante el cambio climático no puede separarse de la protección del medio ambiente, de la contención de la destrucción de biodiversidad y degradación de ecosistemas. Y el problema es mayúsculo para México en este caso. En la última década el presupuesto para el sector ambiental se ha reducido por encima del 60%, disminuyendo con ello las capacidades institucionales y el personal especializado para diseñar e implementar políticas de protección al medio ambiente. Sin capacidades institucional y recursos presupuestales, las intenciones ambientalistas oficiales se reducen a mucho ruido y pocas nueces.
Finalmente, la protección ante el cambio climático y en general del medio ambiente, necesariamente pasan por una discusión regional sobre el impacto de prácticas extractivas y megaproyectos de desarrollo, lo cual involucra poner el centro los derechos de pequeñas comunidades y pueblos indígenas. ¿Estará Canadá dispuesta a incorporar a la agenda las consecuencias de la minería en territorios indígenas? ¿Estará México dispuesto a aceptar y discutir las consecuencias socioambientales de proyectos como el Tren Maya?
Habrá que ver si la agenda climática regional se traduce en acciones relevantes medibles, verificables y reportables o si todo queda en gesto de relaciones públicas para aderezar los temas realmente centrales de la Cumbre.
