Durante la primera semana de actividades de la COP 27, iniciada el pasado 6 de noviembre, se perfilaron los temas que definirán alcance de las discusiones durante esta semana en que en principio se espera se logren acuerdos. Más allá del debate de la COP 27, esta agenda temática determinará en los próximos años también el tono del debate climático global y las exigencias de los países en desarrollo.
El tema dominante en la agenda es la necesidad de aumentar la ambición de los compromisos de mitigación establecidos por cada país, de tal forma que puedan evitarse escenarios de aumento en la temperatura por encima de 2ºC y preferentemente menores a 1ºC. Sin embargo, tanto las estimaciones del IPCC, reportes publicados en las últimas semanas, al igual que cálculos realizados por científicos y especialistas en el contexto de la COP, advierten que la meta del 1.5ºC parece ya inalcanzable en estos momentos y que cumplir con menos de 2ºC requerirá de esfuerzos de descarbonización drásticos sin precedentes para los cuales no hay un consenso entre la comunidad internacional. El panorama es muy oscuro y el tiempo se agota.
El segundo problema crítico radica en el incumplimiento del compromiso por parte de los países desarrollados de transferir recursos hacia los países en desarrollo en el orden de al menos 100 billones de dólares al año. Conforme se hace evidente que se incrementa el nivel de riesgo y vulnerabilidad derivados de los aumentos en la temperatura global, los países en desarrollo requieren diseñar e implementar acciones de adaptación y transformación para los cuales no tienen recursos suficientes. Lo que los países en desarrollo han reclamado la primera semana de la COP 27, es que la adaptación es urgente y exige flujos financieros comprometidos, pero que no se han puesto sobre la mesa todavía. Lo delicado es que no queda claro cuándo y cómo se hará, pues la amenaza de recesión económica y la invasión ilegal a Ucrania aumentan la incertidumbre en torno al flujo de recursos en forma oportuna hacia los países en desarrollo.
Pero la discusión sobre las consecuencias sociales inevitables del aumento en la temperatura, ha rebasado la agenda enfocada en adaptación oportuna para entrar al terreno del daño y pérdida. Es cada vez más evidente que conforme nos alejamos de la meta del 1.5ºC y el riesgo de daño catastrófico se incrementa, la adaptación deja de ser una alternativa posible en diferentes regiones y países. Ante el nivel de daño ocurrido recientemente por inundaciones en Pakistán y Nigeria, adquiere más relevancia la pregunta ¿quién pagará por la destrucción que deje a su paso fenómenos meteorológicos más frecuentes y extremos y que arrojan a mayores niveles de marginación a la población más vulnerable? El problema de la injusticia que suponen los impactos destructivos que tienen lugar en países que no han contribuido significativamente en las emisiones históricas, entra de lleno y con un tono más agresivo a los debates y las negociaciones climáticas globales. Sin embargo, no es claro que los países desarrollados vayan a asumir fácilmente esta responsabilidad.
Finalmente, a la par que las emisiones siguen aumentando también han crecido exponencialmente las utilidades de las que obtienen las grandes compañías dedicadas a la explotación de combustibles fósiles. Más que una contradicción, esto pone en evidencia el doble discurso predominante en muchos países desarrollados respecto de la necesidad de reducir los niveles de emisiones globales. No es gratuito que las discusiones se orienten ahora sobre nuevos impuestos a la explotación de hidrocarburos y sus utilidades o que incluso se hable de la necesidad de establecer un tratado de no proliferación de combustibles fósiles que incluya sanciones efectivas por incumplimiento.
El debate comienza a cambiar y los países en desarrollo comienzan a perder la paciencia. Habrá que ver si los países desarrollados están dispuestos a dar un paso decisivo en los próximos años hacia una reducción acelerada de las emisiones globales y cumplir sus compromisos de financiamiento.
