La próxima COP28, que comenzará el próximo 30 de noviembre en los Emiratos Árabes Unidos, está marcada de inicio por la falta de credibilidad.
En un momento definido por la insuficiencia de los compromisos nacionales para reducir las emisiones de gases de efecto y la apuesta ya ni siquiera simulada por extender por más décadas la explotación de combustibles fósiles, a los países miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático les pareció buena idea organizar esta cumbre en un país productor y poner al frente al CEO de una empresa petrolera.
Solo hace unos cuantos meses atrás, el IPCC, órgano encargado de revisar y sintetizar los conocimientos sobre la evolución del cambio climático y sus impactos sociales, publicó su sexto reporte de evaluación en el que advierte que la brecha de oportunidad para contener el aumento en la temperatura global se cierra ante los reducidos niveles de ambición de la comunidad internacional. El escenario es de aumentos en la temperatura por encima de 2.6º C y muy altos niveles de vulnerabilidad para al menos 60 % de la población del planeta, principalmente los más pobres.
La gravedad de la situación nos llevaría a pensar que no es momento para hacer lavados de imagen verde para los países productores de petróleo o para afirmar una política de inacción climática ya sin ni siquiera sonrojarse. Pero los miembros de la comunidad internacional tienen otra agenda y defienden otros intereses. La pregunta es si las organizaciones de la sociedad civil, los especialistas en política climática y los países verdaderamente comprometidos o al menos preocupados por las consecuencias de la emergencia climática, no tendrían que estar boicoteando la celebración de una COP que luce más que nada como una celebración de la explotación de los hidrocarburos.
En medio de este absurdo, tres tendencias serán muy importantes en las negociaciones, aunque difícilmente arrojarán resultados importantes. Primero, la necesidad de aumentar en forma acelerada los compromisos nacionales de mitigación, en especial las obligaciones de países desarrollados y aquellos que viven procesos acelerados de crecimiento. Lo comprometido en el Acuerdo de París simplemente no suma para contener el aumento de temperatura por debajo de los 2º C y, por lo mismo, todo lo demás es fútil.
Segundo, los países en desarrollo enfocarán sus baterías a garantizar que se implementen en forma efectiva los compromisos de financiamiento para la adaptación y que termine de estructurarse el mecanismo para pérdidas y daños, acompañado por su puesto con fondos suficientes para impulsar procesos de reparación ante la destrucción provocada por desastres naturales. Estos debates van a provocar chispas.
Finalmente, el IPCC ha puesto sobre la mesa la necesidad de articular la política climática global integrando principios de justicia climática distributiva, procesos y de reconocimiento de pueblos originarios. La legitimidad de las acciones climáticas y sus resultados dependen ahora también de cómo se integren estos principios, sin embargo, el IPCC no es claro al definir su sentido y alcance, por lo que depende de las expectativas de los países en desarrollo y las responsabilidades (no muchas) que los países desarrollados decidan asumir. Debate que dejará discusiones interesantes pero pocos resultados efectivos.
Como puede verse, la COP28 enfrenta una agenda compleja que requiere de soluciones más efectivas en forma urgente, pero hay que esperar pocos resultados y compromisos volátiles ante una cumbre marcada de inicio por la simulación climática.
