Tal como se esperaba, y favorecido por los resultados de la elección extraordinaria en Georgia, Joe Biden ha firmado el regreso de su país al Acuerdo de París entre sus primeros actos. Esto representa una decisión sumamente relevante desde el punto de visto político, el que Estados Unidos, uno de los dos países con mayores emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a nivel global, se mantuviera fuera del Acuerdo implicaba prácticamente la muerte por irrelevancia de este instrumento.
Recientemente, el zar climático estadounidence, John Kerry, afirmó en la cumbre de adaptación global: “Estamos orgullosos de estar de regreso. Regresamos con humildad después de una ausencia de cuatro años y haremos todo lo que esté en nuestras manos para compensarlo”.
Anuncio que corre de la mano del reconocimiento explícito de que la humanidad atraviesa con una situación de “emergencia climática”, palabras usadas por el propio John Kerry, y la intención explícita de la administración Biden de asumir un liderazgo activo que impulse una acción climática más ambiciosa a nivel global.
Desde el punto de vista político y simbólico, la decisión ejecutiva que revierte la inacción climática trumpista es indudablemente muy relevante. No es posible avanzar en una mitigación más efectiva de GEI y en la contención de los efectos inevitables del aumento en la temperatura sin la participación de Estados Unidos. Sin embargo, a inicios de la tercera década del siglo XXI, en el arraque del periodo de cumplimiento de los compromisos nacionales del Acuerdo de París, se requiere que se las decisiones y declaraciones políticas se traduzcan en medidas más agresivas en el terreno de la política pública, que sean además medibles, verificables y reportables con transparencia.
Kerry anunció también que Estados Unidos prepara un nuevo plan nacional de acción climática en el que revisarán los compromisos de mitigación suspendidos por Trump. En este sentido, tal vez la declaración más importante sea que Estados Unidos tiene la intención de impulsar un compromiso global que permita aspirar a una reducción neta cero de emisiones hacia mitad de siglo en la próxima COP 26 se celebrará en Glasgow, Escocia.
En el camino prevalecen algunos obstáculos importantes. En estos momentos los compromisos de mitigación asumidos durante el Acuerdo de París son insuficientes para cumplir el objetivo de evitar aumentos en la temperatura por encima de los 2 ºC, por no señalar la meta más ambiciosa de contener el aumento de la temperatura en 1.5 ºC.
¿Cuántos países desarrollados o en desarrollo con altos niveles de emisiones estarán dispuestos a reducir sus emisiones de CO2 en un contexto caracterizado por la necesidad de generar crecimiento económico y recuperación de empleo? ¿Estarán dispuestos a cooperar países que han mostrado una actitud ambigua al respecto, como Rusia?
De igual forma, cumplir los diferentes mandatos del Acuerdo de París pasa por activar la transferencia de 100 billones de dólares al año hacia países pobres y en desarrollo para favorecer acciones de mitigación y adaptación, ¿están dispuestos a cumplir los países desarrollados este compromiso financiero en los próximos años? Sin estos recursos, todas las declaraciones y compromisos quedan como mucho ruido y pocas nueces.
Finalmente, llegó el momento de discutir con más seriedad la necesidad de nuevos mecanismos de facilitación a los procesos de mitigación y financiamiento, como lo representa un impuesto global a las emisiones de GEI que pueda distribuirse en favor de los países más pobres.
El regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París representa un paso muy importante para activar la acción climática global, asumiendo plenamente las condiciones de emergencia climática que enfrenta la humanidad, pero solo es el primer paso.
Ahora hay que ver si Estados Unidos tienen la capacidad de liderazgo para movilizar a la comunidad internacional hacia compromisos más ambiciosos y acciones urgentes más efectivas en los próximos meses.
