El sexto ciclo de evaluación del IPCC (AR6) nos ha advertido de la magnitud que toma la crisis climática y los retos monumentales que enfrentará la humanidad para contener las consecuencias de un mundo más caliente por encima de 2ºC promedio.
Entre las principales conclusiones, destaca que los compromisos que han asumido los países en forma voluntaria son insuficientes para evitar aumentos por encima de los 2ºC, por no decir de la meta más ambiciosa de 1.5ºC.
De hecho, el escenario más plausible ronda los 2.6ºC, con lo cual hasta 60% de la población mundial enfrentaría el riesgo de sufrir daños catastróficos y dificultaría aún más garantizar procesos de adaptación efectivos.
Sin embargo, más allá de los escenarios generales, el IPCC alerta sobre las consecuencias muy graves en el funcionamiento y la dotación relacionada con bienes vitales, como el agua, los alimentos, la agricultura, la salud o la energía.
En el caso del agua, ésta adquiere en carácter central como factor de vulnerabilidad y multiplicador de riesgos, en tanto está interrelacionada con el funcionamiento de otros sistemas vitales.
Al respecto de la amenaza en disponibilidad y acceso al agua, el IPCC advierte que la intensificación de los cambios en el ciclo hidrológico comienza a afectar en forma visible aspectos físicos de la seguridad del agua, agudizando problemas sociales preexistentes y vulnerabilidades causadas por otros factores ambientales.
En especial, las inundaciones de gran impacto y las sequías más intensas se han vuelto más observables como eventos y daños extremos derivados específicamente del cambio climático humanamente generado.
Alteraciones con efectos irreversibles en muchos casos que tienen impacto en la vida de personas y comunidades, en especial las previamente vulnerables por motivos socioeconómicos, pero también en ecosistemas y especies como resultado de altos niveles de degradación ambiental y cambios en el uso del suelo.
Algunos datos: se espera que entre tres y cuatro billones de personas enfrentarán problemas graves de escasez de agua hacia 2050 si la temperatura aumenta entre 2 y 4 grados; el flujo de las cuencas hidrográficas se reducirá entre 42 y 79 % en la segunda mitad del siglo; la población global expuesta a periodos largos de sequía aumentará hasta 8 % en este siglo; los impactos económicos se acercaría al 1 % del PIB, sin contar los efectos de escasez de agua en los alimentos o la energía o el impacto en centros urbanos; las alteraciones a ciclos de los ecosistemas son difíciles de calcular, pero se incrementaría con la temperatura el nivel de daños y alteraciones de carácter irreversible.
De igual forma, no es seguro que la adaptación funcione con efectividad y justicia más allá de 2ºC o que puedan cumplirse con los objetivos para el desarrollo sostenible, con lo cual se incrementaría la población vulnerable.
Lo importante de la perspectiva del IPCC va más allá de los datos y las proyecciones, sino que refiere al cambio de enfoque y los retos que esto involucra.
Más allá de un problema de escasez de agua, entendido como desajuste entre la demanda de agua dulce y su disponibilidad, cuantificada en niveles y términos físicos, o de estrés hídrico, cuando en un periodo determinado la demanda en un periodo resulta más alta que su disponibilidad por factores como la extracción excesiva o restricciones por baja calidad, en realidad debemos entender que estamos ante una emergencia propiamente de seguridad hídrica.
Para el IPCC la seguridad hídrica se entiende como “la capacidad de una población para salvaguardar acceso sostenible a cantidades adecuadas de agua de calidad aceptable para sustentar los medios de subsistencia, el bienestar humano y las condiciones socioeconómicas y desarrollo, para garantizar la protección contra la contaminación transmitida por el agua y desastres relacionados con el agua, y para preservar los ecosistemas en un clima de paz y estabilidad política”.
Más que cuantificar niveles de agua disponible o fluctuaciones entre oferta y demanda, la seguridad hídrica supone reconocer que estamos ante un problema que tiene componentes físicos, ambientales y socioeconómicos más amplios, que involucra desarrollar capacidades institucionales y políticas públicas que abarquen el acceso a los servicios de agua, calidad del agua, las inundaciones, impacto en ciclos y ecosistemas, formas de uso y consumo sostenibles, niveles de riesgo y daño relacionados, consecuencias económicas y efectos en las desigualdades, además de una adecuada gobernanza del agua en forma multinivel que garantice el acceso al agua potable a la población y respete los ciclos de los ecosistemas.
La pregunta fundamental es: ¿Cuándo vamos a entender en México el significado de la amenaza que involucra el cambio climático para la seguridad hídrica y en qué momento van a tomar las autoridades de diferentes niveles las decisiones oportunas, medibles y verificables, para evitar escenarios de inseguridad hídrica catastrófica? No todo es corcholatas y narrativas, lo que está en juego la protección de los mexicanos y la salvaguarda del capital natural de nuestro país.
