Las declaraciones del Presidente a las críticas sobre su política ambiental y el impacto de sus proyectos estrella, ocupan esta semana gran parte de la discusión en redes sociales. En términos generales, y ante cuestionamientos sobre el impacto ambiental de la construcción del Tren Maya, el mandatario respondió con burla hacia quienes desde su perspectiva usan la bandera del medio ambiente y señaló que la palabra ya no le gustaba porque solo refiere a la mitad del ambiente: “¿Cómo que medio ambiente, y dónde quedó el otro medio, pues?”
No tiene ningún sentido discutir el significado conceptual de la noción de medio ambiente y sus implicaciones de política pública, es claro que López Obrador entiende perfectamente tanto el término como las razones que motivan las críticas. La declaración tiene como objetivo único descalificar a través de la burla a las voces que señalan la devastación provocada y la falta de evaluaciones serias de impacto ambiental que caracterizan a los megaproyectos del gobierno.
Pero más allá del anecdotario y los memes provocados por la declaración presidencial, lo que pone en evidencia es un desinterés por la protección del medio ambiente y el desarrollo de mecanismos efectivos para cumplir este objetivo. Nuestra tragedia es que este desinterés por la política ambiental, simulado a través de discursos edificantes que no son otra cosa que lavado verde, trasciende lo ocurrido durante este gobierno y en realidad refleja el sentido de prioridades, más bien la ausencia de prioridades ambientales, en otros sexenios y en los gobiernos estatales
¿Cómo pensar que tomamos en serio la protección del medio ambiente cuando los recortes de presupuesto para el sector rebasan el 60 % desde 2012, paradójicamente en año en que se integró a la Constitución el derecho a un medio ambiente sano? ¿Alguien en verdad cree que es posible formular e implementar una política ambiental efectiva y justa cuando no se destinan los recursos financieros necesarios y, por lo mismo, no se desarrollan capacidades institucionales en forma coherente?
Cuando hablamos de capacidades institucionales para proteger el medio ambiente, los datos nos señalan que no tenemos suficientes y que hay diferencias significativas entre lo que los estados de la República están dispuestos a hacer en la materia. El índice de Impunidad Ambiental 2021 mide las capacidades institucionales como una de sus dimensiones y los resultados son de terror: en una escala del cero al uno, donde uno es la calificación máxima alcanzable, el promedio es de .25. Parafraseando la declaración presidencial, esto equivale tan solo a un cuarto de ambiente. Por supuesto, hay estados por encima del promedio, como la Ciudad de México (.46) y baja California Sur (.44), pero también estados donde las capacidades se han reducido a casi nada: Veracruz (.15), Yucatán (.15), Coahuila (.16), Tamaulipas (.16) o Quintana Roo (.18).
El punto relevante no es que quienes critiquen al gobierno no vean una mitad faltante en la noción de ambiente, sino la desaparición del sentido mismo de la política ambiental, la erosión de sus objetivos, mecanismos y capacidades. Ante las consecuencias ambientales de los proyectos del gobierno y las reducidas capacidades institucionales existentes, lo grave es que no hay ni siquiera media política ambiental. ¿Dónde está la otra mitad del medio ambiente? Pues simplemente la estamos devastando aceleradamente a la par que destruimos los principios y mecanismos de la política ambiental para contener el daño y para reaccionar ante los retos complejos que involucra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad a nivel planetario, así de sencillo.
