La desaparición y reencuentro de Marco Antonio Sánchez retrata de cuerpo entero la descomposición de la seguridad y procuración de justicia en nuestro país y evidencia el profundo descrédito que enfrentan instituciones y autoridades políticas en todos los niveles de gobierno.
Por cinco días, hay que repetirlo una y otra vez, un menor de edad desapareció y deambuló por la Zona Metropolitana de la Ciudad de México en condiciones físicas y mentales calificadas como “erráticas” por las mismas autoridades. En muchos sentidos, Marco Antonio y su familia pueden sentirse afortunados porque pudo ser encontrado en un país donde miles han desaparecido sin que esto indigne a los ciudadanos o perturbe a nuestros gobernantes.
En esta tragedia hay demasiadas preguntas abiertas que no pueden quedar sin respuesta, que no podemos permitir se cubran por el manto de la impunidad o la indiferencia. Una sociedad decente es aquella en la que instituciones no humillan a las personas y en una sociedad civilizada, las personas no se humillan entre sí. El caso nos obliga a no permitir más humillación y exigir las respuestas y sanciones necesarias para que esta historia no se repita con nuevas víctimas. Para detener la multiplicación de víctimas en nuestro país.
Hoy no sabemos por qué lo detuvieron, pues a pesar de que se ha mencionado la solicitud de un vecino, no hay denuncia ni parte acusadora. La policía afirma que sólo lo retuvo cinco minutos y después lo liberó, pero la imagen tomada por un testigo señala que fue golpeado por cuatro oficiales y las autoridades no han explicado por qué la policía no puso al joven a disposición del Ministerio Público.
Igualmente delicada es la decisión de las autoridades del estado de México, quienes detuvieron a un menor de edad cuya conducta era errática y lo liberaron en tanto no había denuncias en su contra. ¿En algún momento consideraron que debían proteger a Marco Antonio a partir de las obligaciones que se desprenden del principio de interés superior del menor?
A pesar de que Marco Antonio ha sido encontrado, cada día hay más preguntas que exigen respuesta y rendición de cuentas. ¿Cómo es posible que un joven anteriormente sano, presente un notable deterioro físico y enfrente problemas de memoria cuando supuestamente estuvo en manos de la policía sólo cinco minutos? ¿En qué condiciones físicas y mentales “liberaron” los policías al joven en la vía pública?
Las arbitrariedades, fallas y negligencia de las autoridades no se pueden entender como un problema de protocolos, se trata de una absoluta incapacidad de respetar los derechos del menor, de acuerdo a los mandatos del artículo primero constitucional.
La indignación pública y la protesta social que obligó a actuar a las autoridades no puede caer en olvido e indiferencia, no hay espacio para la impunidad. Quienes llenos de entusiasmo aplauden a Mancera por haber localizado al joven, quien por cierto se perdió luego de entrar en contacto por la policía, tendrían que exigir una explicación plausible al jefe de Gobierno y sanciones para los responsables. No nos engañemos, sin rendición de cuentas no es posible aspirar a un Estado de derecho y entonces el ejercicio de nuestros derechos estará sujeto a los pactos de impunidad y la arbitrariedad de las autoridades.
