En las últimas semanas se ha abierto una discusión en torno al método para el nombramiento de los ministros de la Suprema Corte que, a todas luces, representa un falso debate. Falso debate porque tiene una motivación estrictamente política antes que el objetivo de mejorar el funcionamiento del Poder Judicial, fortalecer pesos y contrapesos institucionales o aumentar la rendición de cuentas.
¿Puede mejorarse la forma en que seleccionan los ministros? Posiblemente sí. ¿Cambiar el método de selección de los jueces garantiza mejorar el desempeño y la rendición de cuentas en el Poder Judicial? No necesariamente. Cuando pensamos en la necesidad de mejorar el desempeño, la autonomía o la rendición de cuentas en el Poder Judicial, ¿es prioritario cambiar la forma en que se eligen a los ministros? Hay prioridades más importantes.
El Índice de Impunidad México 2022 advierte sobre las limitadas capacidades institucionales con que cuentan los estados para garantizar un acceso más efectivo y expedito a la justicia. En sentido estricto, tendría prioridad discutir cómo incrementar el número de operadores institucionales del sistema penal y mejorar sus capacidades para actuar de acuerdo con sus principios y criterios rectores.
Tomemos un dato como ejemplo de esta problemática. El IGIMEX 2022 identifica que los estados cuentan con 4.36 jueces y magistrados por cada cien mil habitantes, en promedio. Por supuesto, el promedio puede resultar engañoso porque hay estados que han generado mayores capacidades institucionales en este sentido: Campeche (11.96), Chihuahua (7.4), Zacatecas (7.27), Baja California Sur (6.61), Sinaloa (5.29), Nayarit (5.34) o Durango (5.18); mientras que otros tienen capacidades mucho más reducidas: Puebla (2.02), Chiapas (2.18), Nuevo León (2.42), Estado de México (2.66), Yucatán (2.8) o Baja California y San Luís Potosí (2.87).
¿Por qué es importante contar con más jueces como factor de capacidad institucional? Pensemos que el rol de los jueces ha incrementado su relevancia significativamente durante las diferentes etapas de un proceso judicial en el nuevo sistema penal. ¿Cuántos jueces se requieren para garantizar un acceso a la justicia más efectivo y expedito? Lo que nos dicen los datos es que, comparando las mediciones del realizadas en IGIMEX 2018 e IGIMEX2022, los estados han logrado incrementar un juez promedio en un ciclo de cuatro años, para pasar de 3.34 a 4.36. Si se quiere ver el vaso medio lleno, esto es una buena noticia. Sin embargo, tendríamos que comparar este avance con las capacidades institucionales disponibles en otros casos.
Si comparamos la cantidad de jueces promedio que tienen los estados en México frente a lo que existe en distintas regiones del mundo, veremos que el vaso en realidad está medio vacío. El IGI 2020, que mide niveles de impunidad en 69 países, arroja un promedio de 17.8 jueces por cada cien mil habitantes, una diferencia de 13.41 con los 4.36 que se tienen.
Si quisiéramos alcanzar esa cifra al ritmo de un juez más en promedio cada cuatro años, como se desprende del crecimiento entre 2018 y 2022, necesitaríamos de 53.64 años. Incluso una meta menos ambiciosa luce complicada. El promedio de jueces para el continente americano es de 6.4 jueces y para Asia de 7.2. Alcanzar ese promedio requiere de 8.16 y 10.24 años, respectivamente. Si queremos alcanzar el número de jueces disponibles en Campeche, el estado que reporta la mayor capacidad (11.96), se requerirían de 30.4 años.
Esto sólo es un ejemplo del problema que enfrentamos para garantizar acceso a la justicia en un país marcado por los altísimos niveles de impunidad. Hay muchos otros ámbitos pendientes, incluyendo sin duda la rendición de cuentas en el Poder Judicial. Pero el debate prioritario está en las condiciones para fortalecer al Poder Judicial, en la construcción de más capacidades institucionales y la profesionalización de sus operadores. No perdamos el tiempo en agendas político-electorales o caigamos en la trampa de suponer que mayor control político sobre la Corte garantiza mejor justicia.
