Hay tantas cosas mal en el discurso del Presidente, pero nada que sorprenda en tono y contenido. En el fondo no es sino un refrito del mensaje que una y otra vez nos han endilgado en los últimos años: nos quejamos mucho, aplaudimos poco y no reconocemos nada. Sorprende, sí, que insistan en una narrativa tan vacía como acrítica, un discurso que no pega, no convence, ni mucho menos mejora la imagen del gobierno. Toneladas de dinero público para la propaganda oficial, posiblemente el despilfarro de recursos más ineficiente en la historia de la comunicación social. Casi 40 mil millones de pesos tirados a la basura sin que se traduzca en credibilidad. El lunes pasado atestiguamos a un Presidente molesto con la crítica de las organizaciones de la sociedad civil y muy frustrado por no recibir un reconocimiento público que cree debe recibir incondicionalmente. “Lamentablemente, a veces se escuchan más las voces que vienen de la propia sociedad civil, que condenan, que critican, y que hacen bullying del trabajo de las instituciones del Estado. Y perdón que lo diga, pero queremos actuación responsable de las instituciones a las que todos los días pretendemos desmoronar y descalificar, como ocurre con los integrantes de las corporaciones policías”. Definen como bullying el diagnóstico sobre la violencia, la inseguridad y la debilidad de capacidades en las policías, en los que coincidieron los expositores en el Foro de Causa en Común, y que encontró su momento más crítico cuando María Elena Morera señaló que nuestro país enfrenta una emergencia nacional, una “masacre de proporciones bélicas”. Difícil pensar que este gobierno tenga algo parecido a calidad moral para acusar desmoronamiento institucional, a lo que ha contribuido con sus acciones y omisiones. Menos calidad moral para regañar a organizaciones de la sociedad civil al respecto de su diagnóstico sobre la situación que enfrentamos en materia de inseguridad. Al menos 31 millones de delitos, 24 millones de víctimas, 23 mil homicidios y costos de inseguridad equivalentes a 1% del PIB sólo en hogares, según Inegi. ¿Qué más debe pasar que reconozcan que lo que ocurre no es normal?, ¿cuántos muertos, desaparecidos y fosas clandestinas más se necesitan?, ¿cuánto debe crecer la incidencia delictiva?, ¿cuántas autoridades corrompidas o coludidas con el crimen deben ser descubiertas? ¿Cómo pueden atreverse a señalar que las organizaciones contribuyen a debilitar instituciones, cuando gobierno y legisladores son incapaces de nombrar a los fiscales general y especial anticorrupción? Enfrentamos una crisis de credibilidad de nuestras instituciones democráticas producida no por la crítica, sino por la ineptitud, irresponsabilidad, corrupción e impunidad de autoridades de todo color partidista y nivel de gobierno. Las instituciones no se debilitan por la crítica. Enfrentamos una emergencia nacional con todas sus letras y una para la cual nuestras instituciones siguen sin estar preparadas. Demandar seguridad no equivale a bullying contra las instituciones. Señalar crisis de seguridad y violaciones a los derechos humanos no es abuso contra el Estado. Tampoco se trata de un intercambio “demandando y haciendo, demandando y dando” como sugirió el Presidente. Es simplemente exigir que la autoridad se comporte como tal y rinda cuentas, nada más y nada menos.
17 de Diciembre de 2024
