El lunes pasado se presentó el Índice Global de impunidad 2017 (IGI 2017), que mide la impunidad a nivel global a través de una metodología diseñada para analizar la estructura y funcionamiento de los sistemas de seguridad y justicia, además de la existencia de violaciones a los derechos humanos. En 2015 fue posible comparar 59 países, mientras que en 2017 se estudian 69 países. El estudio puede consultarse en https://bit.ly/2x2YLZe. Lo que encontramos en el IGI 2017 es que países como Croacia (36.01), Bulgaria (37.19), Eslovenia (37.23), Suecia (39.15) y Noruega (40.90) destacan por los niveles más bajos de impunidad. Mientras que Filipinas (75.6), India (70.94), Camerún (69.39), México (69.21), Perú (69.04), Venezuela (67.24), Brasil (66.72), Colombia (66.57), Nicaragua (66.34), Federación de Rusia (65.49), Paraguay (65.38), Honduras (65.04) y El Salvador (65.03) conforman el grupo con muy alta impunidad. Cabe señalar que Venezuela es considerado como un caso atípico dentro del estudio, dada la profunda descomposición político-institucional que atraviesa. Nuestro país obtiene una calificación muy negativa, pues si bien en 2015 se ubicó en el lugar 58, para 2017 se desplaza hasta la posición 66. Esto implica niveles muy altos de impunidad y un desempeño ineficiente en prácticamente todas las dimensiones y variables analizadas. En especial, el IGI advierte que nuestro país obtiene resultados muy malos en la Estructura del Sistema de Justicia y el Funcionamiento del Sistema de Seguridad, lo que significa que no se tienen suficientes capacidades para garantizar justicia y que los recursos existentes para la seguridad se utilizan mal. México destaca también como el país de América Latina con los niveles más altos de impunidad, dejando aparte el caso de Venezuela. ¿Cómo es posible esto? Tenemos cuatro jueces para atender a cada 100 mil habitantes, cuando el promedio global es de 16 y de ocho en América Latina. 43% de la población en prisión espera recibir su sentencia, mientras que el promedio global es de 28% y 39% en América Latina. De igual forma, nuestro país obtiene el peor resultado global en respeto a los derechos humanos, factor que agrava la dimensión de nuestra crisis de impunidad. Otro dato, México cuenta con 359 policías para atender a cada 100 mil habitantes, mientras el promedio global se ubica en 319 y América Latina en 339. Incluso ,Europa cuenta con menos policía con 342 por cada 100 mil habitantes. En este caso, más no es igual a mejor. No sirve tener muchos elementos si no están bien capacitados, equipados, coordinados y pagados. Mucha policía mal preparada significa simplemente desperdiciar recursos. ¿Por qué importa medir la impunidad? Porque este fenómeno multiplica y retroalimenta las consecuencias de la inseguridad, la violencia, la corrupción e incluso la desigualdad. En nuestro país, el problema es relevante porque la impunidad es una patología pública generalizada que se extiende entre todos los órdenes de gobierno. El mensaje del IGI es sencillo: nuestro país tiene un problema grave de impunidad y enfrentarlo pasa por fortalecer con capacidades y recursos y hacer funcionar mejor nuestras instituciones de seguridad y justicia, pero también de tomar en serio el respeto a los derechos humanos. Profesor-Investigador del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política, UDLAP.
2 de Diciembre de 2024
