Raymundo Riva Palacio: Para alusiones personales del Presidente

En la conferencia matutina de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo nuevamente alusión al trabajo periodístico de Raymundo Riva Palacio, director general de ejecentral.

Al abordar el tema de las iniciativas que integrarían una reforma judicial y la posibilidad de que se criminalice y persiga a los periodistas críticos, el mandatario contestó:

“No hay consigna del Presidente de la República. O sea, no tengo yo ningún problema con Sergio Aguayo, es más, ni con (Pablo) Hiriart ni con (Raymundo) Riva Palacio ni con (Carlos) Loret. Nada, lo que tenemos son diferencias, concepciones distintas”.

Y agregó: “Yo no odio, no tengo enemigos, tengo adversarios y entiendo muy bien por qué las diferencias. ¿Cómo no van a estar enojados conmigo si ellos acompañaron al régimen corrupto de injusticias, de privilegios que predominó hasta noviembre del 2018? Entonces, ya no es lo mismo”.

Ante este señalamiento, ejecentral reitera que el tono crítico de las columnas de nuestro director general se ha mantenido inalterado desde hace décadas, en este y anteriores gobiernos, sin importar el signo político e independientemente de la publicidad gubernamental.

Reproducimos íntegro el texto publicado el 24 de mayo de 2019, en el que el periodista Raymundo Riva Palacio fija su posición:

El presidente Andrés Manuel López Obrador, como todas las mañanas, respondió en la miscelánea de temas durante su conferencia de prensa este viernes en Palacio Nacional a una batería de preguntas. Hubo tres, en tres diferentes momentos, que provocó la difusión de una lista publicada el jueves por el periódico

Reforma, “Divulga Presidencia Contratos con Periodistas”, donde figuran los nombres de “36 periodistas y sus empresas que recibieron contratos durante la administración de Enrique Peña Nieto por un monto total de mil 81 millones 715 mil 991 pesos por publicidad y gastos de comunicación”, entre 2013 y 2018. Los detalles de las lista, en lo general, no son nuevos. Al haber sido contratos de publicidad, se encuentran en el portal de Compranet.

El fondo no es en sí la lista, que ha circulado desde que María Amparo Casar, presidente de Mexicanos Contra la Corrupción, y Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, publicaron un libro, “Dinero Bajo la Mesa”, sobre el financiamiento ilegal de las campañas políticas en México. En el capítulo 7, “Los medios y la política”, detallan con meticulosidad los gastos publicitarios de los gobiernos federal y estatales con los medios, incluyendo la relación de los 30 medios que resultaron más beneficiados en la compra de espacios en internet, que a simple vista, conociendo los usuarios únicos que tienen, no generan mayor suspicacia; es decir, la inversión fuerte, a quienes más penetración tienen.

En la primera edición incorporaban una lista con los nombres de periodistas y sus empresas digitales, llena de imprecisiones. Para la segunda edición, esa tabla fue eliminada, pero ya había tenido su impacto. Julio C. Roa, que desde hace años, a través de su portal es un incansable buscador de propiedades, primero de periodistas, después de políticos y sus familiares, y más delante de personas con perfil público, retomó esa tabla y, añadiendo nombres -como el mío-, publicó en agosto del año pasado en Proceso un texto titulado “El Top Ten del Chayote”, donde si bien la información en sí mismo era factual -los contratos de publicidad-, la cabeza de la información sugería corrupción, al utilizarse la palabra “chayote” que en el argot periodístico mexicano, es utilizado como sinónimo de ilegalidad.

Roa difundió masivamente el texto publicado por

Proceso, en una contradicción del semanario. En abril de 2009

Proceso interpuso una queja contra el gobierno de Felipe Calderón que le negaba la publicidad, porque

aducía era una violación de los derechos constitucionales e internacionales, y se inconformó. El 1 de agosto de 2012, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación al gobierno donde afirmaba que la administración de Calderón censuró y castigó al semanario al excluirla arbitrariamente de la publicidad oficial. Es decir, a sabiendas de que los editores de Proceso sabían a la perfección la mecánica de la publicidad gubernamental en los medios, no tuvieron prurito para cuidar que lo que ellos denunciaron -y más adelante ganaron y recibieron publicidad gubernamental-, en el caso de otros era un acto de corrupción. La información de Proceso se viralizó. De agosto del año pasado a abril de este año, hubo cuando menos cinco millones y medio de retuits. Hubo cuentas que participaron de esta difusión masiva de todo tipo, incluidas de manera prominente varias conectadas con Morena y la campaña de López Obrador.

Esos mismos datos se han rempaquetado para darles sentido de actualidad en una campaña permanente de difamación, enfocada durante todo este periodo en algunos periodistas que han sido críticos del presidente. La publicidad gubernamental se convirtió en palabras de López Obrador y su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, en un tema de corrupción, sin matiz alguno. La palabra “chayote” fue cambiada mas adelante por “huachicoleros”, y esta semana, por “hampa”, la nueva definición de delincuentes que le dio el presidente a la prensa que lo observa críticamente. El mismo contexto es el que utilizó el presidente en su conferencia del viernes, a la cual le dedicó respuestas que se extendieron por mil 462 palabras, contra las 858 que utilizó para despachar las preguntas sobre la crisis del abastecimiento de medicinas que es lo que domina la agenda nacional de los medios.

En un momento determinado, a una pregunta específica sobre si tenía una mala relación con Pablo Hiriart, que trabajó en

Proceso,

La Jornada,

El Nacional, fundó Crónica y

La Razón, y hoy tiene como casa a El Financiero, respondió:

respondió: “Sí, sí, desde el 94. 25 años, pero lo respeto, 25 años. Él tiene un punto de vista sobre mi persona, yo tengo también el mío sobre su persona. ¿Y qué pasa? Nada, nada, todos los días soy cliente, pero lo entiendo. Él, políticamente -porque no me gusta meterme en las cosas familiares- políticamente, fue el de comunicación de

(Carlos) Salinas. Estuvo, no sé si en Notimex o era director de El Nacional o alguno de esos periódicos que ya no existen, que eran boletines. Lo mismo el Riva Palacio, pues estuvo con Salinas, Otto Granados, el que acaba de salir de secretario de Educación, fue el de comunicación social de Salinas. Entonces, los entiendo, somos distintos, tenemos proyectos contrapuestos de nación”.

Pablo Hiriart, por cierto, el único director de periódico que me abrió las páginas cuando tras salir de Reforma el gobierno del presidente Ernesto Zedillo presionó a medios para que no me dieran trabajo -aduciendo que “era un enemigo del presidente”-, responderá lo que le toca. Pero en lo que a mí concierne, por alusiones personales, le digo al presidente:

1)

Sí, conozco a Otto Granados y somos amigos desde 1977, cuando él trabajaba con Jesús Reyes Heroles. En 1988 me ofreció la dirección de Notimex tras la elección de Salinas y le comenté: “Cómo es posible que me invites a Notimex sabiendo lo que pienso de Salinas y que voté por Cuauhtémoc Cárdenas”. Me respondió que lo que buscaban era mejorar la calidad de los medios públicos. Yo soy un creyente de los medios públicos, entonces y hoy, y después de semanas de negociación acepté. Ese periodo, de diciembre de 1988 a febrero de 1990 -el compromiso con él era no menos de un año, no más de dos-, cumplió con lo pactado: apertura total a la información y respaldo financiero. Por primera vez Notimex cubrió y difundió actividades del ingeniero Cárdenas, que estaban prohibidas desde que se separó del PRI, y con su apoyo se pudo construir una amplia red de corresponsales en el extranjero. Notimex tenía dos, uno en Washington y otro en Nueva York. Al renunciar había oficinas en varias ciudades de Estados Unidos con 35 corresponsales en total, además de una red de corresponsales en Centroamérica (un esfuerzo que directores posteriores, sin importar el gobierno en turno, ampliaron y reforzaron). A nivel nacional se crearon cinco agencias regionales de noticias para dar cobertura local. Muchos profesionales que pasaron por la agencia siguieron su camino en México y Estados Unidos. También, porque en otra parte de su conferencia, sin referirse a nadie en particular, el presidente dijo que los reporteros eran mal pagados y que tenían que mejorar sus condiciones laborales, le digo, porque no lo sabe, que después de salir de Notimex, cuatro personas, Rogelio Hernández, un periodista de izquierda de larga experiencia, y los entonces diputados del PAN, Gonzalo Altamirano Dimas, y del PRD, Ramón Sosamontes, y quien esto escribe, buscamos que se incluyera a los periodistas dentro de la legislación de los salarios mínimos. Granados escuchó la idea -lo más importante era poner un piso al maltrato salarial a periodistas fuera de las grandes ciudades del país- y obtuvimos su apoyo. Granados logró el respaldo del presidente, y salió la reforma.

2)

En el gobierno de Salinas trabajaron también personas que a lo largo de los años fueron entrañables de López Obrador. Uno de ellos, intelectual de primera línea y persona impecable, José María Pérez Gay, quien fue director fundador del Canal 22, creado por Salinas para ofrecer una televisión alternativa cultural, que construyó con talento y cuyo legado ha durado, pese a todo, cuando menos, hasta ahora. José Antonio Álvarez Lima, actual director del Canal 11, y a quien el ex presidente hizo gobernador de Tlaxcala. Manuel Camacho, que se convirtió en uno de los principales asesores de López Obrador en la primera década de este siglo, era entonces el poderoso jefe del Departamento del Distrito Federal y el principal candidato a la Presidencia, en la sucesión salinista. Una mujer excepcional que murió en 2017, María Angélica Luna Parra, que trabajó los temas sociales dentro del PRI y muy cercana a Luis Donaldo Colosio cuando Salinas lo hizo candidato presidencial, era esposa de Luis Linares, quien lleva lustros respaldando a López Obrador y a quien hizo recientemente el presidente consejero de la Comisión Reguladora de Energía. Enrique González Pedrero, quien invitó a López Obrador a su campaña para gobernador a principio de los 80’s y lo hizo presidente del PRI, no terminó su mandato porque el candidato Salinas lo invitó a ser el director del Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales, el responsable de hacer en aquel entonces el programa de gobierno.

En la segunda parte de esa misma respuesta, López Obrador dijo en referencia a Hiriart y a mí: “Ellos se dedicaron a apuntalar al régimen neoliberal, neoporfirista. Yo me he dedicado a cuestionar al régimen neoliberal, neoporfirista, a cambiarlo, a transformarlo”. Le respondo ahora al presidente:

1)

Es una nueva falacia. Cualquier persona puede consultar mis columnas en

El Financiero, después de dejar Notimex y tener una aventura fallida en El Independiente que encabezaban Javier Moreno Valle y don Fernando Benítez. En 1993, Salinas pleno de poder, escribí una columna que se tituló: “Mr. 10 per cent”. Era un texto donde se hablaba de los presuntos actos de corrupción de Raúl Salinas, hermano del presidente. Nadie hasta ese momento había escrito sobre ese tema. También pueden consultar mis textos en 1992 y 1993, en donde llamé varias veces a Salinas “el presidente más anticonstitucional en la historia de México” por la forma como gobernaba. En ese entonces, López Obrador hacía política local en Tabasco y tenía relaciones con Camacho y el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios.

2)

Igualmente, cualquier persona puede consultar mis textos en

Reforma sobre el presidente Ernesto Zedillo. Ahí podrán leer una serie de columnas que se llamaban “¿Dónde está el piloto?”, sobre las acciones erráticas de Zedillo, que fue un título que después utilizó con enorme gracia Germán Dehesa y que a lo largo de los años se ha seguido empleando. Otro texto se refirió al “golpe de Estado técnico” cometido por Zedillo cuando desapareció a la Suprema Corte durante su reforma al Poder Judicial. Uno más sobre “la Batifiesta en Los Pinos”, donde mencionaba una fiesta de sus hijos en el Salón “Adolfo López Mateos” de Los Pinos, para la premier de la película “Batman”. El texto que más molestó a Zedillo, producto de la clasificación de “enemigo”, fue uno donde apunté que había violado la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos, al emplear a su cuñado en la Presidencia. Sobre ese gobierno, pero en Crónica, publiqué cómo desde Los Pinos habían tratado de censurar al programa sobre los Legionarios de Cristo que difundió CNI 40, cuando el noticiario lo conducía Ciro Gómez Leyva. Nadie salvo Jaime Avilés, muy cercano a López Obrador y de quien ha tenido palabras fraternales al recordar su muerte, publicamos sobre ese tema que era tabú.

3)

Durante el gobierno de Vicente Fox, se publicó en

Milenio -que dirigía en ese entonces-, el menaje de la casa presidencial, del cual Federico Arreola, quien era el director general del grupo, muy atinadamente, propuso la cabeza “Las toallas de Fox”. En Milenio se empezó la investigación sobre los negocios de los hijos de Marta Sahagún, que años después pudieron comprobarse. En El Independiente, pero ahora con Carlos Ahumada, mecenas del PRD en la campaña de López Obrador para la jefatura de Gobierno capitalina, se publicaron por primera vez los detalles de la Fundación Vamos México de la señora Sahagún. Cuando estalló el caso de los videoescándalos, y existe la documentación hemerográfica que lo prueba, fue ahí donde, apelando a una cláusula de conciencia en mi contrato, rompimos editorialmente con Ahumada y se publicó, por primera vez, la palabra “complot”, en una investigación sobre cómo se fraguó aquella operación contra él. Textos míos posteriores, principalmente en

El Universal, fueron mostrando todo lo que había hecho Ahumada y la entonces presidenta del PRD, Rosario Robles; en uno de ellos revelé que se habían reunido con Salinas en Londres.

4)

En el gobierno de Felipe Calderón, mis textos se publicaron en

El Universal, donde se pueden leer las críticas al plan de seguridad y al CISEN. Pero lo más importante, porque le concierne al presidente, fue la publicación en la primera plana de El Universal cuando ya era director del diario, de los documentos que había presentado López Obrador en un mitin días antes, ignorado por los medios que escogieron otro ángulo, sobre los negocios de la familia de Juan Camilo Mouriño, en ese entonces jefe de la Oficina de la Presidencia, en el sector energético. De esa publicación, Mouriño pidió al dueño del diario que me destituyera.

5)

En el gobierno de Enrique Peña Nieto hubo mayores críticas. En octubre de 2012, semanas antes de asumir la Presidencia, escribí la primera columna donde se revelaba la fusión de la Secretaría de Seguridad Pública en la Secretaría de Gobernación, anticipando un desastre. En diciembre de ese año, ya Peña Nieto en la Presidencia, fui detallando en varias columnas el desmantelamiento de Plataforma México. En febrero, cuando saludaron desde Gobernación a los grupos de autodefensa en Michoacán, los llamé paramilitares y detallé cómo entre los grupos que estaban protegiendo, se encontraban miembros del Cártel del Pacífico que antes estaban con los hermanos Beltrán Leyva. En octubre de 2014, días después de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, escribí una serie de textos sobre la pésima toma de decisiones en Los Pinos y la forma como nunca entendieron lo que estaba sucediendo. Previamente, había escrito un texto que se llamaba “Toluca no es México”, donde hablaba de la deshidratación de la economía en 2013, y en dos textos apunté la frase: “no entienden, que no entienden”, que se la conté a un ex diplomático mexicano que después se la mencionó a la revista The Economist.Los textos sobre seguridad dieron lugar a que me hackearan mi correo electrónico (enviando mensajes que me provocaron problemas personales), me infectaran con el virus Pegasus (10 de junio de 2015), intervinieran mi teléfono, me pusieran una

cola, que descubrí, confronté y le tomé una fotografía a sus placas, que resultaron ser de una empresa de seguridad en el estado de México, e iniciaron una investigación sobre mi vida personal con el propósito -que nunca se concretó- de hacerla pública. Nunca como con Peña Nieto, hubo más textos críticos contra un presidente, incluido el actual. De manera paralela, en 2015 publiqué el libro “La Segunda Fuga de El Chapo”, en donde se detalla con documentos el colapso del sistema penitenciario federal por la negligencia, omisiones, incompetencia e ignorancia del gabinete de seguridad que encabezaba el hoy senador Miguel Ángel Osorio Chong.

Esto nos lleva a otro punto, que tiene que ver con los convenios de publicidad con el gobierno. En diciembre de 2016 hubo presiones personales de viejos amigos que trabajaban en el gobierno, para que dejara de escribir columnas sobre Peña Nieto. De otra manera, cancelaría la publicidad. El argumento era que cada lunes, cuando en Los Pinos hacían una revisión de las columnas, casi siempre figuraba con el mayor número de textos negativos (entre 15 y 17, según varias listas que me mostraron). Cualquier persona que revise mis textos en El Financiero o en Eje Central, podrá darse cuenta que eso nunca sucedió. Los textos mantuvieron la misma línea, abordaje crítico al ejercicio presidencial, que había hecho desde la Presidencia de Salinas. Es exactamente el mismo comportamiento presidencial con López Obrador, pero la respuesta es distinta: ante Peña Nieto, hostigamiento y amedrentamiento en privado; frente a López Obrador, intimidación e incitación al linchamiento público.

La forma como se enmarca es la difamación, donde establece una analogía entre publicidad gubernamental y corrupción. A una pregunta expresa en la conferencia matutina, el presidente respondió al respecto: “Quiero aclarar que lo que nos pidieron fue, nos pidió el Instituto de Transparencia(el INAI), fue la información sobre columnistas, periodistas, no es el gasto de publicidad del gobierno, que eso es otra cosa. El gasto de publicidad el año pasado fue de diez mil millones de pesos, que son cosas distintas”. En el caso de mi persona, hay que reiterar lo que desde el año pasado he señalado en redes:

1)

Eje Central es editado por la empresa Estrictamente Digital S.C., escriturada el 10 de marzo de 2009, suscrita por 27 socios. El 24 de septiembre de 2012, se hizo una protocolización, y el número de socios se redujo a 22. La integran profesionales de diversas disciplinas, que tienen distintas posiciones políticas, ideología e intereses. La sociedad es administrada por un socio administrador, para lo cual fui designado por la sociedad, que no tiene fines de lucro. Yo no percibo salario alguno dentro de la empresa. Ninguno de los socios ha recibido en todo este tiempo, aportación alguna.

2)

Ni Estrictamente Digital S.C. ni

Eje Central, son de mi propiedad. Somos un grupo de socios a los cuales tengo que solicitar autorización para instrumentar o desarrollar proyectos distintos a los que nos propusimos cuando la creamos. Por ejemplo, para la creación de la edición impresa, que sale todos los jueves y que cumplió esta semana 151 ediciones.

3)

El archivo digital o impreso de

Eje Central puede dar cuenta de lo que hemos publicado en este periodo: detalles de la corrupción de Javier Duarte -adelantando el tema de las medicinas- y todo lo relacionado con sus propiedades; la investigación sobre la corrupción de César Duarte; la investigación sobre la intercepción de teléfonos a 700 personas, incluyendo a dos periodistas, Carmen Aristegui y a mi; las conversaciones telefónicas de la DEA sobre Guerreros Unidos, y lo que sabían de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa; la investigación sobre la quiebra del ISSSTE; la revelación de cómo invirtió la ex jefa del área digital de Los Pinos en el gobierno de Peña Nieto, Alejandra Lagunes, en publicidad digital -que el presidente retomó y anunció que daría a conocer en días, algo que no sucedió; el reportaje sobre el municipio de Cochoapa, el más pobre del país, al que se refirió el presidente recientemente para cambiar el destino de recursos de venta de autos del gobierno de la Guardia Nacional a esa comunidad. No fueron los únicos en un trabajo de investigación y análisis que aparece cada semana en el impreso.

4)

Las listas que proporcionó la Presidencia de la República al INAI, difundida por Reforma, señala que durante el periodo 2013-2018, Estrictamente Digital recibió 31 millones 138 mil 703.83 pesos. De acuerdo con nuestros registros comerciales, la suma correcta es 39 millones 878 mil 47.91 pesos. Para poder acceder a la publicidad gubernamental federal se requiere:

A)

Hay que registrarse en cada dependencia como proveedor. Cada registro, en digital, exige que se lleve el acta constitutiva de la empresa. Para el impreso, se necesita estar registrados en el Padrón Nacional de Medios Impresos.

B)

Las dependencias deciden si dan o no publicidad al medio según su criterio. Se tiene que presentar la documentación legal de cada empresa. En cada proyecto, según el monto del contrato, se entrega una fianza.

C)

Una vez que se acepta la documentación, se determina la pauta comercial, ya sea a través de un contrato a largo plazo, o a través de órdenes de inserción. Pueden ser en dos categorías: adjudicación directa o licitaciones.

D)

Una vez que se ha trabajado con la dependencia, hay que recabar testigos de la inserción y junto con ellos se emite la factura. Entonces se procede al pago.

El monto de inversión que tuvo el gobierno de Peña Nieto no fue suficiente para terminar el año fiscal en números positivos en los periodos 2013, 2015 y 2018, por lo que varios socios tuvieron que hacer préstamos para evitar el recorte laboral. El esfuerzo que han hecho los socios de Eje Central en la parte digital y en el impreso ha sido fundamental para no reducir nuestra planta periodística, compuesta hoy por 52 trabajadores de planta y colaboradores (no todos cobran). La publicidad del gobierno federal representó el 45.43 por ciento del total de los gastos y costos de la operación. No se incluyen otros gastos, como rentas de oficina, equipos, programas o hosting del portal, que fueron aportados por varios socios. Todos los detalles financieros y comerciales están integrados en las declaraciones al SAT, por la cual se han pagado impuestos.

En su conferencia de prensa, el presidente insistió que la entrega de la documentación al INAI fue porque le solicitó la información. “Y aquí dijimos, en su momento, que no queríamos que se pensara que era una respuesta nuestra, ante ataques, cuestionamientos o críticas legítimas”, señaló. “No. Se hizo porque ciudadanos pidieron al Instituto de la Transparencia esa información y el Instituto de la Transparencia nos pidió a nosotros esa información y nosotros entregamos esa información y dijimos: ‘No vamos a revelar los nombres’. Además, aclaré que lo de la publicidad es legal, es decir, todos los gobiernos contratan publicidad”.

Las palabras del presidente son contradictorias. Por un lado adjudica la legalidad a esos contratos, y por otra reitera que se acabó “el chayote”. Las contradicciones son mayores. El presidente pidió a su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, quien en conferencias y entrevistas de prensa ha establecido la relación contratos de publicidad es igual a corrupción, que explicara porqué se personalizó la lista. Ramírez Cuevas respondió: “Se ligó a periodistas con empresas porque pertenecen a los consejos de administración”. Salida fácil y mentirosa. Cuando menos en el caso de Estrictamente Digital, S.C, no existe un consejo de administración, sino una Asamblea General de Socios, que es totalmente distinto. La forma como Cuevas empaqueta la discusión, llevando al error al presidente, es por cómo traza las comparaciones. Su alegato mentiroso, en mi caso, de que la publicidad fue para escribir cosas buenas del gobierno de Peña Nieto, se cae ante el menor análisis.

Lo que se difundió en la lista, cuyo contenido no negó el presidente, se refiere en mi caso y el de Eje Central, a convenios de publicidad. Pero existe un método para determinar si ello incide en las políticas editoriales de un periodista o de un medio. Lo relevante de la publicidad, a fin de comprobar si influyó en la cooptación de un periodista o de un medio, es analizar la línea editorial. Si no alteró la línea editorial, se puede concluir que la separación entre editorial y comercial se mantuvo inviolado; si es lo contrario, se puede alegar ilegitimidad en el mecanismo. En mi caso, con todo lo expuesto aquí comprobable porque está publicado, puedo afirmar que paso cualquier prueba de ácido. No es el caso del presidente ni de su vocero.

En la conferencia de prensa, López Obrador se congratuló de “lo que está sucediendo sobre la participación de la sociedad, de los medios, del gobierno y entre todos buscar nuevas opciones, nuevas alternativas de convivencia, en armonía, con libertad, sin autoritarismo, sin corrupción. Sería extraordinario abrir foros sobre este tema, porque sí estamos en un proceso de cambio, de transición y no sólo porque cambió el gobierno va a cambiar al régimen el actual gobierno, es un cambio de régimen. No sólo por eso. Se tiene que entender que es una nueva realidad y que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. No sólo por eso, sino por el avance de la tecnología”.

Una vez más, el presidente llegó tarde al debate, cuando menos en mi caso. En los archivos hemerográficos de la revista Este País, se puede consultar la columna “Debate Escondido”, que escribí durante los dos primeros años de su fundación. Es una columna sobre medios, donde se hablaba y mostraba la corrupción en la prensa, la falta de ética, y la necesidad de que hubiera un esquema de publicidad distinto, que no fuera discrecional, a partir de la premisa de que los medios, más allá de su estructura de propiedad, son entes de interés público por lo cual sí son sujetos legales y legítimos a la publicidad del gobierno. El presidente debería haber sabido que en mi caso, sus críticas son vacuas. Están mis textos desde los 80’s sobre medios en diferentes publicaciones.

Puede consultar los archivos de la Revista Mexicana de Comunicación, o una antología sobre medios y democracia que publiqué en el libro “La Prensa de los Jardines” en 2004. Mis textos sobre crítica a los medios se han publicado también en el extranjero, como en la revista Nieman Reports de la Universidad de Harvard, donde en un trabajo para la clase del profesor Samuel L. Huntington sobre Política y Gobierno, detallé la relación perversa entre el gobierno y los medios en México. Producto de aquel trabajo, contribuí con un ensayo en un libro editado por Will Orme, publicado por la Universidad de Miami en 1996, que se llamó “The Culture of Collusion”, de donde surgió el título de ese libro, “Culture of Clussion: Inside Look at the Mexican Press”.

El tema de un nuevo método de asignación presupuestaria para medios ha sido una preocupación y un interés que se remonta a más de un cuarto de siglo, mucho antes que el presidente entendiera la dialéctica de este tema. El modelo, expuesto en varios textos a lo largo de los años, se lo propuse al equipo de comunicación del presidente Felipe Calderón, sin encontrar eco para que lo aplicaran en beneficio del gobierno, de la transparencia de los medios, y el impacto positivo para la sociedad. Se lo expuse a Luis Videgaray y Aurelio Nuño durante la etapa de la transición, y desarrollaron el modelo que nunca se aplicó. Lo platiqué el año pasado durante la transición, con la secretaria de la Función Pública designada, Irma Eréndira Sandoval, que se mostró interesada, pero nunca más lo volvimos a platicar.

El tema que el presidente y su vocero han manoseado a partir de sus creencias e ignorancia, de sus dogmas y falta de conocimiento, es muy importante para que este momento de rispidez y confrontación tire por la borda la oportunidad. El estadista francés Georges Clemenceau dijo hace más de un siglo que “la guerra es un asunto demasiado serio para dejarla en manos de los militares”. Parafraseándolo, un nuevo modelo de comunicación es demasiado serio para dejárselo a su vocero. El presidente no es ingenuo. Tampoco lo manipulan. Juega a la propaganda con su enorme talento comunicacional. Pero en este caso se acerca al fuego. Sus linchamientos públicos, en el contexto actual, pueden causar violencia física. Su mandato y legitimidad, por lo contrario, pueden encauzar el barco a buen puerto. López Obrador no es un demócrata, y ha dado pruebas fehacientes de ello, pero tampoco lo era Frederik Willem de Klerk, y contribuyó a la democratización de Suráfrica. La oportunidad del presidente es contribuir a un mejor México, que es lo que dice querer, no a incendiarlo, como lo está logrando.