Ratifican resolución del INE: México Libre no será partido

24 de Diciembre de 2024

Ratifican resolución del INE: México Libre no será partido

El magistrado Vargas Valdez puso énfasis en las aportaciones no registradas por parte de la organización, argumentación que fue respaldada por 3 magistrados más

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó con cuatro votos a favor y tres en contra el proyecto del magistrado José Luis Vargas Valdez que proponía ratificar la resolución del INE y negar el registro como partido político a México Libre.

Durante su exposición, el magistrado puso especial énfasis en las aportaciones no registradas por el movimiento, cuyo monto asciende a poco más de un millón de pesos.

Recordó que según el acuerdo 38/2019, una vez detectada una aportación relevante superior a 240 mil pesos, se deberá investigar y verificar con las autoridades hacendarias, cuyo movimiento de dinero debe tener huella para poder ser rastreada.

Vargas Valdez detalló que son 50 las aportaciones no identificadas, 30 de ellas en febrero de 2020.

En conjunto suman un monto que asciende a un millón 061 mil pesos, cuyos depósitos fueron hechos a través de la aplicación CLIP, la cual no permite acceder a información sobre quien las realiza, por lo que el INE las calificó como “no identificadas”.

Las aportaciones, dijo el magistrado, se realizaron entre agosto de 2019 a febrero de 2020.

Señaló que en primera instancia en 3 aportaciones por 60 mil de agosto se omitió aportar la copia del cheque o comprobante de la aportación. Mismo caso ocurrió en septiembre de 2019 con una aportación por 9 mil pesos.

Siguieron las anomalías de febrero, con 30 aportaciones por 755 mil, 22 de ellas por CLIP.

El magistrado dijo que el partido fue alertado sobre las inconsistencias en la identificación de aportaciones, notificándoles hasta en cuatro ocasiones por la Unidad Técnica de Fiscalización.

El magistrado Infante consideró que debe ser el INE quien determine los que considere procedente, y valore si la conducta imposibilitó el proceso de fiscalización, y acusó que el órgano electoral no desplegó sus facultades de investigación.