Una tarde de julio de 2018, el hoy secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, reunió a catedráticos de primer nivel para escuchar una presentación. En los últimos cinco años acostumbraba hacer análisis económicos junto a exalumnos y excompañeros en un cubículo del Tec de Monterrey en Santa Fe. Ese día, Raquel Buenrostro —una de sus más brillantes alumnas y parte de su equipo desde la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México— sería la responsable de exponer el gasto que representaban los seguros de gastos médicos mayores para el gobierno federal.
Con detalle matemático, esa mujer bajita y de sonrisa fácil, se puso seria y comenzó a describir, igual que un teorema, la disparidad entre el precio de los medicamentos de patente que se pagaban en Pemex y los genéricos que pueden adquirirse en cualquier farmacia.
Sabía en qué celda, en qué hoja de su archivo Excel estaba la información que presentaba, y lo explicaba con tal vehemencia que quienes la escuchaban permanecieron atentos, casi sin parpadear. De pronto, usó ese tono de voz un poco grave que refuerza su seriedad y que permite adivinar que algo muy serio está por decir. Y así fue. Raquel cuestionó duramente que el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y Nacional Financiera (Nafin) tuvieran servicios médicos privados como prestación.
Completó su exposición con un comparativo por sexenio del gasto del Seguro Social y del ISSSTE, con el de todas las instituciones con servicio de salud privado. Fue un ejercicio analítico meramente demostrativo que no sería publicado ni formaría parte de algún proyecto, pero el trabajo presentado por Buenrostro sembró una duda en la mente de Carlos Urzúa.
Terminada la reunión, cuando todos guardaban sus computadoras y comentaban sobre la posibilidad de que lloviera o rogaban porque el tráfico vehicular no fuera pesado, Urzúa se levantó y le lanzó una pregunta a bocajarro:
—¿Qué harías, Raquel, si fueras funcionaria pública?
—Concentrar todas las compras en un solo lugar —respondió la mujer con esa suelta contundencia que la caracteriza.
Esa propuesta se tradujo en un hecho. El 30 de noviembre 2018, el último día de gobierno de Enrique Peña Nieto, se publicó un decreto para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública y con ello crear las unidades de administración y finanzas que sustituyeron a las oficialías mayores, salvo las de las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y la de Hacienda y Crédito Público. Ese día se dio forma a la idea de Raquel Buenrostro: su oficialía concentraría las compras de todo el gobierno federal.
Después de esa reunión el equipo que integró Urzúa con los llamados “colmecas” —que son todos esos amigos, entre profesores y alumnos, que se conocieron en la maestría de Economía de El Colegio de México—, conformó lo que sería el sector hacendario del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, comenzaron a trabajar en lo que sería el adelgazamiento de la administración pública y la reingeniería de las compras, tarea que le tocó a Raquel.
La propuesta que ella presentó al grupo, a partir de una serie de fórmulas, fue el generar ahorros de 30% en el gasto que en 2019 se destine a adquisiciones de bienes y servicios. Los documentos que acuciosamente revisó Buenrostro mostraban una coladera, el andamiaje perfecto para perder dinero en la administración pública. Encontró, por ejemplo, que el gobierno federal tenía dos mil puntos de compra, lo cual multiplica las probabilidades de que se presenten hechos de corrupción.
El segundo paso de la estrategia impulsada por Raquel llegó en enero de 2019, con tan sólo tres semanas de haber sido designada oficial mayor de Hacienda. Se anunciaba la terminación de los seguros de gastos médicos mayores para todas las secretarías, órganos administrativos desconcentrados, entidades y organismos autónomos. Ahora el servicio de salud para todos los burócratas se otorgará en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
El diagnóstico de la oficial mayor otra vez era muy acertado; primero lo vio en documentos oficiales y después lo comprobó en los archivos de la secretaría. A su llegada al gobierno federal, halló puestos duplicados, facturas falsas, servicios no prestados y adeudos desde hace seis años, que el gobierno de López Obrador tendrá que pagar.
Igual que lo hicieron 18 años atrás en el gobierno de la Ciudad de México al llegar a la Secretaría de Finanzas, el equipo de Urzúa solicitó varias auditorías para comenzar a conocer las entrañas de la dependencia. Una de ellas, la 04/2019 que implementó la Secretaría de la Función Pública, mostró un deficiente control en áreas específicas: en el inventario de plazas de la Dirección General de Recursos Humanos; en el personal contratado por honorarios, en la verificación de la prestación de los servicios y en la liberación de los pagos a dichos trabajadores, y en general de la nómina ante una falta de guía técnica; así como retraso en la aplicación de descuentos por faltas de asistencia. Estas revisiones, rápidamente le estaban dando la razón a Buenrostro, había que apretar en los procesos internos para las contrataciones.
En realidad no fue fortuito que Raquel Buenrostro fuera designada oficial mayor de Hacienda. Su trabajo es considerado piedra angular de la 4T. Se necesitaba una persona inteligente, que conociera el funcionamiento de la administración y que fuera honesta, pero también respetada, con carácter y visión de largo alcance, porque prácticamente desde su oficina se hará posible el nuevo andamiaje de la administración pública federal.
Y Raquel tiene prisa de lograr el cambio, lo ha asumido como su cruzada personal. A sólo cinco meses de gestión, por ejemplo, se tienen iniciadas 76 investigaciones en materia administrativa en la Secretaría de Hacienda por daño patrimonial.
Control, la fórmula
Eran los primeros días de diciembre de 2018, Buenrostro ya sabía cuál era su oficina en Palacio Nacional, y simplemente se acomodó y formalizó la presentación con el equipo que la esperaba, y con el que ya había interactuado durante la transición. Saludó a todos muy amablemente y agradeció sus atenciones. Todos los presentes habían escuchado hablar de ella, la habían tratado poco y ya la respetaban, aunque también le temían por su fama de ser una mujer dura.
Horas después todos en la Oficialía Mayor se enteraron de que a partir de ese momento y una vez que se terminara en la bodega el café, ya no se compraría más, tampoco botellas de agua, galletas o tés. Podrían hacer coperacha y llevar esos insumos entre todos a la oficina, pero ya no sería a cuenta del erario. Fue su primer sello ya en el cargo.
Otro de los anuncios que llegaron pronto es que cada lunes, a las ocho de la mañana, todos los directores de administración y finanzas de las dependencias federales debían acudir a su sala de juntas, porque evaluarían el trabajo y sus resultados.
Las reuniones son conocidas porque no hay café ni galletas. Lo que importa es entregar resultados. Uno de esos primeros lunes varios de los programas sociales anunciados por López Obrador aún no cobraban forma. Los directores de finanzas apenas estaban terminando los proyectos y planeaban mostrárselos, pero sin antes haberse reunido con quienes los implementarían para confirmar que cumplían con las necesidades, lo que molestó a la oficial mayor y pronto entendió que había renuencia en coordinarse y resolver, entonces lo dejó claro, con ese tono de voz seco y con ese rostro serio que impone: no debía pasar de nuevo.
Raquel Buenrostro es fanática del orden y el ahorro, y en la Oficialía Mayor ambas son virtudes, porque la tarea es enorme. Hasta abril pasado las adquisiciones realizadas por el gobierno federal y entidades federativas suman 49 mil 593 órdenes de compra, por un monto de 165 mil 230 millones de pesos, según los datos de CompraNet.
Sin tregua
Sus oficios suelen causar temor. Justo el pasado 30 de abril se filtró uno de ellos, en el que, por instrucción presidencial, ordenó separar de su cargo a toda aquella persona que haya sido contratada a partir del 1 de diciembre de 2018, ya sea en alguna plaza permanente, eventual o de honorarios en cualquier delegación u oficina de representación de las dependencias y entidades de la administración pública.
Esta no ha sido la única medida. Se cancelaron todos los parques vehiculares no justificados, dejando para el servicio de las dependencias una cantidad básica y el resto serán vendidos. Todavía no se puede comprar equipo de cómputo y los boletos de viaje los limitó a determinados cargos y responsabilidades, y deben ser de lo más económico. Y los directores de finanzas, después de diseñar un primer bosquejo con los secretarios y subsecretarios, se reunieron con Buenrostro para eliminar subsecretarías, direcciones, jefaturas de departamento y personal complementario; es decir, pasar la guillotina a cada una de las dependencias federales. Lo que a decir de la propia Raquel se debe a la duplicidad de puestos que encontraron; tan sólo en la Secretaría de Hacienda se han registrado mil 737 bajas entre trabajadores de confianza y por honorarios.
A esto se suma, el escenario difícil que enfrenta ante la centralización de las compras, porque algunas se han detenido por la falta de documentación o por el análisis que ha requerido la adquisición. Esto ha provocado retrasos, algunos muy serios, como la entrega de antirretrovirales, medicamentos necesarios para atenderse del VIH-SIDA, pero en este, como en otras operaciones, encontraron en el pasado sobreprecios y material ilocalizable, y para impedir que se repitan las decisiones en algunos casos se ha demorado.
No da tregua, nunca lo ha hecho. Para ella, aseguran excolaboradores, es recuperar la salud de las finanzas públicas eliminando el burocratismo y devolviéndole a la función pública su objetivo de servir. En el 2000, por ejemplo, el entonces gobierno del Distrito Federal contrató un despacho para certificar las cifras que presentaba el gobierno capitalino en torno a la recaudación de agua y predial. A pesar de que el trabajo requería premura, el tercero contratado no cumplía con los tiempos acordados. “Recuerdo que Raquel era bastante, bastante enérgica, pero es entendible, porque eso iba a repercutir en una situación de falta de recursos para la ciudad. Cuando Raquel se centra en los resultados es muy estricta en que se logren”, rememora una persona que presenció esas áridas reuniones.
Así como entonces, hoy tiene que hacer rendir los recursos del erario, y más ahora que según las cifras más recientes, a marzo, la recaudación del ISR e IVA llevan un rezago de poco menos de seis mil 400 millones de pesos entre lo cobrado y lo programado.
Una risa que se escucha a lo lejos
Raquel Buenrostro Sánchez siempre ha sido dura, pero nunca injusta. Es bromista y su carcajada se puede escuchar a varios metros de distancia. No grita, es respetuosa y aunque defiende lo que cree, escucha y es capaz de matizar o hasta cambiar de opinión.
Así la describen desde que era estudiante en la Universidad Autónoma de México, donde estudió matemáticas y se graduó con el más alto promedio de la Facultad de Ciencias, por lo que recibió la medalla Gabino Barreda. Lo mismo que sus compañeros de la maestría de Economía en el Colegio de México (Colmex), en donde su amigos descubrieron que su mejor forma de expresarse y explicar la realidad era a través de fórmulas matemáticas. “Todo para ella era un teorema”, relató un amigo.
A sus compañeros les explicaba fórmulas matemáticas y ellos le traducían la economía. Se convirtió en un grupo de amigos, eran menos de 20, con posturas diversas. Algunos alumnos procedían de escuelas donde se enseñaba marxismo como única solución a los problemas económicos y otros venían del ITAM donde se encubaron las ideas económicas neoliberales. Para esa época el Colmex resultó ser un receptáculo donde se mezclaron diversas corrientes ideológicas, pero el neokeynesianismo resultó la corriente que ganó y que pugnaba por una intervención moderada del Estado en la economía.
En 1993, Raquel se encontró en una disyuntiva, salir de casa para estar lo más cerca posible del Colmex o seguir en esos largos recorridos al norte de la ciudad donde estaba la casa de sus padres y vivía con sus dos hermanos. No fue una decisión fácil; sin embargo, Buenrostro acabó por mudarse a un austero departamento en Santa Úrsula Coapa.
De vez en cuando salía a distraerse. Entre tareas buscaba la oportunidad para ir dos o tres veces por semana a ver las películas que se proyectaban en el Auditorio Che Guevera. Al final se graduó en la maestría con el trabajo Comportamiento del tipo de cambio dentro de una banda: análisis de los efectos debidos a la intervención
intramarginal del Banco Central en la que fue asesorada por el doctor José Ángel Calderón Madrid y que alcanzó un 9.0 de promedio. En ese momento México apenas salía de la crisis de 1994-95, que se dio durante la transición de los expresidentes priistas Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, que dejó como saldo un peso mexicano devaluado y un debate sobre si el tipo de cambio debía ser fijo.
Los colmecas al gobierno
Comenzó en 1996 como funcionaria en Pemex, pero el cargo que marcó su ruta se lo dio su profesor de Microeconomía y Econometría en la maestría Carlos Urzúa Macías, actual secretario de Hacienda y quien en 2000 fue llamado a ser el secretario de Finanzas de Andrés Manuel López Obrador en la jefatura de Gobierno capitalino.
También llamó en ese entonces a Victoria Rodríguez, actual subsecretaria de Egresos, a Gerardo Esquivel, ahora subgobernador del Banco de México y a Arturo Herrera, actual subsecretario de Hacienda, entre otros.
Una vez nombrada directora de Política Fiscal del Gobierno capitalino, Raquel Buenrostro entabló mancuerna con Óscar Rosado, entonces Tesorero del Distrito Federal, y quien actualmente se desempeña como titular de la Condusef. Su deber en la dirección era diseñar los impuestos y que los ingresos de la ciudad crecieran. “Rosado no era muy técnico, entonces se apoyaba en Raquel porque tenía una formación matemática mucho más sólida. Ella hacía la parte de los números, entonces por eso se le tenía mucha confianza”, contó una fuente consultada por este semanario.
Al menos de 2001 a 2006, los ingresos locales pasaron de 61 mil 138 millones de pesos a 69 mil 632 millones, pero el impuesto que levantó más voces fue la modificación en el cálculo del predial, la implementación del llamado “factor diez”, que fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que de 2001 a 2006 tuvo una caída en su recaudación de 12 mil 421 millones de pesos a 10 mil 807 millones. Lo cual llevó a que el secretario de Finanzas capitalino, Mario Delgado, ya en la gestión de Marcelo Ebrard, recalculara el impuesto y eliminara la sobreestimación que causaba el factor 10 en el valor de los inmuebles. Con esta acción se mitigó la protesta de los residentes de casonas de Polanco, Las Lomas y del Pedregal que de un día a otro pagaron hasta 50 mil pesos de impuesto.
En los seis años en los que se desempeñó como directora de Política Fiscal de la Secretaría de Finanzas, Buenrostro Sánchez prefería pasar desapercibida cuando se trataba de ir a presentarse a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La orden era no presentarla y acomodarla en los lugares donde se sentaban los asesores. Aborrecía los reflectores.
Esa, cuentan personas que han estado en la primera línea, es una de las características del equipo que conformó Carlos Urzúa desde el 2000. A ellos no les importa el protagonismo político sino la habilidad para resolver problemáticas de la función pública.
Para 2004, Arturo Herrera fue designado secretario de Finanzas y formó una buena mancuerna con Raquel Buenrostro, al menos los números así lo muestran, ya que salvo el predial, los ingresos locales, los ingresos locales tributarios y los ingresos por impuesto sobre nómina registraron un comportamiento al alza.
Alguna vez en el gobierno capitalino, cuando entre algunos amigos colmecas bromeaban, el tema de su austeridad formó parte de la charla, ella respondió con una sonrisa ligera “hay que predicar con el ejemplo”. No les quedó duda que entonces ya hablaba muy en serio, porque luego añadió “el trabajo es una escuela y se debe ayudar a formar a la gente”.
