Los pronósticos de violencia política para las elecciones de este domingo no son alentadores. En medio de una creciente violencia homicida en el país, que alcanzó un nuevo pico al cierre de mayo, como el mes con más asesinatos en lo que va del año, junto con la herencia en la falta de combate a la inseguridad que dejan los gobiernos salientes serán verdaderos retos para quienes los releven.
Pero será muy pronto cuando se pueda probar la frágil situación que existe en los seis estados en los que habrá elecciones. La consultora especializada en análisis de riesgos, Etellekt, ha lanzado ya una advertencia sobre posibles hechos de violencia que pueden ir desde actos de intimidación, amenazas, secuestros y hasta ataques armados por la probable intromisión del crimen organizado en los comicios en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.
Y al mismo tiempo, los datos estadísticos demuestran cómo pende de alfileres la seguridad en esas zonas, porque los hechos de violencia se han incrementado drásticamente. ejecentral revisó las estadísticas delictivas que recopila el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, comparando el primer año de los gobernadores de esos seis estados con el último, para ver cómo se comportó la incidencia delictiva en el caso de homicidios, violencia familiar y delitos patrimoniales como la extorsión y diversas modalidades de robo.
Las conclusiones de esa comparativa son reveladores. Por ejemplo, de 2017 a 2021 en Aguascalientes y Durango se registraron incrementos en la tasa de víctimas por cada 100 mil personas en los delitos de feminicidio y secuestro; y un alza en el número de víctimas de extorsión en el caso de Durango.
En el mismo periodo de comparación también subieron las tasas de víctimas de homicidio doloso y secuestro en Hidalgo; la de extorsiones en Oaxaca y en Quintana Roo la incidencia de homicidios y feminicidios.
En Tamaulipas hubo un repunte en la incidencia de los delitos de violencia familiar, aunque este es un delito que se disparó en las seis entidades con elecciones y prácticamente en todo el país.
Pero la violenta disputa criminal que persiste en diversas regiones del país también se hace presente en estas entidades, pues como en el caso de Tamaulipas, donde a cuatro días de los comicios se reforzó el despliegue de fuerzas militares para prevenir hechos delictivos y la probable intromisión de la delincuencia organizada en las votaciones, como agencias de seguridad de Estados Unidos lo han puesto en la mesa, y que ejecentral documentó en el reportaje “Tamaulipas, una narcoelección”, publicado el 21 de mayo pasado.
Cuentas pendientes
De acuerdo con las estadísticas delictivas prácticamente ninguno de los seis estados donde se renovarán gubernaturas está exento de incrementos en la incidencia de delitos. Es clara también la falta de control en cuanto al índice de homicidios dolosos derivado del choque de grupos delictivos.
El problema es que los candidatos por los que se votará este domingo, en estos meses de campaña tampoco expusieron cuál era su diagnóstico a fondo sobre la situación de inseguridad, más bien le sacaron la vuelta al tema, y mucho menos ofrecieron las propuestas para atenderla, salvo en discursos políticos. Esto incluso en los candidatos que se muestran como punteros en la contienda, la mayoría de Morena.
El Observatorio Nacional Ciudadano esta semana presentó los resultados de su proyecto “Por un México Seguro”, en el que evidenció que sólo cuatro de los 27 candidatos y candidatas a gobernar en esos seis estados, equivalente al 14% de los aspirantes, dio a conocer sus propuestas en materia de seguridad, procuración de justicia y fortalecimiento de sus policías como parte de sus estrategias para gobernar.
Este ejercicio invitaba a los candidatos y candidatas a entregar su análisis sobre la situación de inseguridad de cada una de sus entidades; así como sus propuestas concretas para atender este fenómeno. Estos documentos serían revisados por especialistas.
Tan escasa fue la participación de los candidatos y candidatas en ese ejercicio de transparencia y propuestas de dicha organización que, un caso extremo ocurrió en Hidalgo y Aguascalientes, en donde ninguno de los que aspira a gobernar esas entidades ni siquiera les interesó.
Esto pese a que en la entidad gobernada por Omar Fayad Meneses la incidencia delictiva general al corte del primer cuatrimestre de este 2022 superó en más de 34% al mismo periodo de 2021, y se mantiene a la cabeza como la entidad con la mayor incidencia de robo de hidrocarburos, al concentrar más del 43% de las tomas ilegales registradas en el país el año pasado.
Mientras que, en el caso de la entidad gobernada por Martín Orozco Sandoval, donde tampoco ningún candidato transparentó sus propuestas en materia de seguridad, además de ubicarse al cierre de 2021 como el segundo estado con la tasa más alta de robos a casa habitación, superando en más de un 243% a la tasa nacional de ese ilícito. Además, un alza en la incidencia de feminicidios, que después de no tener registro de víctimas de 2015 a 2017, a partir de 2018 y hasta abril de este año ya suman 23 las mujeres asesinadas.
“Las elecciones del domingo son importantes, quienes gobiernan nuestras entidades, quien gobierna nuestro país es relevante, y ante la peor crisis de violencia que tenemos no nos queda más que hacer presente que los ciudadanos tenemos la posibilidad de incidir y que lo que ellos (los candidatos) prometen se tiene que cumplir en hechos”, señaló Francisco Rivas, director general del Observatorio.
Aunque reconoció que hubo una alta disposición de contendientes a los gobiernos locales, y entregaron la información completa como el caso de Esteban Villegas y Patricia Flores, que contienden por la gubernatura de Durango, así como el candidato en Tamaulipas, César Verástegui, el activista señaló que la mayoría de los candidatos “no presentaron datos confiables sobre el diagnóstico de seguridad de la entidad federativa” que pretenden gobernar.
Crisis a la vista
Una de las entidades con los problemas de inseguridad y violencia que más se agudizaron durante las administraciones que están llegando a su fin, resulta la de Quintana Roo, gobernada por el perredista Carlos Joaquín González, donde el índice de homicidios dolosos y feminicidios pasó de unas tasas de víctimas por cada 100 mil personas de 22.36 y 0.50 en 2017, a una 36.96 en el caso de homicidios y de 2.87 en las víctimas de feminicidio al cierre de 2021.
Además de la alta violencia homicida que persiste en el estado, en abril pasado Quintana Roo se ubicó como la tercera entidad, sólo por debajo de Colima y Baja California, con el mayor número de delitos por cada 100 mil habitantes, al registrar una tasa de 232.9; seguida por el caso de Aguascalientes con una tasa delictiva de 224.7. Además de incrementos en la incidencia de delitos como robo de auto y robo a transeúnte.
Otro de los estados donde también repuntaron delitos patrimoniales como las extorsiones, robos a negocio y robo a transeúntes es Oaxaca, donde se concentraron el 51% de las agresiones contra políticos en el actual contexto electoral, aunque sólo tres de las 43 agresiones fueron en contra de precandidatos y candidatos de este proceso.
Fue Quintana Roo la entidad donde más agresiones de candidatos se registraron entre septiembre de 2021 y mayo de este año, según los datos de Etellekt.
“Durante mayo, en pleno periodo de campañas, la incidencia de agresiones a políticos y candidatos ha mostrado un comportamiento ascendente de 114% con respecto al mes de abril, tras el arranque del periodo de campañas. Este repunte es similar al observado en el proceso electoral de 2021”, subrayó la consultora en su reciente informe.
Y es que si bien en casos como el de Tamaulipas, donde las cifras oficiales no muestran incrementos considerables en la incidencia de delitos de alto impacto en el estado, no obstante, sí se registran un crecimiento en delitos como el de violencia familiar, así como delitos derivados de los enfrentamientos que mantienen grupos criminales.
La forma en que se refleja en Tamaulipas la violencia es con un alto número de denuncias de asaltos, secuestros e incluso desapariciones ocurridos en carreteras de la entidad, pero donde suele haber una alta cifra negra (delitos no denunciados) ante el temor a represalias.
“Son tres estados donde debemos extremar precauciones y vigilancia, tanto el INE como los órganos de seguridad y vigilancia, en estos estados del país”, advirtió el lunes de esta semana el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el morenista Ricardo Monreal, al considerar a Tamaulipas, junto con Aguascalientes y Durango como los principales “focos rojos” en vísperas de las votaciones.
Precisamente en Tamaulipas, donde la disputa territorial que protagonizan al menos seis organizaciones criminales, entre ellas la de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y del Noreste (una escisión de Los Zetas cuya detención de su líder, Juan Gerardo Treviño “El Huevo”, ocurrida a mediados de marzo pasado, desató una ola de hechos violentos en Nuevo Laredo que implicaron un mayor despliegue de fuerzas federales), y que ahora de cara a las elecciones del domingo se redobló con el arribo de al menos 200 efectivos del Ejército para patrullar particularmente esa ciudad fronteriza.
Pese a ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en vísperas de la elección “hay tranquilidad” en el país, y aunque dijo que “no hay ningún indicio de violencia”, reiteró que los elementos de la Guardia Nacional serán desplegados para estar al pendiente “en todos lados para darle protección a los ciudadanos”.
